La Conselleria de Vivienda prepara una ley para obligar a las entidades a ceder sus inmuebles en alquiler social.
La responsable de este departamento, María José Salvador, denuncia que el PP ha dejado una deuda de 7,5 millones de euros con varios ayuntamientos por impago del IBI.
La responsable de este departamento, María José Salvador, denuncia que el PP ha dejado una deuda de 7,5 millones de euros con varios ayuntamientos por impago del IBI.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, en el centro de la imagen.
Las entidades bancarias con presencia en la Comunitat Valenciana no podrán tener un stock de viviendas deshabitadas.
Así lo establecerá la nueva Ley de Función Social de la Vivienda, cuyo
anteproyecto se presentará dentro de un mes, según ha avanzado este
martes la consellera de Vivienda, María José Salvador (PSPV).
La responsable de este departamento ha explicado que
aquellas casas que sean propiedad de los bancos y que no se hayan
logrado vender o alquilar en un plazo determinado de años, deberán ser
cedidas a una bolsa que gestionará la Generalitat y que se destinarán a
familias desahuciadas o en situaciones extremas mediante un alquiler
social adecuado a sus posibilidades.
Salvador ha
comentado que de esta forma el nuevo Consell del tripartito (PSPV,
Compromís y València en Comú) que preside Ximo Puig quiere garantizar el
derecho universal a una vivienda digna en cumplimiento con el pacto del
Botánico.
De hecho, la nueva normativa prevé
importantes sanciones para aquellas entidades bancarias que se nieguen a
ceder las viviendas que cumplan con los parámetros que impondrá la ley.
Otras comunidades como Catalunya, Andalucía y País Vasco ya aplican
normativas similares.
Al respecto, Salvador ha
recordado que la mayoría de los bancos han recibido un rescate "de
71.000 euros de dinero público", por lo que las administraciones deben
recibir alguna contrapestación.
Además, ha denunciado
la falta de colaboración en una reunión que mantuvo hace días con
representantes de 11 entidades: "Les pedimos que nos facilitaran un
interlocutor para tratar temas de vivienda, que nos cedieran pisos
vacíos para casos de urgencia y que no hicieran ningún desahucio hasta
que se apruebe esta ley, pero solo Caja Mar, Banco Popular y Caixa
Ontinyent han aceptado"
El 45% de las viviendas de la Generalitat, vacías
La titular del departamento de vivienda ha criticado la gestión
realizada en los últimos años por el PP. En este sentido, ha denunciado
que se han econtrado una deuda de 7,5 millones de euros con diferentes
ayuntamientos de la Comunitat que corresponden a impagos del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) de los diferentes pisos de propiedad de la
Generalitat.
Salvador ha anunciado que el año que
viene abonarán 1,5 millones para no seguir incrementando esta deuda y
que realizarán un plan de pagos para ponerse al día con todos los
municipios afectados. Castellón, Elche, Paterna y Alicante copan la
mayor parte de la deuda.
Además, la consellera ha
denunciado que el 45% de las 1.040 viviendas propiedad de la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), antiguo Instituto Valenciano
de la Vivienda (IVVSA), están vacías
La mayoría de
ellas, unas 330, están en venta. Para darles salida, Salvador ha
anunciado que bajarán los precios y les cambiarán el régimen para
poderlas poner el alquiler y en alquiler con opción a compra.
La morosidad en viviendas sociales se eleva al 40%
Por último, ha afeado que de las 14.000 viviendas sociales que tiene la
Generalitat en régimen de alquiler, 689 están deshabitadas y sin uso
por su estado casi ruinoso. Según Salvador, el PP aprobó una partida de 8
millones de euros para arreglarlas este año, de los que solo han
gastado 400.000 euros.
La consellera se ha
comprometido a rehabilitarlas y ponerlas a disposición de personas
necesitadas en 2016 mediante una partida aprobada de 6,5 millones de
euros.
En cuanto a los actuales inquilinos de
vivienda social, un 40% de las familias no pueden hacer frente a los
pagos de las mensualidades, por lo que desde Vivienda han puesto en
marcha una campaña informativa sobre las bonificaciones de hasta el 90% a
las que pueden acogerse.
Salvador ha insistido en
que no harán desahucios en las viviendas públicas y que harán un
seguimiento de cada familia para asegurarse de que realmente no tienen
recursos y ha recordado que en la etapa del PP se hicieron en torno a
1.000 desahucios por impago en viviendas de la Generalitat.
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