La esclavitud moderna, también en España
"El informe nos pone un cero en las actuaciones relativas a las
cadenas de suministro que rodean estos crímenes, algo que es muy
importante para combatir la esclavitud"

El pasado mes de julio
se presentó un informe sobre la esclavitud en nuestro planeta que pasó
prácticamente desapercibido en los medios de comunicación españoles. Lo
ha realizado la Fundación Free Walk
en colaboración con la Organización Internacional de Trabajo y, a pesar
de las limitaciones de cálculo que el propio informe analiza, está
considerado como la aproximación más certera a este crimen. Un crimen
que muchos creerían extinguido y del que apenas se habla pero que se
comete día a día casi a nuestro lado.
El informe lleva por título The 2018 Global Slavery Index (puede leerse completo aquí)
y en él se define la esclavitud moderna como un concepto amplio que
incluye las situaciones en las que una persona, mediante amenazas,
violencia, coacción, abuso de poder o engaño, le quita a otra su
libertad para controlar su cuerpo, para elegir o rechazar un determinado
empleo o para dejar de trabajar. Todo lo cual puede manifiestarse bajo
formas diferentes: explotación sexual, trabajos forzados, tráfico
laboral de adultos y de niños y niñas, niños soldados, matrimonios
infantiles y de adultos obligados, esclavitud por deudas o la llamada
esclavitud por descendencia, cuando una persona está condenada a
permanecer en una de estas situaciones porque sus ancestros lo
estuvieron.
El informe calcula que en todo el planeta hay 40,3
millones de personas en estas situaciones, de las cuales el 71% del
total son mujeres y niñas, 10 millones son niños y niñas, 24,9 millones
empleadas en trabajos forzados, 15,4 millones son esposas forzadas, y
4,8 millones son personas explotadas sexualmente.
No
obstante, el informe advierte de que esas cifras están subestimadas con
toda probabilidad porque es prácticamente imposible registrar todos los
casos de esclavitud que se producen en el mundo (téngase en cuenta que
sólo en la prostitución hay entre 40 y 43 millones en el mundo, según la
prestigiosa Fondation Scelles).
Eso sucede, por ejemplo, con los que están relacionados con el tráfico o
secuestro de personas para quitarles sus órganos y venderlos después
para trasplantes (la Organización Mundial de la Salud calcula que se
vende ilegalmente un órgano humano a la hora o que el 8% de los que se
trasplantan en todo el mundo son de origen ilegal). También es casi
imposible determinar el número exacto de niños alistados en ejércitos o
la esclavitud laboral y familiar en algunos países de Oriente Medio, en
donde se sabe que se concentran millones de trabajadores en condiciones
de esclavitud, pero de muy difícil estudio por la falta de transparencia
y de libertades que suele darse en esos países. Y también son
especialmente difíciles de registrar los matrimonios forzados.
Según el informe, los países donde hay mayor prevalencia de estos tipos
de moderna esclavitud son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, República
Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán, Pakistán, Camboya e Irán.
Y los que tienen el mayor número de personas esclavas (el 60% del
total) son India (7,9 millones), China (3,8 millones), Pakistán (3,2
millones), Corea del Norte (2,6 millones), Nigeria (1,38 millones), Irán
(1,28 millones), Indonesia (1,2 millones), República Democrática del
Congo (1 millón), Rusia (0,79 millones) y Filipinas (0,78 millones).
Pero el descubrimiento más relevante del informe quizá sea que la
esclavitud no se registra solamente en los países de menor desarrollo,
sino que se produce también en los más ricos. En Estados Unidos hay
403.000 personas esclavas, 167.000 en Alemania, 136.000 en Reino Unido y
1,3 millones en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea.
Es cierto que la mayoría de estos países ricos son los que están
adoptando medidas más eficaces para combatir las distintas formas de la
esclavitud moderna pero también que aún presentan muchas lagunas en
cuanto a protección y que en los últimos años han establecido políticas
migratorias más duras y menos proteccionistas que se pueden reflejar
pronto en el aumento de la esclavitud en su seno. En todo caso, el
informe denuncia que algunos países con alta renta per capita (Qatar,
Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos) han tomado medidas muy
limitadas para hacerle frente. Y resulta especialmente terrible que en
muchos casos sean los propios Estados quienes recurren al trabajo
forzoso en centros públicos. Algo que no sólo ocurre en países
"malditos", como Corea, sino también en Estados Unidos, Rusia o China.
Y también es muy relevante que sean los países más ricos los que en
mayor medida se benefician de la esclavitud, no sólo por la que hay
dentro de sus fronteras, sino porque cada año importan los bienes y
servicios para cuya producción se esclaviza a millones de personas por
valor de unos 354.000 millones dólares.
El informe
sitúa a España en el lugar 124 de los 167 países estudiados, lo que
significa que está entre los mejores en cuanto al número de personas
esclavas, pero peor de lo que nos correspondería si se exigiera
correlación entre nivel de riqueza y ausencia de esclavitud. Entre
nosotros hay 105.000 personas esclavas, sólo el 2,27% del total de la
población, pero un número absoluto muy elevado que nos debería
avergonzar y obligarnos a actuar. Sobre todo, sabiendo que nuestra tasa
de vulnerabilidad o peligro de caer en esclavitud es mucho mayor, el
12,8% según el informe.
Es cierto, por un lado, que
somos el séptimo país en cuanto a mejores y más eficaces medidas contra
este crimen y ejemplares en algunas industrias en donde se concentra un
gran número de personas esclavas, como la pesca: de los 20 principales
países pesqueros España es el único en donde no se han reportado casos
de abuso o tráfico laboral en los últimos cinco años. Y también que
obtenemos buena nota en la ayuda que prestamos a los afectados, en la
persecución judicial de estos crímenes y en las medidas que adoptamos
para abordar el riesgo, pero el informe nos pone un cero en las
actuaciones relativas a las cadenas de suministro que rodean estos
crímenes, algo que es muy importante para combatir la esclavitud. El
gobierno central y los autonómicos deberían hacer frente con más
eficacia a estos problemas, sobre todo ahora que se agravan los
problemas migratorios que tan vinculados están con las mafias criminales
que hay detrás de la esclavitud. Un drama terrible que, como demuestra
este informe, no ha desparecido ni mucho menos en nuestros días y ni
siquiera en países como el nuestro o en los más ricos aún del resto de
Europa.
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