El Ayuntamiento de Madrid instalará letrinas y aumentará los
accesos de agua potable en el poblado chabolista de El Gallinero este
enero
La ONU indicó su interés de investigar la “preocupante” falta de acceso al agua y a retretes de las 300 personas que habitan el asentamiento
El índice de Pobreza Humana (IPH) en El Gallinero es del 93%, respecto al 10,7% medio de la capital
La ONU indicó su interés de investigar la “preocupante” falta de acceso al agua y a retretes de las 300 personas que habitan el asentamiento
El índice de Pobreza Humana (IPH) en El Gallinero es del 93%, respecto al 10,7% medio de la capital
Imagen de archivo de una de las cuatro chabolas de 'El Gallinero' que
el Ayuntamiento de Ana Botella derribó el pasado enero. / L. O.
En Madrid hay niños, alrededor de un centenar,
que no tienen acceso a un retrete. Que cuando tienen sed, solo disponen
de un grifo de agua potable para 300 personas. Viven en El Gallinero,
el poblado chabolista cuyos índices de pobreza están a años luz de la
media de la capital: un devastador 93% de pobreza, según el índice de
Pobreza Humana (IPH), respecto al 10,7% medio de los madrileños. Manuela
Carmena iniciará su "plan de choque" en el asentamiento este enero,
seis meses después de tomar posesión como alcaldesa de Madrid, ante la
impaciencia de los voluntarios que trabajan en el poblado.
Para el gobierno de Ana Botella, mejorar las condiciones de vida en el
poblado de chabolas de El Gallinero, donde habitan en la actualidad
alrededor de 300 personas de etnia rumana gitana, significaba
"cronificar la pobreza". Con ese argumento, los voluntarios que trabajan
en el asentamiento vieron truncadas una y otra vez sus propuestas para
mejorar de manera urgente las necesidades básicas en el asentamiento
(hasta lograr una solución permanente que acabe con el poblado): la
instalación de retretes, duchas, más puntos de agua y la limpieza de los
montones de basuras que se acumulan sin control.
Una investigación de Save the Children, junto a la Universidad Pontificia Comillas, alertó de la vulneración diaria de los derechos de los menores de El Gallinero.
Según el estudio, la probabilidad de que los niños que habitan el
poblado no lleguen a los 60 años es del 98%. "En España, la media es del
7,8%", recordaba la ONG.
La llegada del gobierno
municipal de Ahora Madrid al palacio de Cibeles, con Manuela Carmena a
la cabeza, alentó las esperanzas de los voluntarios con un cambio
evidente en la actitud del Ayuntamiento. Desde junio, los derribos
de chabolas han cesado, afirma Jorge Fernández, miembro de la Parroquia
San Carlos Borromeo que trabaja día a día en El Gallinero. Ahora, el
equipo de la alcaldesa ha comunicado su intención de lanzar su "plan de
choque" con medidas urgentes para mejorar la habitabilidad en este foco
de pobreza, a 12 kilómetros de la céntrica plaza de Sol. Las primeras
actuaciones llegarán "a finales de enero", afirma Marta Higueras,
concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Letrinas y una mayor limpieza
Las medidas urgentes que pondrá en marcha el Consistorio, como adelantó El Mundo,
consisten en "letrinas y duchas, aumentar los puntos de acceso a agua
potable y un pequeño asfaltado del poblado para que pueda acceder el
autobús escolar", explica la concejala. Además, los servicios
municipales realizarán una limpieza intensiva y la desratización del
poblado.
Para algunos voluntarios, las letrinas y
otras actuaciones urgentes se han demorado demasiado. "No sé si la
Administración es tan lenta y no permite hacer cosas urgentes", afirma
Jorge Fernández. "No es de recibo, que ya hace seis meses que fueron
elegidos...", afirma con evidente molestia. En su opinión, las promesas
deberían haberse anticipado al frío. Este lunes, la temperatura mínima
en Madrid ha sido de unos 3 grados. "Es penoso que las criaturas estén
en estas situaciones".
