¡Compañeros periodistas, ciudadanos todos!
La actuación unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez
de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario
de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de
todos los periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país
Elisa Beni
"Este secreto profesional tiene a la vez dos beneficiarios y realiza a la vez dos protecciones. De un lado ampara al periodista de los poderes públicos (...). De otro ampara a la fuente. Sin esta cláusula de protección sería imposible cualquier labor periodística de investigación"Javier Pradera
Quiero felicitar desde aquí al magistrado Miguel Florit. Es
absolutamente necesario. El juez titular del Juzgado de Instrucción
número 12 de Palma ha encontrado la piedra filosofal. Acaba de descubrir
él solito la solución a las zozobras de todos los sesudos juristas que
son y han sido en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional, por no mencionar al resto de su homónimos. Él
solito, oiga. Miren que he asistido a seminarios y programas del
formación, incluso del CGPJ, respecto a la situación en la que queda el
secreto decretado de un sumario cuando colisiona con la protección
constitucional de las fuentes de un periodista, miren que he oído
propuestas. No hacía falta. El instructor mallorquín tenía la clave:
saltarse la protección constitucional y campar a sus anchas. ¿Pero cómo
no se le ocurrió esto antes a nadie?
En realidad es como el que descubre la pólvora mojada.
¿Necesitas saber quién ha filtrado un dato secreto a un periodista? Pues
incautas e intervienes los teléfonos, ordenadores y dispositivos del
periodista. La existencia del artículo 20 de la Constitución y la
protección expresa, reforzada y manifiesta que realiza del secreto de
las fuentes y del derecho del periodista a salvaguardarlas no es
obstáculo. Si lo llegan a pensar antes los canelos de los altos
tribunales no estaríamos dónde estamos. Una pena que no consultaran con
Florit.
Mi ironía sí pretende ser sangrante. Es una
alerta, un grito, una demanda de reacción porque la actuación
unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no
sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de
Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los
periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país. El juez
de instrucción ha entrado como un elefante en una cacharrería en un
derecho que es un derecho absoluto y no ponderable. El derecho al
secreto profesional del periodista, y su expresa protección
constitucional, no es un derecho sometido a ponderación judicial porque
precisamente su objeto es proteger al periodista de la inmisión de los
poderes del Estado en su labor.
El constituyente
quiso preservar la tarea de control de la prensa y el derecho a la
información de los ciudadanos en una democracia, hasta el punto de
preservarla del controlador. Si el derecho al secreto de las fuentes por
parte del periodista fuera un secreto que dependiera de la ponderación
del juez respecto a la importancia o relevancia de su objetivo, sería un
derecho inexistente. Hay que entender que si de algo protege este
derecho es de la inmisión del poder judicial y del resto del poderes del
Estado. Esta protección pretende que las fuentes, las personas
conocedoras de asuntos que interesan al ciudadano y de relevancia
informativa y pública, puedan hacer llegar a los periodistas las
denuncias que estimen convenientes. No se trata de ponderar si el
interés del juez por su investigación pesa más que la protección del
periodista. Eso es tanto como anularla.
Está claro
que un juez no puede obligar a un periodista a testificar en juicio o en
instrucción sobre cuáles son sus fuentes. Si no puede obligarle, ¿puede
tomar por su mano los dispositivos en los que éstas quedan al
descubierto? No. No. Mil veces no. Esta es una cuestión que amenaza a
todos los periodistas y a todos los ciudadanos. La defensa de la
protección constitucional ha de ser cerrada y firme. Todos estamos
llamados a hacerla. Si un juez puede forzar el conocimiento de la fuente
que le dio a un periodista la información, se acabó la investigación
periodística y se acabó la función de la prensa como controladora de los
poderes del Estado.
¿Quiere esto decir que el juez
Florit no puede investigar quién ha violado el secreto decretado de
sumario? Evidentemente, no. El juez tiene obligación de investigarlo y
debe hacerlo de forma constitucional pero, claro, eso tiene otras
implicaciones. A un sumario declarado secreto tienen acceso el propio
juez, el o los fiscales, el secretario judicial y algún funcionario.
Ellos tienen deber de secreto y sobre ellos pesa el delito de revelación
de secretos.
¿Ha ordenado Florit la incautación e
investigación de los móviles y dispositivos de estos funcionarios? No.
Pues esa es la vía y el camino obligado, que no comporta vulneración
constitucional alguna. ¿Lo hará? ¿Ordenará a la policía investigar los
dispositivos electrónicos de sus compañeros? Ya hemos visto que ha
optado por la vía fácil pero también por la senda vedada. Lo mismo
sucedió en el Caso Lezo con la filtración de la "magistrada amiga" sobre
las escuchas telefónicas a Ignacio González. ¿Ordenó el instructor la
incautación y violación de los dispositivos de los magistrados,
fiscales, lajs (Letrados de la Administración de Justicia, antiguos
secretarios) y funcionarios que hubieran podido revelar ese secreto? Ya
saben que no.
Florit ha encontrado la vía fácil pero
prohibida y no sabemos si lo ha hecho por ignorancia inexcusable o por
pura prevaricación. En realidad, no quedan más opciones. No es un caso
aislado. Ahí sigue la anómala e incomprensible imputación por revelación
de secretos del director de este medio, Ignacio Escolar, y de Raquel
Ejerique. ¡A por ellos! parece que ha gritado alguien.
No van a por nosotros, o no sólo, van a por el derecho a la información
del ciudadano y a sembrar el miedo entre los profesionales para que no
osemos levantarle la voz al poder. ¡Compañeros periodistas, van a por
todos!
¡Ciudadanos todos, van a arrebataros un derecho irrenunciable!
Ser constitucionalista es también defender esto.
Turquía, sin puente aéreo.
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