viernes, 1 de diciembre de 2017
Excelente artículo de lectura imprescindible
Educación Laica
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Profesor de la Universidad de León. Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Miembro del Grupo de Pensamiento Laico, integrado por Nazanín Armanian, Enrique J. Díez Gutiérrez, María José Fariñas Dulce, Pedro López López, Rosa Regás Pagés, Javier Sádaba Garay y Waleed Saleh Alkhalifa
Inmersos en el proceso de Pacto Educativo en el Parlamento, es más necesario que nunca consensuar un modelo de educación laica que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento de los contenidos escolares.
Como dice Europa Laica, una educación laica responde a las necesidades de los pueblos, que han aspirado a asegurar no solo la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen; sino también a afianzar, mediante la educación, una forma de organización y un sistema de vida democráticos en los que se pueda expresar el pluralismo ideológico, social y político de toda sociedad, garantizando los derechos humanos y una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones.
El eje central de la laicidad pivota sobre dos elementos: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, pero las políticas e instituciones públicas deben mantenerse al margen de creencias y prácticas personales. Es imprescindible separar el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias, para poder garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones religiosas.
Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela. El espacio adecuado para cultivar y expresar la fe son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.
La educación laica no cuestiona las religiones, que son formas de vida y creencia muy respetables. Pero tampoco quiere que los contenidos educativos se basen en creencias, sino en los resultados del progreso de la ciencia y la reflexión humana. Prescinde así, de pretensiones dogmáticas y se ubica en la libertad. No se trata de una educación atea o agnóstica, sino de una educación independiente de religiones y creencias.
El art. 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.
Por eso, coherentes con dicho principio mantenemos que la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia, libertad y autonomía personal.
La finalidad de la escuela no puede ser trasmitir dogmas que entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. La Educación en igualdad y en libertad no es compatible con la visión de la jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia que se imparte en las clases de religión, puesto que ésta niega reiteradamente los derechos de las mujeres, defiende un modelo de familia patriarcal, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares, se manifiesta en contra de la libertad de orientación sexual y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción.
Abogamos por una ética cívica mínima, común para todos y todas, que recoja todo aquello que une a la ciudadanía y desarrolle principios y valores de respeto y tolerancia que hacen posible la convivencia en la diferencia y la pluralidad, y que sólo es posible desarrollar desde la laicidad.
La presencia de una religión en la escuela, sea la que sea, de su enseñanza y sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad, así como para garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún Dios.
No obstante, hemos de ser conscientes que, de una forma o de otra, contenidos de religión católica ya son impartidos y desarrollados en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o en el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia, se acude y se explica la religión católica.
El empeño de la jerarquía católica en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a “catequesis” responde a su temor a perder su capacidad de control e influencia social sobre las creencias y las costumbres del alumnado y futura ciudadanía, utilizando para ello las instituciones educativas con el fin de mantener su poder.
No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. La escuela es un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.
La educación, por tanto, debe ser laica, para que sea educación. La educación debe ser neutral frente a las creencias religiosas, respetando la pluralidad de opciones posibles en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto de las iglesias, en un marco de tolerancia y respeto. Esto supone un radical avance democrático e implica que también se respeta la libertad de cultos de cada familia y de cada persona establecida en la Constitución.
Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes. Los centros de enseñanza deben de servir para aprender y no para creer.
El programa de Domènech para el 21-D: 300 propuestas sociales, las olvidadas del procés
'Público' ha accedido al documento con las propuestas
de En Comú Podem para las elecciones catalanas, que debe ser ratificado
este domingo. El texto defiende establecer por ley un porcentaje mínimo
de inversión social, el fin de los conciertos educativos y un programa
piloto para avanzar en el camino hacia la instauración de una renta
básica.
Catalunya lleva meses
abriendo informativos y portadas, pero siempre con temas relacionados
con el procés; la inacción de Mariano Rajoy y su posterior recurso al
155 en su versión más radical; las idas y venidas de Carles Puigdemont,
desde Barcelona o Bruselas o la errática actuación del Parlament; todo
narrado en directo, casi 24/7, pero sin que lo social, los recortes o la
desigualdad en Catalunya fueran mencionados más que de forma
anecdótica. Visibilizar y revertir esta situación es una de las claves
del programa de En Comú Podem-Catalunya en Comú para las elecciones del
21-D, al que ha accedido Público y que todavía debe ser ratificado por su militancia en asamblea, este domingo.
"Durante los últimos años, detrás del
procés, se han olvidado las políticas sociales, y nuestra salida a la
situación nacional también debe permitirnos recuperar la agenda social",
asegura a este diario Marc Parés, coordinador del programa que
abanderará la candidatura de Xavier Domènech. Parés explica que
el documento se vertebra en siete bloques, a su vez estructurados en
"objetivos" -propuestas generales-, que aglutinan varias iniciativas
concretas. De las 170 páginas del texto, cerca de 40 se refieren al eje
social -'Recuperemos la agenda social'-, y se desglosan en
aproximadamente 300 iniciativas concretas -que coparán entre cinco y
seis puestos de las 25 medidas que sus bases designarán como
prioritarias.
Entre ellas, el coordinador de Programa de la candidatura de Domènech destaca la propuesta de fijar por ley un porcentaje de inversión social mínimo
en todos los Presupuestos de la Generalitat —"hoy se destina un 21% del
PIB, pedimos elevarlo hasta el 28%, la media europea"—; también la
iniciativa para implantar un sistema fiscal "más justo y solidario"
—sumado a la recuperación del impuesto de sucesiones o a la eliminación
de beneficios fiscales "a sectores más privilegiados"—, y la idea de
elaborar una "ley de arrendamientos urbanos catalana" —que permita
acotar también el poder de Airbnb y otras plataformas que contribuyen a
elevar los precios de los alquileres—.
"La educación es clave", sentencia, y
esto pasa por la "disminución progresiva de los conciertos" para
priorizar los centros públicos, y por doblar la inversión en educación
"para situarla en lo que prevé la Ley de Educación Catalana" —pasando
del 2,8% al 6% del PIB—. También avanza un plan de choque contra el paro
y la precariedad, y su propuesta de caminar hacia un marco de
negociación colectiva a nivel catalán para "garantizar los derechos de
trabajadores y trabajadoras".
"Queremos capacidad para poder regular y
legislar desde Catalunya", apunta Parés, que denuncia que los
Presupuestos vigentes en este territorio aún arrastran la losa de los
recortes de Artur Mas en 2011, cifrados en torno a los 2.300 millones,
sin que el Govern cesado de Junts pel Sí, apoyado por la CUP, "haya
puesto sobre la mesa las prioridades sociales". "Hay que hacer avanzar a
Catalunya en lo nacional, en la mejora del autogobierno, con
mayores competencias, mayor capacidad de financiación, en la relación
bilateral con España. Vamos a avanzar en esto, pero para que esto sirva
hay que dar respuesta a la agenda social", zanja.
De la eliminación de la religión en las escuelas a la tasa al deporte de élite
En materia educativa, la candidatura pide revocar la polémica LOMCE;
elaborar una nueva Ley de Educación de Catalunya, o revocar los
acuerdos en materia educativa con el Vaticano y con el resto de
confesiones religiosas, así como eliminar la asignatura de religión. Su
propuesta pasa por doblar la inversión en lo que hace referencia a la
igualdad en este marco, y por mejorar las condiciones laborales de
profesores y otros trabajadores del sector. El texto defiende aumentar
el número de becas universitarias, e implantar "progresivamente" un
sistema de tasas de matrícula proporcional al nivel de renta,.
En materia cultural, y además del Pacto
Nacional por la Cultura, o de elevar las partidas presupuestarias hasta
que supongan cerca de 60 euros de inversión por habitante, el texto
desglosa iniciativas que hacen referencia a la industria y otras que
favorecerían el consumo por parte de las familias: pide potenciar el asociacionismo cultural,
elaborar planes de apoyo a las programaciones culturales municipales,
pero también un "Plan de Rescate para los artistas, los creadores y los
trabajadores de las empresas culturales", e instaurar un cheque cultural
para las familias con menos ingresos.
También apunta medidas para apoyar a las
creadoras, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en lo que afecta
al bloque sobre deportes. Aquí, además de abogar por impulsar el papel
de las mujeres en el mundo del deporte, defiende elaborar un protocolo
que promueva la erradicación de actitudes LGTBIfóbicas y
machistas en competiciones deportivas, e incluso instaurar una tasa
especial al deporte de élite, para que revierta en el deporte de base.
De la renta básica a la denuncia de la especulación con la vivienda
Las medidas incluidas en el apartado de
'Justicia Social y Políticas por la Igualdad' se asientan sobre el
mínimo de inversión social que propone el texto, y tienen un importante
componente económico. El documento defiende un programa piloto en
Catalunya para avanzar hacia la renta básica y la instauración de un tipo tributario del 50% para rentas superiores a los 100.000 euros.
En lo tocante a la vivienda, el texto persigue la elaboración de censos de pisos vacíos
para después incorporarlos al parque público de vivienda —mediante
cesiones temporales y otros mecanismos—, impulsar la creación de
convenios de cesión con la SAREB y otros grandes propietarios, y
establecer sanciones por los pisos que pasen más de dos años vacíos.
También propone crear mecanismos para denunciar la especulación con la
vivienda, y que cada pueblo o barrio disponga de un 15% de parque de
vivienda social en 2030.
Recuperar los 1.500 millones recortados en Sanidad
En materia sanitaria, el texto aboga por
recuperar "como mínimo" los 1.500 millones recortados por CiU y Junts
pel Sí en estas partidas, asegurar el acceso universal al sistema
sanitario a todas las personas que viven en Catalunya, y garantizar las
visitas al dentista a toda la población.
En última instancia, la candidatura de Domènech aboga por "desmercantilizar la sanidad en Catalunya, una de las comunidades con un mayor grado de privatizaciones", y por trabajar para reducir las listas de espera.
Un programa pendiente de ratificación
En ocasiones, en un mismo apartado, el
texto vincula políticas sociales con económicas —"el modelo del PP se
basa en el crecimiento económico sin redistribuir"—, pero también
con otras relacionadas con la tecnología o la igualdad. El domingo,
explica Parés, las bases de su partido podrán participar en talleres y
votaciones para priorizar medidas —sin hacer cambios en el documento
actual—.
Elegirán 25 propuestas, que después serán
destacadas en la presentación del programa y en la votación del texto en
su conjunto. Las iniciativas, recopiladas en las últimas semanas por la
acelerada convocatoria electoral —vía 155— provienen de distintos
territorios en Catalunya, y en su elaboración han participado también
militantes de Podem, la marca catalana de Podemos, además de "expertos
sectoriales", aclara Parés.
La España plurinacional y el referéndum pactado
La propuesta de celebración de un
referéndum pactado y la defensa del derecho a decidir cuentan con su
propio bloque. Grosso modo, y recordando que este apartado desarrolla
las ideas aprobadas en la Asamblea Fundacional de Catalunya en Comú, el
texto explica que su propuesta "nacional" se articula en torno a tres
pilares "interrelacionados" que podrían ejecutarse "en paralelo": el referéndum pactado,
la elaboración de un nuevo marco constituyente catalán de amplias
mayorías y la necesidad de reformar la Constitución para que incluya un
reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español y del
derecho a decidir.
Como ya han recogido algunos medios, esto
conllevaría también la aprobación de una Ley de Claridad que requeriría
del respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para
su aprobación, y marcaría los plazos y las formas en los que debería
desarrollarse el referéndum. En ultima instancia, la propuesta también
recoge un llamamiento a la liberación de los "presos políticos",
al abandono de la vía unilateral por parte de organizaciones
independentistas, el rechazo de Catalunya en Comú al 155 y una petición
para que éste deje de estar en vigor.
Concentración contra los CIEs: "Ningún ser humano es ilegal"
Organizaciones sociales y ciudadanos se han
manifestado frente al Ministerio de Interior pidiendo el cierre de los
centros de internamiento y rechazando la construcción de un CIE ‘deluxe’
en Algeciras
“Ni nuevos ni
renovados, queremos los CIEs cerrados” ha coreado una multitud
congregada frente al Ministerio de Interior para protestar contra la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras y pedir el cierre de los siete ya existentes en el territorio español.
El vídeo promocional del nuevo CIE,
publicado este lunes por el ministro de Interior, ha sido percibido por
las organizaciones sociales como “una campaña de lavado de imagen” de
unas instituciones que consideran “espacios de vulneración de derechos por su mera existencia”,
como expresaba el comunicado en el que la Campaña estatal por el cierre
de los CIEs convocaba la movilización. Su portavoz, Betty Roca
Hubbauer, ha criticado ante Público la intención del Gobierno de
“vender lo que son CIEs con un poco más de lujo, cuando en realidad son
prisiones racistas, donde meten a la gente simplemente por el hecho de
no tener documentación en regla”.
La reclusión de más de quinientos migrantes
en la cárcel de Archidona es una de las grandes preocupaciones de los
convocantes, que denuncian que la ley prohíbe expresamente el encierro de los migrantes en centros penitenciarios.
Al mismo tiempo, recalcan que el internamiento de los migrantes en
CIEs es en sí una vulneración de la ley, puesto que supone una privación
de la libertad de movimiento de personas que únicamente han cometido
una falta administrativa, no tener los papeles reglamentarios.
“Cuando les explicamos dónde están lo
primero que les decimos es: ‘siento mucho que tengas que sufrir esta
situación, que la gente de mi país te esté tratando así’”, cuenta Betty
Hubbauer, que visita habitualmente a personas migrantes en los centros
con su organización. “La gente que pasa al mar no lo hacen por placer.
Hay gente que pierde a su familia en el camino. Y llegan a un CIE y no pueden entender por qué los tratamos así”, explica.
“El concepto de migrante ilegal lo ha creado una política de
Extranjería represiva, porque nadie debería ser ilegal”, sentencia la
portavoz de la Campaña estatal por el cierre de los CIEs.
“Ningún ser humano es ilegal”
Papa Wande, del Sindicato de Manteros y
Lateros, no ha vivido en primera persona lo que supone ingresar en un
CIE, pero conoce bien el sufrimiento a través de las historias de sus
amigos. “Venimos aquí para mejorar la vida y nos meten en la cárcel”,
protesta, con una mezcla de indignación y estupor. “Los extranjeros somos seres humanos como todo el mundo”, se ve obligado a resaltar. “Estamos aquí por sobrevivir, no estamos aquí por delito”, insiste.
“En España, los internos, o los presos,
porque en realidad son presos, tienen la libertad totalmente privada”,
condena Gema Jones, de AJAE. “Tienen que vestir una ropa característica
que los identifica como presos”, añade.
Una máscara con un número en la frente
es el símbolo con el que algunos de los asistentes reflejan la
deshumanización que sienten. “Ninguna persona es sólo un número”,
reclaman sin palabras mientras gritan: “Ningún ser humano es ilegal”.