Desde el Ayuntamiento, Marta
Higueras apunta que los terrenos sobre los que se levanta el poblado no
son municipales, por lo que toda actuación requiere "el permiso de los
propietarios, con los que nos hemos reunido", lo que demora la
intervención. Los niños haciendo sus necesidades encogidos por el frío,
al aire libre, tienen los días contados, según el compromiso del
Ayuntamiento.
Javier Baeza, párroco de San Carlos
Borromeo y otra de las personas activas en el poblado, es más
conciliador. "A mí me parece que esto es como todo, si lo comparamos con
la situación de junio para atrás, estamos mucho mejor", responde. En
octubre, la ONU respondió a una queja de los voluntarios (de la etapa
del Ejecutivo de Botella) sobre la inexistencia de saneamiento en El
Gallinero. La Relatoría de Naciones Unidas encargada de velar por el
derecho humano al agua indicó su interés de investigar esta vulneración de derechos humanos.
Las medidas a largo plazo
Marta Higueras afirma que, pese a la urgencia del plan de choque para
"dignificar las condiciones de vida" de los habitantes del Gallinero,
"el problema no se soluciona sólo con estas medidas". El Ayuntamiento
trabaja en un plan "a medio y largo plazo que tenga en cuenta la
situación de cada familia, de manera individualizada". El objetivo:
dejar atrás la pobreza en la que se ven envueltos los pobladores de El
Gallinero.
De momento, en el Consistorio no descartan
la autoconstrucción controlada de viviendas con mejores condiciones
sobre suelo municipal "cercano a donde está ahora el poblado", afirma
Higueras que subraya que "la idea no es trasladar el poblado, pero no
descartamos esta opción para las familias que no quieran vivir en
altura".
Jorge Fernández, que presentó hace cuatro
años junto a otros voluntarios un plan de autoconstrucción como
"solución" para El Gallinero, opina ahora que no es la mejor salida.
"Muchas familias, sobre el 40%, estarían preparadas para vivir en una
vivienda" de manera normalizada, con asistencia social.
Fernández sugiere el modelo de integración que implantaron hace años
varias regiones de Estados Unidos (y ahora está poniendo en práctica la
Comisión Europea) para personas sin hogar: Housing First. Este plan
consiste en garantizar una vivienda a estas personas, que reciben
asistencia social de manera periódica para controlar los avances y la
integración en el nuevo vecindario. En España, el modelo ha sido aplicado este año por Rais Fundación.
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Olé por esa Carmena! Qué lujo de alcaldesa y, sobre todo, qué alma grande y qué buena persona.
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(El País)
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El Consell destina 41 millones a suprimir el copago farmacéutico
La medida adoptada por el Gobierno valenciano beneficiará a 900.000 pensionistas con rentas bajas y 135.000 discapacitados
La consejera de Sanidad, Carmen Montón,
entre el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mònica Oltra, en las
Cortes Valencianas. / MÒNICA TORRES
El Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig,
ha aprobado hoy el decreto para eximir del copago farmacéutico a más de
un millón de personas, 910.000 pensionistas con rentas inferiores a los
18.000 euros anuales y a 135.000 personas con discapacidad.
La medida, que forma parte del pacto de gobernabilidad firmado por el PSPV, Compromís y Podemos, tiene un coste estimado de 41 millones de euros. La Consejería de Sanidad, que dirige Carmen Montón, ha acordado con los colegios farmacéuticos efectuar el pago directamente a los boticarios para que los colectivos afectados no tengan que realizar desembolso alguno.
La decisión del Gobierno de coalición (PSPV-PSOE y Compromís) tiene como objetivo garantizar la protección a la salud de estos colectivos más vulnerables. Para ello ha elegido la fórmula de la subvención, ya que la ley estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que introdujo el copago farmacéutico sigue vigente, según fuentes de la Generalitat.
La Consejería de Sanidad asegura que entre septiembre de 2014 y
agosto de 2015 el copago farmacéutico provocó que los pensionistas de
rentas bajas renunciasen en la Comunidad Valenciana a iniciar 468.909
tratamientos (un 32% de los prescritos por los médicos) y otros 198.607
tratamientos fueron abandonados al poco de iniciarse (16%). En total
400.000 jubilados con rentas bajas optaron por no comprar o no seguir
tomando los medicamentos que les habían recetado. Hasta ahora, estos
pensionistas tenían que abonar el 10% de los fármacos, con un máximo de
8,23 euros mensuales.
