El Gobierno valenciano denunciará a los gestores que ocultaron el déficit

La Generalitat llevará al Tribunal de Cuentas a los responsables de esconder el gasto real entre 2008 y 2011 y recurrirá ante el Supremo la multa de 19 millones del Gobierno

Joaquín Ferrandis

Valencia 5 MAR 2016 (El País)

El presidente Puig acompañado por los consejeros de Hacienda y Justicia. J. C. CÁRDENAS (EFE)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este mediodía que pleiteará hasta el final para que los valencianos no paguen la multa de 19 millones de euros impuesta por la manipular los datos del déficit público entre los ejercicios 2008 y 2011.
Puig, acompañado de los consejeros de Hacienda, Vicent Soler, y Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros en funciones de endosarle a la Generalitat la multa de 19 millones de euros impuesta por la Unión Europea a España. Una sanción que la Administración central pagó el pasado 28 de enero y que ahora quiere repercutir a la Generalitat.
El jefe del Consell considera que es un nuevo acto de "deslealtad" del Gobierno de Mariano Rajoy porque éste actuó en connivencia con los Ejecutivos autonómicos presididos por Alberto Fabra y Francisco Camps en la ocultación del déficit real. Puig ha criticado también la decisión de la Administración central de abonar la multa a la Unión Europea sin interponer un recurso de casación y sin informar a la Generalitat. "No permitiremos que este modelo de deslealtad se haga crónico y no se nos informe de lo sucedido", ha dicho el dirigente socialista.

Recurso al Tribunal de Cuentas

En su comparecencia, Puig ha recalcado que también se iniciarán actuaciones contra "los gestores públicos que realizaron este desfalco" mediante la presentación de un pleito ante el Tribunal de Cuentas. "Quienes no tienen que pagar son los valencianos", ha recalcado el presidente. La directora general de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez, ha indicado que la semana próxima dispondrán de un informe para decidir cómo se exige "la responsabilidad contable" que no exigió ni el Estado ni el Tribunal de Cuentas de oficio.