La candidatura que lidera Alberto Garzón presenta una batería de medidas para que "el derecho a la vivienda" deje de ser "destruido" por "el arbitrio del mercado"
IU-Unidad Popular recoge en su
programa, al que ha tenido acceso eldiario.es, propuestas históricas de
los movimientos sociales y actuaciones que ya se han puesto en marcha
Alberto Garzón y su número dos, Sol Sánchez, en la presentación de la candidatura Unidad Popular.
Agustín Millán
La vivienda ha dejado de ser un derecho
destruido por "el arbitrio del mercado", que lo ha convertido en un
"negocio depredador, especulativo y voraz que tiene en los desahucios su
cara más salvaje". Bajo esta premisa, Izquierda Unida-Unidad Popular
propondrá para las elecciones generales una "intervención directa" del
Estado "frente a la emergencia habitacional" que, aseguran, existe en
España y en Europa por culpa de las políticas neoliberales que llevaron
al estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008. El punto
de partida: la vivienda es un derecho.
El programa de
la candidatura que encabeza Alberto Garzón, al que ha tenido acceso
eldiario.es, pone el foco en el inmenso parque de viviendas vacías en
manos de bancos y empresas. IU aspira a una Ley Orgánica que desarrolle
el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. Entre sus
preceptos, destacan dos medidas: "sancionar las viviendas deshabitadas
en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos y
personas jurídicas" y "regular la expropiación del uso de viviendas
vacías a las entidades financieras que desahucien a familias en riesgo
de exclusión social".
La primera de las propuestas ya se ha puesto en marcha, de forma incipiente, en Barcelona por el Gobierno municipal que encabeza Ada Colau.
La segunda formaba parte de la política de vivienda que intentó
implementar IU durante su participación en el Gobierno andaluz, fruto de
su pacto con el PSOE de Susana Díaz. La Junta aprobó un decreto que fue
recurrido por el PP al Tribunal Constitucional. El órgano tumbó la medida alegando que invadía competencias estatales. Por eso, ahora IU quiere regular esta posibilidad desde el Congreso.
El programa de IU aboga por prohibir que las viviendas públicas puedan
ser vendidas a "sociedades mercantiles privadas, a fondos de titulación
ni a fondos buitre". Una práctica que se ha
desarrollado en los últimos años por gobiernos municipales y
autonómicos, que se han desecho de parte del parque público de vivienda,
inquilinos incluidos, lo que ha provocado no pocos problemas tanto a los afectados como a las administraciones. Los
contratos, además, se han blindado, lo que está impidiendo de momento
que aquellas administraciones que han cambiado de manos este mes de mayo
puedan revertir la situación.
Dación en pago retroactiva
Un segundo bloque de medidas del programa de IU busca arreglar uno de
los problemas provocados por el estallido de la burbuja: hay personas
cuyas hipotecas son superiores al valor real del piso. Alberto Garzón
quiere regular la dación en pago retroactiva, lo que implicaría la
condonación de la deuda hipotecaria.
Las entidades
financieras deberán garantizar "un alquiler social para los deudores de
buena fe y sus unidades familiares" que se hayan acogido a la dación en
pago y "no dispongan de una alternativa habitacional". Dicho alquiler no
debería superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar,
"incluidos suministros".
Evitar los desahucios
Además, IU aboga por impedir la ejecución "de la primera y única
vivienda tanto de los titulares como de los avaladores". Es decir, que
la vivienda habitual debe considerarse "inembargable". El programa con
el que IU-UP concurrirá a las generales propone vetar los desahucios o
desalojos "de personas en situación de vulnerabilidad", ya sea por
impago de alquiler u "ocupación en precario" sin que una administración
"garantice un realojo adecuado".
En el caso de las
viviendas públicas, la prohibición es total: "Ninguna familia que no
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento podrá ser expulsada de
las viviendas públicas".
Garzón también propone
crear "oficinas en defensa de la vivienda desde la administración para
prevenir, intermediar y proteger" a las familias ante un riesgo de
desahucio.
En caso de realojo, IU propone que se produzca "en la zona donde las personas tengan sus redes vitales y sociales".
Un parque público como solución
El programa de IU adopta varias medidas contra la "emergencia
habitacional". La premisa es que el parque de viviendas públicas "debe
tener consideración de servicio público", al mismo nivel que la Sanidad o
la Educación. Por eso, no podrán "venderse ni privatizarse".
Dicho parque se nutriría de los "grandes tenedores" de viviendas por
dos vías. Primero, que las distintas administraciones "adquieran
anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas a precio de
coste". Además, se movilizarían pisos "en manos de entidades financieras
y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de
activos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario