sábado, 14 de agosto de 2021

Los argumentos de Inés Sabanés son cristalinos. La impunidad de las eléctricas, además de una desvergüenza, es tan insostenible como la contaminación, el plástico, la deshumanización y el capitalismo suicida que están dejando el planeta en las últimas

Dominio público

El fin de la impunidad de las eléctricas

Inés Sabanés Nadal

Diputada Más País - Verdes Equo

 
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Vista de una estación eléctrica, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Vista de una estación eléctrica, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La actual regulación eléctrica blinda los beneficios de las grandes empresas eléctricas mientras penaliza a los usuarios o, lo que es lo mismo, favorece los intereses especulativos privados frente al interés público. Si a alguien le quedaban algunas dudas, los últimos meses las han despejado con toda crudeza

Todos estos años, desde que se renunció al criterio de servicio público para un sector esencial, se ha mantenido la regulación a la carta para el oligopolio eléctrico, con el agravante de complicidad, a través de las puertas giratorias. Políticos importantes del bipartidismo han acabado en los consejos de administración, en un entramado que no ha hecho más que aumentar su poder e impunidad. Parece evidente que una de las primeras y urgentes medidas que habría que tomar es impedir las puertas giratorias por ley.

En plena crisis, y mientras se afrontaban graves dificultades como país, estas empresas han conseguido más de 5.000 millones de beneficios en 2021. Es, sencillamente, una gran vergüenza.

En ningún momento han arrimado el hombro para aliviar la situación, todo lo contrario. El oligopolio Endesa, Iberdrola, Naturgy ha cobrado toda la electricidad al precio de la más cara o, recientemente, hemos visto a Iberdrola desembalsando y esquilmando el agua, para especular con el precio de la energía de la explotación de la central hidráulica de Zamora.

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Es lógico pensar que detrás de todo ello existen, además de los evidentes motivos económicos, motivos políticos. Es demasiada obvia la coincidencia de los desmadres en la subida de la luz, con la estrategia de la derecha, que ha defendido en todo momento los obscenos abusos de las eléctricas. Todo se ha acelerado después de los anuncios de la regulación del fondo de sostenibilidad o de la eliminación de los beneficios caídos del cielo, que tanto han molestado a las grandes compañías.

Todo lo dicho no elude la responsabilidad del actual gobierno. El fondo de sostenibilidad o la eliminación de los beneficios caídos del cielo son medidas absolutamente imprescindibles para avanzar cambios estructurales, pero su tramitación llega muy tarde y le queda demasiado tiempo. Es imprescindible acelerarla.

También es vital recuperar la gestión de las centrales hidroeléctricas, según van venciendo, y garantizar que jueguen un papel clave en la transición energética, así como el retorno o participación los beneficios de los municipios y territorios afectados.

Pero la fórmula para la recuperación de la gestión pública no puede ser un proceso de recentralización al margen de los territorios. Esta reversión tiene que contribuir a reducir los costes (y emisiones) con participación y gestión directa de la administración más cercana. Es importante el rescate público de la gestión hidroeléctricas, pero a fecha de hoy y hasta 2030, desgraciadamente, tiene una incidencia menor, a efectos de las tarifas.

Lo que sí repercutiría en las tarifas a corto plazo sería recuperar los dominios de las redes de distribución, para democratizar la energía, integrar rápidamente el despliegue del autoconsumo o las comunidades energéticas locales. Esto permitiría rebajar, paulatinamente, los elevados costes de transporte y distribución.

Es urgente que el Gobierno de coalición aclare sus propuestas, hoja de ruta y previsiones. Lanzar medidas aparentemente contradictorias o discrepantes ayuda muy poco a esta crisis. La gente necesita valentía para parar los desmadres del oligopolio, una regulación precisa que emita una clara señal de final de su impunidad. Frente a las actuaciones especulativas, el Gobierno debe proteger el interés común y los derechos de la ciudadanía. 

 

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Comentario del blogg

Estamos hasta los pelos de tantos miramientos del gobierno con los abusos y empresas abusadoras y de tan poca ética en la responsabilidad y tembleque al exigir derechos y  deberes. Un gobierno justo y progresista ni puede ni debe estar a las bajuras del pp y de vox. Socialismo equivale a trabajo y dedicación total al bien común, no apaños, remiendos imposibles, apego ansioso al poder y andar mirando para otro lado buscando votos para vivir del cuento. 

Esta situación  es una trampa de la derecha empresarial para hacer caer al gobierno de coalición que les fastidia el chollo populista, -populismo no es que el pueblo gobierne, eso es democracia, sino manipular emocionalmente al pueblo  para engañarlo lo mejor posible para forrarse con asuntos como el de las eléctricas, por ejemplo, legalizando y legitimando el trinke y teniendo a la justicia bajo control-; pero la forma de hacer fracasar y caer este gobierno no  es  porque nacionalice la gestión de las energías, como es su obligación para evitar la piratería corrupta del negocio sin conciencia con la ruina de las economías más vulnerables, que son mayoría,sino, justamente, que no lo haga, ejerciendo el derecho y la responsabilidad que le conciernen. Porque entonces, sus socios y apoyos parlamentarios le abandonarían y casi nadie volvería a votar a una izquierda que no lo es, Los votantes decentes, decepcionados por una izquierda sin fundamentos éticos se abstendrían y entonces ganarían las derechonas, porque sus votantes nunca son mayoría, pero nunca se abstienen. Han sustituído la inteligencia y la decencia que desconocen por la emocionalidad de sus tripas y fijaciones manipuladas por la herencia franquista, con el terraceo facilón de lo castizo que arruina mientras lava el cerebro, se carga la justicia y el bien común y así no hay manera de que España salga del eterno agujero negro en el que vegeta desde hace siglos 😰 😱


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