Respecto a las personas con discapacidad, la Consejería de Sanidad, que dirige Carmen Montón, afirma que en 2014 el copago motivó que 28.659 dependientes no iniciasen los tratamientos ordenados por los médicos y que 14.641 lo abandonasen una vez iniciado. En total, cerca de 83.000 tratamientos no iniciados o incompletos. Los colectivos afectados por el copago farmacéutico en este caso fueron los menores con minusvalías inferiores al 33% y los adultos con minusvalías inferiores al 65% que pagaron entre 12 y 36 euros mensuales por los medicamentos recetados.
El Gobierno de la Generalitat argumenta que, según el barómetro del Ministerio de Sanidad de 2014, un 7,9% de los valencianos dejó de tomar algún medicamento recetado por el médico por motivos económicos. "Es la tasa más alta de toda España", argumentan.
La vicepresidenta y consejera portavoz, Mònica Oltra, ha rechazado las críticas del PP hacia la decisión que tienen como objetivo "rescatar personas" y ha negado que existan dudas legales sobre la fórmula elegida por el Gobierno valenciano para eximir del copago farmacéutico a los citados colectivos. "Elegir entre medicarse o comer, eso sí que plantea dudas", ha dicho Oltra, que ha expresado su deseo de que se pueda desalojar al Gobierno de Mariano Rajoy para cambiar la legislación estatal en esta materia.
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Y olé ese Ximo Puig y esa Mònica Oltra! Nuevos tiempos, nuevos gobiernos, nueva conciencia. Está claro que donde hay honestidad y buena voluntad, todo tiene arreglo...hasta los destrozos resultantes de las canalladas del pp...
La medida, que forma parte del pacto de gobernabilidad firmado por el PSPV, Compromís y Podemos, tiene un coste estimado de 41 millones de euros. La Consejería de Sanidad, que dirige Carmen Montón, ha acordado con los colegios farmacéuticos efectuar el pago directamente a los boticarios para que los colectivos afectados no tengan que realizar desembolso alguno.
La decisión del Gobierno de coalición (PSPV-PSOE y Compromís) tiene como objetivo garantizar la protección a la salud de estos colectivos más vulnerables. Para ello ha elegido la fórmula de la subvención, ya que la ley estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que introdujo el copago farmacéutico sigue vigente, según fuentes de la Generalitat.
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Respecto a las personas con discapacidad, la Consejería de Sanidad, que dirige Carmen Montón, afirma que en 2014 el copago motivó que 28.659 dependientes no iniciasen los tratamientos ordenados por los médicos y que 14.641 lo abandonasen una vez iniciado. En total, cerca de 83.000 tratamientos no iniciados o incompletos. Los colectivos afectados por el copago farmacéutico en este caso fueron los menores con minusvalías inferiores al 33% y los adultos con minusvalías inferiores al 65% que pagaron entre 12 y 36 euros mensuales por los medicamentos recetados.
El Gobierno de la Generalitat argumenta que, según el barómetro del Ministerio de Sanidad de 2014, un 7,9% de los valencianos dejó de tomar algún medicamento recetado por el médico por motivos económicos. "Es la tasa más alta de toda España", argumentan.
La vicepresidenta y consejera portavoz, Mònica Oltra, ha rechazado las críticas del PP hacia la decisión que tienen como objetivo "rescatar personas" y ha negado que existan dudas legales sobre la fórmula elegida por el Gobierno valenciano para eximir del copago farmacéutico a los citados colectivos. "Elegir entre medicarse o comer, eso sí que plantea dudas", ha dicho Oltra, que ha expresado su deseo de que se pueda desalojar al Gobierno de Mariano Rajoy para cambiar la legislación estatal en esta materia.
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Y olé ese Ximo Puig y esa Mònica Oltra! Nuevos tiempos, nuevos gobiernos, nueva conciencia. Está claro que donde hay honestidad y buena voluntad, todo tiene arreglo...hasta los destrozos resultantes de las canalladas del pp...
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