El “engranaje” del racismo institucional
Julissa y Ana María, de la plataforma 12-N Por una Sociedad sin Racismo, sitúan los CIEs como una pieza dentro de un amplio engranaje de racismo estructural
que se vertebra a través de las leyes, de las instituciones y de las
relaciones de poder internacionales. Para Julissa, este entramado “se
traduce en una serie de dimensiones, políticas, jurídicas, que
criminalizan a los migrantes y dividen a las personas en dos categorías:
las que tienen derechos y las que no”.
Una rueda dentada que funciona desde las
fronteras establecidas del estado-nación que, una vez cruzadas, dan paso
a las menos visibles fronteras internas. El miedo a salir a la calle
porque “tú no tienes papeles y sabes que por tu perfil étnico, por ser
una persona racializada, hay muchas posibilidades de que te paren en una
redada racista, que es ilegal, pero se sigue haciendo. Y así
continúa el engranaje, ven que no tienes papeles y te llevan al centro
de internamiento de extranjeros. Allí puedes estar hasta sesenta días y
luego ya lo que toca es la deportación”, concluye Julissa.
Fuera de los propios estados, este
mecanismo se reproduce en una dicotomía Norte-Sur nacida del sistema
imperialista que es, en muchos casos, el motor del proceso migratorio.
“No hay ninguna forma de entender el racismo institucional, el racismo
social sin entender el pasado colonial de los países de la Unión
Europea”, reconoce Ana María, que subraya que esta herencia no se puede
subsanar sólo con cooperación internacional, sino que requiere la
autonomía de los países del Sur global.
Mientras tanto, Europa blinda cada vez más sus fronteras, lo que empuja a las personas migrantes a rutas cada vez más peligrosas,
expuestas a todo tipo de violencia. “Decimos ‘¿por qué vienen en
pateras?’. Porque tú no estás permitiendo que puedan venir con garantías
y los estás obligando a arriesgar sus vidas y estás haciendo que esas
personas tengan que morir en el Mediterráneo, que es una fosa común al
final”, denuncia Julissa.
Vulneraciones de derechos constantes
La muerte de Samba Martine en 2011 en el CIE de Aluche y la de Idrissa Diallo en 2012 en el de Zona Franca
permanecen grabadas en la mente de los convocantes. También se habla de
las privaciones del día a día, que las ONG que visitan a los internos
escuchan repetidamente. “Si no es por falta de asistencia médica es por
falta de comunicación, de información, que no hay traductores, falta de
ocupación… Porque no tienen nada que hacer dentro, ni actividades
sociales, ni libros”, cuenta Dana García, de SOS Racismo Madrid. “Vemos
esa vulneración diariamente. Vulneración de todo tipo de derechos,
civiles, políticos, sociales, culturales, porque también se producen
vulneraciones, por ejemplo, respecto a la comida halal o durante el
Ramadán”, explica.
Todo esto, señala, enmarcado en un clima de impunidad y donde las personas más vulnerables
(menores, víctimas de trata, gente solicitante de asilo con violencias
muy graves a sus espaldas desde sus países de origen, mujeres
embarazadas) muchas veces no reciben el trato que necesitan. En los
casos de agresiones, además de tener que aunar y contrastar las pruebas,
Dana García apunta que muchas veces se encuentran con una dificultad
añadida: “Cuando hay una persona que después de haberte contado lo que
ha pasado quiere denunciar, muchas veces se la deporta y, como ya no
está, se archiva la denuncia”. “Entonces, todo queda en la impunidad”,
reitera.
Para Dana, “es muy poca gente la que está concienciada, porque la sociedad general tiene en la mente la criminalización de las personas,
que te van a quitar el trabajo…” Esta visión comienza con determinados
medios de comunicación y personajes públicos, que hablan de una invasión
masiva de inmigrantes, haciendo, por ejemplo, que parezca “que todo el
mundo viene por en patera, cuando realmente no llegan ni al uno por
ciento”. “La mayoría llegan por Barajas”, explica. “Somos poca gente, si
fuésemos más cambiarían muchas cosas”, lamenta.
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