Los cartujos se apropian del monasterio valenciano de Portaceli, del siglo XIII, que les cedió Franco en 1946
Sergi Pitarch
- Valencia
eldiario.es
La orden de los cartujos no quiere que los técnicos de la Diputación de Valencia entren en el monasterio de Portaceli para inspeccionar el patrimonio que hay en su interior y la propia estructura medieval porque lo consideran de su propiedad y no están sujetos a su jurisdicción, según una "donación" de Franco del 12 de noviembre de 1946. El prior del monasterio asegura que "no les afecta" la legislación patrimonial de la entidad provincial.
En la orden están convencidos de
la propiedad del monasterio, que inmatricularon tras la cesión, pero el
expediente de traspaso contradice, en parte, esta afirmación, máxime
cuando se fijaron dos condicionantes que en caso de no cumplirse
deberían provocar la reversión automática del monasterio y sus ricos
terrenos adyacentes a la Diputación de Valencia, como recoge el
expediente de la cesión que revela en exclusiva eldiario.es y que nunca
había salido a la luz. Un documento de un alto valor histórico porque
cuantifica el precio por el que el Estado compró la propiedad con dinero
público a varios particulares en 1931, 3.675.741,13 pesetas.
Y es que el monasterio de Portaceli, situado en el término municipal de
Serra (a veinte kilómetros de Valencia), perteneció a la orden de los
cartujos desde su fundación en 1272 -cuarenta años después de la
conquista de Valencia- hasta la desamortización de Mendizábal. La
cartuja, así como los terrenos adyacentes, pasó a manos privadas en el
siglo XIX hasta que en 1931, la Diputación de Valencia compró los
terrenos para la construcción de un "sanatorio antituberculoso".
Pasada la Guerra Civil y con la victoria del bando franquista, en 1944
se decide ceder el monasterio y los terrenos adyacentes y se inicia el
trámite que se cierra el 12 de noviembre de 1946. Se cumple, por tanto,
este noviembre el 75 aniversario de la operación. Una operación que
impulsó y culminó Adolfo Rincón de Arellano como presidente de la
Diputación de Valencia.
Desde la orden defienden a
preguntas de eldiario.es que la escritura "deja claro" que se trata de
"una donación" que, además, se inmatriculó a nombre de los cartujos.
"Pagamos el IBI en el Ayuntamiento de Serra todos los años, más de 2.000
euros", explican fuentes de la administración del monasterio. Por ello,
entienden que son los únicos autorizados para hacer y disponer lo que
consideren con los terrenos y los edificios. Es más, al ser una orden de
clausura, no es posible visitar las instalaciones. También consideran
que la Diputación de Valencia no puede realizar inspecciones sobre su
patrimonio.
Y es ahí donde la escritura que hoy
reproduce eldiario.es contradice esta actitud. La cesión está sujeta a
dos condicionantes que, de no cumplirse, revierten la propiedad en la
Diputación de Valencia. "La fórmula propuesta por la Diputación de
Valencia para la enajenación o cesión de la cartuja dista mucho de ser
una donación pura y simple y a título gratuito, sino que es una cesión
condicional y en cierto modo onerosa", reza el expediente. El primer
condicionante es que solo la orden de los cartujos puede gestionar los
terrenos -es decir, no se podría vender o ceder a otra orden-. El
segundo, que el patrimonio debía ser restaurado en un período de 20 años
-algo que se hizo- y que debe mantenerse y cuidar su patrimonio de
manera permanente.
¿Pero cómo puede saber la
Diputación de Valencia que las tareas de mantenimiento del patrimonio
-de valor incalculable- se llevan a cabo si sus técnicos especialistas
no pueden acceder a constatarlo? De esta manera es imposible saber si la
orden de los cartujos están cumpliendo con una condición sine quan non para que puedan continuar con la cesión.
El diputado provincial José Ruiz Cervera, del PSPV-PSOE, es quien se ha
interesado por la situación patrimonial de la cartuja de Portaceli, que
se desconoce desde 1946 porque lo ocupa una orden que hace votos de
clausura. La petición la realizó, porque la Diputación de Valencia está
llevando a cabo una actualización de su inventario de bienes, que
incluye necesariamente la revisión del estado de conservación de los
edificios e instalaciones de su propiedad, cedidos o arrendados por la
corporación.
Y es con la respuesta de la orden cuando
han saltado las alarmas al considerar que la inspección de la
Diputación de Valencia no puede constatar en qué situación de
conservación se encuentra el patrimonio. Es imposible saberlo porque
nadie ha entrado tras su cesión y posterior rehabilitación realizada por
los monjes cartujos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario