Debe ser por eso, por lo que desde hace tres años, más o menos, me siento incapaz de pasear por la playa y mucho menos bañarme y eso que Valencia tiene una costa de lo más generoso en playas disponibles. Pero la sola visión de ese horizonte rebosante de cadáveres de todas las edades, y millones de vidas destroncadas por la crueldad ,la avaricia y el etnocentrismo financiero-político, hipócrita y beato-genocida, me impide disfrutar del baño y del paisaje. Al contrario, me da naúseas. Y como no soy masoca, paso de mi triste y encenagado Mediterráneo, al que ya no reconozco como el otrora vínculo fraterno de culturas en el que en otro tiempo me encantaba sumergirme y contemplar agradecida. Menos mal que soy vegetariana...

ENTREVISTA | Javier Gallego 'Crudo'

"La fosa común que es el Mediterráneo le resuelve a Europa un problema invisibilizado"

Los hermanos Javier y Juan Gallego, periodista y dibujante, acaban de publicar un cómic sobre naufragios en el Mediterráneo titulado Como si nunca hubieran sido
"Hacen falta obras que recuerden la dureza; no estamos hablando de un posado en Instagram", defiende Javier Gallego Crudo
"Las personas que se ahogan son devoradas por los peces, peces que nosotros después pescamos y nos comemos. De alguna manera es una metáfora de lo que realmente pasa", reivindican los dos hermanos

Cristina Armunia Berges

28/11/2018 -eldiario.es

Juan y Javier Gallego, durante la entrevista con eldiario.es PATRICIA GARCINUÑO

más INFO

• Las muertes de migrantes en el Mediterráneo Central aumentan un 21% desde el cierre de los puertos italianos
• ETIQUETAS: Crisis de refugiados, migraciones, Mediterráneo

"Se hunden sus cuerpos como un diluvio en el agua, en el ácido mar que deshace sus huesos, sin dejar rastro ni restos. Como si nada sucediera. Como si nunca hubieran sido. Como si no fueran nadie". Así comienza el poema que Javier Gallego 'Crudo' escribió sobre los naufragios que día sí, y día también, se producen en el Mediterráneo dejando miles de muertos.

El escrito se hizo viral, apareció publicado en un libro anterior ( El grito en el cielo, 2017) y ahora se ha convertido en una novela gráfica oscura, que emociona y desgarra a partes iguales: Como si nunca hubieran sido (Reservoir Books). ¿Se puede hacer algo bello relatando algo tan horrible? "Sí", dicen al unísono Javier y Juan Gallego, hermanos y pareja creativa en este proyecto al que el primero pone letra y el segundo ilustraciones. "Esto es una obra de denuncia y de visibilización de un conflicto que tenemos en nuestras costas", explica Javier casi al comienzo de la entrevista.

¿Cómo surge la idea de esta novela gráfica?

Javier: Surge de las ganas de dos hermanos 'comiqueros' de hacer un cómic juntos. Hacía tiempo que me venía pidiendo un guion para ponerle imágenes y, mientras yo trabajaba en ese guion, que ya está terminado, él cogió un poema mío publicado en el libro anterior y me dijo que iba a hacer una pequeña historia para Por Causa.

Yo vi que aquello podría tener más recorrido porque es un poema muy largo y además pensé que tendría muchas más salidas y difusión si hacíamos una historia contando todo el trayecto. Desde que salen de las costas de África, fundamentalmente.

Juan: Le mandé tres páginas. Como me gustaba lo que estaba saliendo, se lo enseñé. Enseguida me respondió diciendo que lo teníamos que hacer largo. Nada de diez o doce páginas.

Javier: Había que hacer toda la historia porque si no, hubiera quedado muy resumido, sin llegar a apreciar la odisea que pasan las personas que intentan llegar aquí en patera.

Hablar y dibujar de gente que muere ahogada en el mar huyendo del hambre o de las guerras requiere de una gran sensibilidad. ¿Ha sido complicado hacer los equilibrios necesarios entre sensibilidad y crudeza?

Juan: Están muriendo miles de personas y la gente solo ve números. En ese sentido, había que meter un poco de caña. Evidentemente desde el respeto, pero este punto no me generó mucha preocupación. Sí que había ciertas imágenes que a mí me daba cierto pudor usar. Por ejemplo, la de Aylan la quería evitar a toda costa. Me parecía un topicazo, me cuesta muchísimo verla porque tengo hijas pequeñas y se me encoge el corazón. Salvando este tipo de imágenes, sí que quería que hubiera imágenes dramáticas.

Javier: Esto es una obra de denuncia y de visibilización de un conflicto que tenemos en nuestras costas y que hemos invisibilizado.

Juan: Lo hemos convertido en números. Y ese es el problema. Es como... 'se han ahogado mil', como si no fueran nada.

Javier: Como si no existieran. De hecho el poema surge de un titular que, como periodistas, sabemos que no es un titular: "Podrían haber muerto...". Un titular es la afirmación de un hecho y de un hecho contrastado. Aquí ni se sabe si han muerto. Es tal el desconocimiento. Hemos publicado la lista que se va actualizando día a día de  las desapariciones que hay en el Mediterráneo en el tiempo más o menos en el que se ha hecho el libro y muchas de las personas no se sabe si han muerto.

Javier Gallego 'Crudo' escribió un poema al que su hermano Juan ha puesto imágenes en forma de cómic lírico PATRICIA GARCINUÑO

¿Cómo se puede interpretar la fría imagen de un grupo de turistas mirando con los brazos en jarra cuerpos de migrantes que el mar ha llevado a la arena?

Javier: Esa si que es una de las imágenes que hemos visto en prensa y que hemos reproducido.

Juan: ¿Cómo digerimos eso? Yo no soy capaz.

Javier: Yo creo que porque no les vemos como personas. No les vemos como nosotros y, de hecho, este cómic lo que intenta en sus páginas finales, con los rostros de los desaparecidos, es intentar decir que somos nosotros, que podríamos ser nosotros. En este país y en muchos países que nos rodean muchas personas han tenido que marcharse a buscar una vida mejor, huyendo de una guerra, de la miseria o de la violencia. Y el problema es que cuando vemos esos cuerpos ahí tendidos no los vemos como personas porque los hemos vaciado de contenido.

Ilustración del cómic 'Como si nunca hubieran sido' que pretende mostrar que cualquiera podría ser una víctima en el Mediterráneo

Hace menos de una semana, un hombre me abordó en la plaza de Lavapiés para decirme que los refugiados en su mayoría eran delincuentes. ¿Hay algo que hacer con estas personas?

Javier: Lo que hay que hacer es mucha información, información veraz, y mucha pedagogía. La información veraz dice que la cifra de personas que llega por mar en estas condiciones a Europa muy baja. Es una cifra absolutamente despreciable que no se corresponde con esos titulares de invasión, llegada masiva... eso es incierto. De hecho, muchos de los que lo intentan no llegan y muchos llegan en barcas muy pequeñas.

Aun así, Europa tiene capacidad para asumir eso y más. Nuestros países han avanzado gracias a la inmigración igual que ocurre en grandes potencias como EEUU. Lo que pasa es que hay un discurso xenófobo que se sustenta y crece gracias a agitar discursos racistas y nacionalistas. Estamos además en un momento de resurgimiento de los fascismos que se apoya en la idea de que el que viene de fuera os va a quitar lo poco que tenéis. Y no es cierto. A veces los que vienen de fuera han conseguido que las economías florezcan.

Pero es que además no es un problema numérico real. Hacemos obras como esta y existen medios de comunicación que intentan desactivar ese mensaje. Es difícil porque esos mensajes xenófobos apelan a los instintos más básicos.

En este cómic, se relata la salida y el naufragio de una patera en alta mar, se puede ver también el trabajo de los equipos de rescate. No se tocan temas como el de los gobiernos europeos o el de los CIE. ¿En qué está fallando Europa y por qué no se podría expresar en un poema?

Javier: Haría falta quizá un ensayo más que un poema. Aunque bueno, los poemas pueden ser ensayos y hay poemas manifiesto. Y este cómic lo que intenta es movilizar a las sociedades para que sean las que reclamen a sus gobiernos una reacción. Lo que le pasa a Europa es que el Mediterráneo le está resolviendo un problema, es una fosa común de la que no tiene que preocuparse y además está invisibilizada, no aparece en los medios. No tiene la presión social que solo sucede cuando aparecen imágenes como la de Aylan que escandalizan hasta tal punto que, por fin, la sociedad despierta.

Tres euros de cada libro vendido irán a parar a Médicos sin Fronteras. ¿Qué sería de los migrantes sin el trabajo de las ONG?

Juan: Pues ya todo es un desastre con ellos, pues ya sin ellos no me lo quiero imaginar.

Javier: El número de muertes aumentaría.

Juan: El problema es que están haciendo el trabajo de los gobiernos. El trabajo que corresponde a los gobiernos lo están haciendo las ONG e incluso a veces entidades medio privadas. Y eso es una vergüenza.

Juan Gallego, en un momento de la entrevista PATRICIA GARCINUÑO

¿Se podría haber dibujado esta historia en color en vez de en blanco y negro?

Juan: Puede ser, pero yo quería la aspereza que da el gris. El gris es consciente y pensé que me iba a dar una dureza en las imágenes que el color igual suavizaba un poco.

Javier: Yo ahora ya no me lo podría imaginar a color. Una reflexión que se me ha ocurrido en torno a esto es que, a veces, es difícil hacer en torno a la miseria o sobre algo horrible algo bello, que es lo que a veces hace el arte. El arte de denuncia hace algo que es muy hermoso y que es muy bello. Creo que no se puede dejar de intentar hacer una obra atractiva que de alguna manera te atrape, pero también que tenga esa dureza que te recuerde que no estamos hablando de un posado en Instagram.

¿Se ha inspirado en imágenes reales? La imagen de un cuerpo que sale de la red de un barco pesquero compunge...

Juan: Sobre esa imagen hay noticias, pero no me basé en ninguna otra, es más de cabeza.

Javier: Para mí, es una de mis imágenes favoritas. Hay una cosa que se sugiere en el poema, lo que pasa es que no quise meterlo porque es una cosa bestial, y es que las personas que se ahogan son devoradas por los peces, peces que nosotros después pescamos y nos comemos. De alguna manera es una metáfora de lo que realmente pasa.

Imagen del cómic 'Como si nunca hubieran sido'

Tengo que decir que el ritmo durante la secuencia en la que se produce el naufragio y la fuerza del dibujo, me han recordado a los dibujos de Miller del momento en el que los persas se enfrentan a los espartanos en las Termópilas. ¿Qué dibujantes han sido sus referentes?

Juan: Como gran seguidor de los comics, Frank Miller siempre me ha encantado.

Javier: Eso ya se lo dije yo: ¡Esto es muy Miller!

Juan: No lo hago de una manera consciente, pero creo que sale. Me influye mucho la narración visual de Miller, técnicamente más imperfecto, pero muy expresivo.

Dentro de 20 años, y siguiendo con esta historia, ¿qué os gustaría estar contando y dibujando? ¿Cuál sería la continuación soñada?

Javier: Pues una que se llame Como si fueran. Una que cuente las vidas de esas personas como lo que son, como lo que se dice al final del poema. Que contase la vida de esa persona, no solo en el drama. Porque lo que pasa es que siempre hablamos de estas personas cuando están muriendo, cuando les cae una bomba encima. Pero son personas que tienen una vida, que van al cine, que aman, que toman té, que tienen niños que juegan al baloncesto, que hablan de las mismas cosas que hablamos nosotros, que leen cómics... y me gustaría poder contar esa historia, pero a ver si puede ser antes de 20 años.

Y usted que lo diga, Don Fontdevila!

La peor realidad, tal cual. Gracias, Público!

 

Estreno en primicia de 'Gaza.
Una mirada a los ojos de la barbarie'

La opresión israelí sobre
el pueblo palestino, en un
corto nominado a los Goya

'Gaza. Una mirada a los ojos de la barbarie' dibuja la cruda cotidianidad en tierra palestina tras la ocupación israelí y después del gran ataque de 2014.

La UCI social informa

 

¿Qué falló para que
Alicia saltara al vacío?

jairo vargas- Público

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Luces Rojas

La batalla por una vivienda digna: modelo de la estrategia de lucha por los derechos

Javier de Lucas

contacta@infolibre.es @xdelucas

Publicada el 28/11/2018 -Infolibre

Una necesidad básica que sigue sin ser tomada en serio

Como ha sido recordado con frecuencia –entre nosotros, por ejemplo, lo ha hecho la profesora González Ordovás– el derecho a la vivienda digna es un caso paradigmático del déficit de una concepción ortodoxamente liberal de los derechos: un evidente derecho fundamental, que responde a una necesidad básica indiscutible y que, sin embargo, tal y como sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales, no es tomado en serio suficientemente en los programas de derechos humanos de los Estados. Es lo que sucede en la Constitución española de 1978, que lo recoge sólo en su artículo 47, dentro del capítulo 3º del título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, capítulo que tiene el expresivo enunciado De los principios rectores de la política social y económica. Se trata, insisto en recordarlo, de un déficit común a los derechos sociales, que conviene recordar en este 40 aniversario del texto constitucional y que está en el núcleo de las propuestas más interesantes de su reforma.
También se ha repetido que la estrategia de lucha por la efectiva garantía de los derechos y, en particular, de esos derechos sociales, económicos y culturales, debería saber dar un paso más y no sólo en el orden estatal, sino también a escala internacional. Se trataría de promover una noción de ciudadanía activa que integre democracia, derechos y desarrollo sostenible, en el marco de la que podríamos llamar concepción holista, por integral y por global, de los derechos. Esa es, creo, una dimensión quizá no suficientemente subrayada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) que constituyen la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en la cumbre de desarrollo sostenible, en septiembre de 2015.

Pues bien, a mi juicio podemos encontrar un ejemplo particularmente interesante de esta manera de entender el derecho a la vivienda y en cierta medida, como digo, los derechos sociales, en el reciente informe, presentado por Leilani Fahra, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda digna, hace apenas un mes, el pasado 19 de octubre 2018, en Nueva York, en el marco del Tercer Comité de la sesión LXXIII de la AG ONU dedicado sobre todo a la cuestión de los asentamientos informales  y que desarrolla el que ofreció  el 15 de enero de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el informe se llega a algunas conclusiones simples pero urgentes: las condiciones de vida en los asentamientos informales, dados sus alcance y gravedad, constituyen una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo. La sociedad mundial ha llegado a aceptar lo inaceptable. Es un imperativo de derechos humanos mejorar los asentamientos informales de modo que se ajusten a las normas básicas de la dignidad humana. Pero se subraya también que el reconocimiento de esta realidad y la movilización de todos los agentes en el marco de un paradigma compartido de derechos humanos puede hacer posible el programa de mejora para 2030.

 

La estrategia de garantía del derecho a la vivienda como símbolo de una visión holista, que integra ciudadanía, derechos y desarrollo sostenible

Me interesa traer ahora ante la luz esos informes, ante todo porque abordan una nueva estrategia a propósito de cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda para esos 850 millones de personas (más de la quinta parte de la población mundial) que viven en lo que la Relatora llama “asentamientos informales”. Se trata de esos “barrios marginales” o concentraciones urbanas periféricas en las que destaca la presencia de colectivos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas, los refugiados e inmigrantes.

Junto a ellos, buena parte de los protagonistas del fenómeno generalizado del éxodo rural hacia las ciudades, convertidas progresivamente en metrópolis en las que ese tipo de barrios periféricos, asentamientos, etc, encarna gráficamente la desigualdad y la exclusión. Sus modalidades abarcan una gama amplísima: “Desde los campamentos de personas sin hogar desplazadas constantemente en los países más ricos, hasta las comunidades masivas en el Sur Global, como Orangi Town, en Karachi (Pakistán), con una población total estimada de 2,4 millones de habitantes. Las distintas modalidades incluyen precaristas en edificios abandonados, viviendas improvisadas en contenedores, tiendas de campaña o embarcaciones, o chabolas construidas con distintos materiales de desecho. En otros lugares, las comunidades informales establecidas desde hace mucho tiempo pueden vivir en viviendas duraderas de ladrillos y mortero”.

Y la Relatora añade un fenómeno cada vez más preocupante, que deriva de los mercados informales de alquileres no regulados, que con frecuencia practican la explotación, y que, recuerda, “constituyen un componente cada vez más importante de las viviendas informales”. Esta se relaciona con las crecientes dificultades de acceso a vivienda de alquiler (y no ya de propiedad) para los jóvenes o los de permanencia de ancianos en viviendas de alquiler, ante los cambios que plantean agresivas estrategias de mercado, la irrupción de fondos buitre en el sector inmobiliario, o los fenómenos de gentrificación, por no hablar del impacto de agentes que se comportan como depredadores en el sector turístico, no sólo por cómo alterna los precios de mercado sino la convivencia en viviendas y barrio. Recientemente, el Defensor del Pueblo de España presentó en un encuentro en la UIMP un informe sobre el particular que me parece extraordinariamente útil, por el análisis de esa realidad y por las recomendaciones que contiene, dirigidas a la Administración.

Pero también me interesa el informe de la Relatora porque se aproxima a la crítica situación del derecho a la vivienda desde esa concepción integral y global a la que me refería más arriba. En efecto, para L Fahra, el derecho a la vivienda, a un hogar, es un derecho primordial porque no es sólo que tenga como objeto una necesidad básica, sino porque sin él nos vemos privados de seguridad, libertad, igualdad (being without home is being without security, equality, freedom). Por eso, advierte de que no puede rebajarse a la categoría de preferencia secundaria, o de mera expectativa o deseo, sino que significa la condición misma de estabilidad, seguridad, dignidad. El hogar es, en cierto modo, diría yo, el ancla de los derechos, o, como ella sostiene, “el lugar donde cada uno de nosotros, como persona, desarrolla y llega a ser capaz de ejercer y reclamar todos nuestros derechos”. A mi juicio, ese cambio de perspectiva debería ser integrado como elemento clave de lo que establece el Objetivo 11.1 de los OSD: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Y ¿en que consistiría esa nueva estrategia? La Relatora recuerda, insisto, que esos han sido analizados habitualmente como un estigma, como un ejemplo negativo: “Las condiciones de vida son alarmantes e intolerables. Los residentes suelen carecer de agua y saneamiento, y viven con el temor constante del desalojo”. Pero subraya que pueden ser tomados en cuenta como una oportunidad de avanzar estrategias sinérgicas entre esas tres claves propias de los OSD (democracia, derechos, desarrollo sostenible), si entendemos otra dimensión de este fenómeno, esta vez positiva. Comprenderlos como estrategia adaptativa o incluso como respuesta a los sistemas formales de exclusión, impuestos por la lógica del mercado respecto a un bien que debería ser considerado como derecho fundamental, el acceso garantizado a la vivienda digna. Coherentemente con ello, hasta ahora la respuesta ha consistido en gran medida en el desalojo de esos barrios y la reubicación de sus residentes en lugares igualmente periféricos.

Y es que,  antes de estigmatizar, hay que entender las causas.

A mi juicio, esta es la clave. L Fahra subraya que la informalidad es resultado de la exclusión sistémica. Y, por tanto, la estrategia debe basarse en erigir una barrera activa frente al paradigma dominante, basado en el predominio de elementos depredadores de un mercado de vivienda que se configura como pieza esencial de ese sistema de exclusión. Para la relatora, “la informalidad es creada y agravada por la imposición de un sistema determinado de leyes, mercados privados, planificación y asignación de recursos que no respeta y viola los derechos fundamentales de quienes no tienen más remedio que recurrir a los asentamientos informales. Se han impuesto sistemas de colonización de tierras y bienes en las relaciones de los pueblos indígenas con la tierra y la vivienda. En los países en desarrollo, grandes sectores de la población son considerados ilegales cuando se alojan como pueden y viven bajo la amenaza constante de ser expulsados de sus hogares por la fuerza.

En los países ricos, la ley no solo impide la construcción de albergues rudimentarios por las personas sin hogar, sino que a veces penaliza incluso los actos de comer y dormir… Las personas que migran a las ciudades en busca de trabajo o que son desplazadas de otros barrios deben crear, mediante los asentamientos informales, un sistema de vivienda subsidiario para satisfacer necesidades apremiantes que quedan sin atender en el sistema formal de vivienda. Los terrenos en la periferia de las ciudades suelen ser los primeros en ser ocupados y a esos ocupantes siguen empresarios informales que atienden las necesidades de agua, saneamiento, electricidad, transporte, alimentos, ropa y otras necesidades básicas”.

La Relatora recuerda que estos asentamientos proporcionan un remedio a la necesidad habitacional de trabajadores y proveedores de servicios de quienes dependen las ciudades. De donde la gravedad de la paradoja de que se vean penalizados, se les nieguen servicios, sufran discriminación generalizada y sean obligados a pagar precios exorbitantes por las necesidades básicas o a privarse de satisfacerlas. Pero destaca también que es erróneo ignorar que con frecuencia los asentamientos informales representan un logro increíble, una profunda expresión de individuos, familias y comunidades que reclaman su lugar y su derecho a la vivienda. Son “hábitats construidos por gente”, que crea hogares, cultura y vida comunitaria en las circunstancias más adversas.

El acto de reivindicar su lugar en las ciudades y construir viviendas desafía la exclusión espacial, la apropiación de tierras y bienes por los ricos sin más fin que la especulación, la colonización de territorios indígenas y las tentativas de las autoridades de volver invisibles a comunidades enteras, negándose a reconocerlas. En su respuesta, los asentamientos informales proclaman: “Aquí estamos” y “no vamos a desaparecer”. Son una forma de ejercicio de los derechos humanos de base comunitaria encabezada por personas sin vivienda, mujeres, víctimas de la desigualdad económica, personas con discapacidad, migrantes y víctimas de la discriminación racial y étnica. El enfoque basado en los derechos debe descansar en el reconocimiento de la dualidad de los asentamientos informales que son, a la vez, violación y reivindicación de derechos.

El nuevo enfoque basado en los derechos humanos para la mejora de los asentamientos informales, se basa en un derecho que reafirma Fahra: el derecho de los residentes a permanecer in situ si es posible, y a ser alojados adecuadamente lo más cerca posible también, cuando la reubicación sea necesaria o preferible. Y ahí es donde el nuevo enfoque entronca con el objetivo 11.1 de los ODS: un enfoque integrado de los derechos humanos centrado en la obtención de vivienda adecuada, en todas sus dimensiones, y en el protagonismo de las comunidades para definir concretamente en qué consiste para ellas la vivienda digna.

Por eso, las recomendaciones de Fahra, sus diez claves, insisten en una recuperación de la clave democrática a escala municipal que, en lugar de la fácil respuesta de castigo, obstrucción y penalización, potencie las sinergias entre las administraciones de las ciudades y las comunidades en cuestión, escuche y de protagonismo a esas comunidades y potencie “nuevos enfoques de la propiedad, la tenencia, la planificación inclusiva e iniciativas legislativas y programáticas innovadoras, y mediante la participación y la rendición de cuentas basadas en los derechos”. Eso exige integrar  el derecho a la participación, el acceso a la justicia, la cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo, los problemas ambientales, y la relación entre empresas y los derechos humanos.

Y siempre "así de claro", gracias, Vicenç Navarro

La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes

Vicenç Navarro

noviembre 27, 2018-Público

La aplicación de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español, incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr. Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya. Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en 2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2% (un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener 1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas). El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos), y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un 8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso de los niños (32%).
La tasa de ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres. Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55 años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas desigualdades más acentuadas en la UE-15.
El desmantelamiento del Estado del Bienestar
Como consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia (donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un 3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.
Es importante destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España (el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolista. Este partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes (inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).
Es también importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros, y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder –como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación” hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE.
Gran parte de la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas neoliberalres aplicadas su existencia
Como era de esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis. Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello. En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6% de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón) que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el 67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.
Y hace solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad la gestión de los gobiernos catalán y español.
La respuesta popular a la enorme crisis
Como era de esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el “sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles. Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur, 2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es un resultado de ello.
La respuesta del establishment neoliberal
Hay que subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que sustentan la estructura de poder.
Por lo general, el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a tales políticas continúa.
Ahora bien, en el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.
Más sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados a la resolución del tema de los presos.
Conscientes de que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno de los cuales contendría una medida social. Según la Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.
Los decretos-ley no son lo que se supone
El error de sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos, llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley, como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en 2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar, anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.
La enorme responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme crisis social existente en Catalunya y en España
Es un gran error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.
Su comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos, anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la resolución de la brutal crisis social.
Hoy, la gran mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas. Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas (ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas (y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%, concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas, claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto independentista a los presupuestos.
Las izquierdas independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.

Está clarísimo el origen del embrollo. Sólo falta, ese ¡Anem! de todos. El paso de la reforma y del referendum. Un estado a la altura de los tiempos y de los retos inevitables

El Poder Judicial al borde del despeñadero

José Antonio Martin Pallín

Magistrado emérito del Tribunal Supremo

28/11/2018-Público 

La confianza de los ciudadanos de un país en sus jueces, es una materia intangible muy difícil de medir con criterios de objetividad y certeza.  El gran procesalistas italiano Pietro Calamandrei, nos dejó un libro emblemático sobre este tema: “Elogio de los jueces escrito por un abogado”. Para que el Poder Judicial funcione como un sistema de contrapesos  en un sistema democrático, es fundamental que no solo los profesionales del Derecho sino también la sociedad, en general, mantenga la fe en  sus jueces.  No se trata de una fe teológica basada en la creencia de lo desconocido,  sino de una fe asentada sobre hechos objetivos, como son sus resoluciones y  decisiones.  Como diría el Evangelio, por sus sentencias los conoceréis.
Estamos viviendo momentos críticos para la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. Es lógico y deseable, en el seno de una sociedad libre, que su funcionamiento sea sometido a crítica, pero estimo que no puede ser zarandeado por los políticos y por los medios de comunicación, hasta el punto de llevarlo a su irrelevancia o  en muchos casos, a su linchamiento irresponsable. Si se deslegitima su papel controlador de los poderes políticos y de su funcionamiento como máquina de equilibrio para estabilizar los conflictos sociales,  tanto individuales como colectivos, estamos socavando los cimientos de la democracia.
Según nuestra Constitución, la justicia emana del pueblo y se administra, en nombre del Rey, por jueces independientes inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por tanto sólo en los Jueces y Magistrados que ejercen jurisdicción, radica el Poder Judicial. Como toda estructura formada por un número de personas que acceden a la función jurisdiccional, necesita de un órgano de gobierno, entendido como, administrador gestor o incluso con la facultad de nombrar a determinados cargos judiciales o ejercitar la actividad sancionadora. Pero sus decisiones están sometidas al control jurisdiccional de los que en teoría son sus gobernados.
La mayoría de los países de cultura continental europea, han establecido un órgano de gestión y administración que como se titula, con más propiedad y rigor político en Italia, se trata de  un Consejo Superior de la Magistratura y no, como indebidamente se le denomina en nuestro país, Consejo General del Poder Judicial. En ambos sistemas, su capacidad real para incidir sobre la independencia de los jueces y magistrados que ejercen la jurisdicción, es mínima o inexistente.
Coincidiendo con la extinción del mandato del último Consejo,  se abrió el debate sobre su renovación y una vez más, aparecieron las falacias argumentales de muchos políticos que confundiendo el poder jurisdiccional con  la facultad de administrar, gestionar sancionar y nombrar, sostienen, con rotundo énfasis, que la Constitución impone que los nombramientos de los vocales del  Consejo  General del Poder Judicial, corresponde a los representantes de la sociedad, es decir al Congreso de los Diputados y al Senado, donde reside la soberanía popular.
Solo desde el desconocimiento o el oportunismo político, se puede ignorar el origen y la gestación constitucional del Consejo General del Poder Judicial. Los constituyentes españoles se inclinaron de forma clara e indiscutible por el modelo italiano, recogido en su Constitución de 1947. En ella se regula, de forma mucho más detallada que en la nuestra,  la Composición del Consejo Superior de la Magistratura. Conviene recordar a los manipuladores del bisistema de elección de vocales, que antes de estructurar la composición del Consejo, la Constitución Italiana, proclama, para general información, que la justicia será administrada en nombre del pueblo,  que los jueces estarán sujetos únicamente a la ley y que la magistratura constituye un órgano autónomo e independiente de cualquier otro poder.  Se conforma por tres miembros natos (Presidente de la República, Presidente de la Corte de Casación y Fiscal General), un tercio  elegido por las Cámaras, pero, la mayoría de sus miembros, los dos tercios,  serán elegidos por todos los magistrados ordinarios pertenecientes a las distintas categorías.

Concepción Sáenz Rodríguez Vocal; Clara Martínez Careaga Vocal; Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial; Gerardo Martínez Tristán, Vocal; y Nuria Diaz Abad Vocal,(i-d), durante la presentación de una guía sobre el proceso de trata seres humanos. EFE

Nuestros constituyentes consagraron la mayoría judicial, doce de los veinte vocales, siguiendo las pautas del modelo italiano. Así se entendió por los partidos políticos y la primera ley reguladora del Consejo, de 10 de Enero de 1980. Al amparo de su texto, se convocaron elecciones entre los jueces y magistrados que, como era de esperar en aquella época, se decantaron por un sesgo conservador. No vamos a detenernos en su labor,  pero todos los observadores objetivos, coinciden en que su Presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, ha sido el que ha gozado de mayor consenso y reconocimiento  a  lo largo de los tiempos.
Aprovechando que el texto constitucional hace una referencia a que la elección de los jueces se hará en los términos que establezca la ley orgánica; la mayoría socialista con otros apoyos, aprovechando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985,  impuso que los doce vocales judiciales serían elegidos,  seis por Congreso y seis por el Senado. La politización estaba servida.
Esta decisión se recurrió por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, que se  pronunció en su emblemática  sentencia de 29 de julio de 1986. Advierte de los peligros del nuevo sistema pero declara que lo esencial es que el Consejo ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos: “sin entrar en consideraciones sobre el lugar que ocupan las Cortes en un sistema parlamentario y sin negar que el sistema elegido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 ofrezca sus riesgos” advierte que estos riesgos no son o no deben ser, consecuencia obligada del sistema.
El Tribunal Constitucional no elude el tema de los antecedentes y debates de la gestación del texto constitucional, para llegar a la conclusión de que de la redacción, finalmente aceptada, parece deducirse la existencia de un consenso explícito sobre la necesidad de que los doce vocales procedentes de la carrera judicial expresasen no sólo diferentes niveles de experiencia por su función jurisdiccional, sino también las distintas corrientes de pensamiento existente en aquella y remacha esta interpretación, cuando dice que la finalidad de la norma es que el Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y en especial, en el seno del poder judicial.
Que nadie se llame a engaño, el propio Tribunal Constitucional insiste: “ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si las Cámaras a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y actuando con criterios admisibles en otros terrenos, no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos en las actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos y señaladamente el poder judicial”.
Los partidos políticos hicieron oídos sordos y consagraron el “intercambio de cromos”. De Consejo en Consejo, el desprestigio ha ido cabalgando desenfrenadamente, hacia el abismo, hasta desenmascararse, de forma brutal y grosera, en el mensaje dirigido por el Portavoz en el Senado del Partido Popular a sus compañeros de bancada. Su contenido ha sido calificado de obsceno y pornográfico por muchos comentaristas, pero hay que reconocer que por lo menos refleja la realidad, que se trataba de ocultar, con argumentos embusteros y fórmulas artificiosas.
La divulgación de su texto no es sino una maniobra de voladura controlada del “consenso alcanzado entre el Partido Socialista y el Partido Popular”, cuando estos últimos, cayeron en la cuenta que conceder la mayoría (11 vocales) al Partido Socialista, podría tener consecuencias negativas para sus fines tradicionales. El pornográfico mensaje ha llevado al Poder Judicial al borde despeñadero y no creo que nadie, con un mínimo sentido de Estado, no sea capaz de admitir que es urgente y necesario corregir esta deriva  y restaurar una mínima credibilidad del sistema judicial, en la opinión pública.
Hemos llegado al borde del precipicio; el Partido Socialista, Podemos y otros partidos   parece que se empeñan en dar un paso adelante, cuando las circunstancias lo permitan. Por el contrario, el Partido Popular de manera calculadamente interesada, ha decidido retroceder al pasado pero de forma apresurada y sin mirar atrás, por lo que su enmienda ha caído en el ridículo de resucitar las Audiencias Territoriales y los jueces de Distrito.    Todos  los partidos deberían reflexionar sobre los males del pasado y las ventajas que podría tener, en una situación sociológica, generacional y políticamente distinta a la de  los albores de la democracia, la fuerza regeneradora de un Consejo, en el que los doce vocales judiciales  fuesen elegidos por los jueces, entre jueces y magistrados, con una fórmula electoral proporcional que evitase el sistema mayoritario y que diese cabida, a lo que el propio Tribunal Constitucional reclamó en su tiempo, que no era otra cosa que, el pluralismo político y social del cuerpo judicial esté reflejado en la Magistratura y en el Poder Judicial.
En cada renovación del Consejo, se abriría un periodo de debate entre las Asociaciones judiciales y los jueces y magistrados que no militan en ninguna de ellas. De esta manera se ofrecería a la opinión pública, un panorama de opciones y un conjunto de propuestas sobre los problemas reales de la organización de la justicia. En todo caso, la independencia e inamovilidad de los jueces permanece intangible. Lo que  verdaderamente legitima al Poder Judicial, es la racionalidad de sus resoluciones y la capacidad de explicar, las motivaciones, lógicas y jurídicas, que han llevado a tomar una determinada decisión.
Los males del presente tardaran en corregirse, pero no se puede abandonar el intento de rectificar el nefasto rumbo actual. Nos puede ayudar la vuelta a los orígenes de nuestro constitucionalismo.

Ostras, qué bien y qué sorpresa. Uno de Podemos al que da gusto leer. Ah, que es de Podem...claro! ¿Por qué será que la sensatez y la amplitud de miras siempre tienen rostro federal y republicano? Ains!

Cambio o involución

Josep Vendrell

Portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados

28/11/2018 -Público 

La negativa del PDeCat y ERC a negociar los presupuestos y la renuncia del gobierno a realizar esfuerzos para conseguir sumar los apoyos necesarios para su aprobación, obliga a realizar una reflexión sobre lo que está en juego.
La moción de censura supuso un higiénico cambio de personas y de estilo en el Gobierno. Pero el cambio de políticas requiere de unos nuevos presupuestos, acompañados de medidas legislativas, para pasar página de la austeridad, revertir recortes, afrontar problemas sociales como el de la vivienda, la precariedad, la pobreza energética o la desigualdad entre hombres y mujeres; garantizar libertades e iniciar el camino de la desjudicialización del conflicto catalán y su traslado al ámbito político.
A veces nos miramos demasiado el ombligo y perdemos de vista que lo que sucede en la cuarta potencia económica de la Unión Europea tiene su incidencia en el ámbito europeo. La  aprobación de los presupuestos fortalecería una alternativa europeista y progresista a la austeridad, frente a la alternativa de la extrema derecha, triunfante en Italia y en alza en buena parte de los países de la UE. Demostraríamos, como ha hecho Portugal hasta ahora en solitario, que otra política económica es posible.
Tanto los partidos independentistas catalanes como los sectores del PSOE que se apresuran en dar por muertos los presupuestos, deberían tener en cuenta que echar a Rajoy, pero quedarse con sus presupuestos, con su política económica, es un sinsentido; que hacer políticas sociales, a base de decretos ley, puede ser un avance pero tiene un escaso recorrido con un presupuesto heredado del PP que limita la inversión social. Y, especialmente, deberían tener en cuenta que millones de pensionistas, personas dependientes, niños y niñas que viven situaciones de pobreza o mujeres que sufren la violencia machista necesitan que se aprueben los presupuestos, porqué cuando hablamos de las cuentas públicas hablamos de gente concreta, no de meros apuntes contables.
No es incompatible denunciar la injusticia que sufren los presos políticos catalanes y exigir su liberación y acordar unos presupuestos que contribuyan a mejorar la vida de la mayoría en Catalunya y en el resto del Estado.
Las mismas fuerzas que en el Congreso rechazan sentarse a negociar los presupuestos forman parte de un govern de la Generalitat que pretende que fuerzas políticas del Parlament, como Catalunya en Comú Podem, aprueben sus presupuestos sin transferencias que requieren de los presupuestos del Estado y sin nuevas medidas fiscales, cuando el agotamiento de los servicios públicos es evidente y los funcionarios y el personal sanitario de la Generalitat han convocado huelgas para exigir que se reviertan recortes realizados por los gobiernos de CiU. La desconexión con la realidad no puede ser mayor.
Pero además, la decisión sobre los presupuestos condiciona el futuro político más inmediato. Lo que se decidirá en unas próximas elecciones no es la alternancia entre el PSOE y el PP, tampoco se dirimirá, en el próximo ciclo electoral, la independencia de Catalunya y la unidad de España. El dilema real sobre el que deben posicionarse las fuerzas políticas es entre cambio o involución, entre una democracia de baja intensidad o el avance democrático. Ambas opciones defendidas con diferentes acentos por una pluralidad de fuerzas.
Ya conocemos que es una democracia de baja intensidad: politización de la justicia, vulneración del derecho de expresión ante la disidencia cultural o política; mercantilización de la sociedad,  debilitamiento del trabajo frente al capital, con el empobrecimiento de amplios sectores de la población, indiferencia ante el cambio climático, recentralización del Estado y autoritarismo para afrontar la cuestión catalana. Este es el programa común del PP, Ciudadanos y Vox.
Una opción de avance democrático pasa por recuperar prestaciones y derechos sociales, feminizar la política y la sociedad, impulsar la transición ecológica y el cambio de modelo productivo; garantizar plenamente la libertad de expresión y manifestación y canalizar por la vía de la negociación política el conflicto catalán, con una visión democrática y plurinacional del Estado. En definitiva, avanzar hacia un horizonte de cambio constituyente que permita rehacer el pacto social y territorial sobre nuevas bases.
La derecha ha iniciado un peligroso camino de involución democrática que parece no tener límite. Los que empujan, con su rechazo a los presupuestos, hacia unas elecciones anticipadas lo deberían tener muy en cuenta. Alimentar la idea de la derecha y de algunos sectores del PSOE, que anhelan un acuerdo con Ciudadanos, de que las fuerzas que impulsaron la moción de censura son una “mayoría Frankenstein” de difícil viabilidad, cuando tanto ahora como después de unas próximas elecciones es la mayoría progresista posible, es irresponsable y supone un enorme riesgo que no merecen las clases populares que han sufrido la involución y que esperan el impulso de un cambio que mejore sus vidas y garantice más y mejor democracia.