Últimos estertores
La familia Franco ha desaprovechado la oportunidad de mostrar una
mísera parte de la comprensión que la sociedad española ha mostrado con
ellos
Seguro que el Gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, pero con esta actitud no le dejan otra alternativa que ser contundente. Por responsabilidad y salud democrática no le queda elección
Seguro que el Gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, pero con esta actitud no le dejan otra alternativa que ser contundente. Por responsabilidad y salud democrática no le queda elección
Este martes viviremos un nuevo 20N lleno de nostalgia y exaltación JoseAntoniana y
Franquista. Por lo que ya hemos visto este fin de semana, incluidas
agresiones a varias activistas de Femen, la exhibición será mayor que
otras veces, en lo que parece una muestra estertórea ante la exhumación
inminente de los restos del dictador.
Esto que pasará este martes en nuestro país quizá acapare algo más de
atención ante la incipiente preocupación por los despertares de un
neofascismo (al que le sobra el prefijo) ya que en España no es nada
nuevo, sino más bien un ligero remodelado con el lenguaje modernizado de
los mismos nostálgicos que hoy mostraran la bandera vigente en la
dictadura, “la del pollo”.
Las ceremonias en recuerdo y honor del dictador y del
fundador de la falange, la caminata nocturna y las reacciones
exacerbadas ante la desaparición de simbología fascista en los espacios
públicos -que alcanza su zénit con la retirada de los restos de Franco
del mausoleo construido con trabajo esclavo en el Valle de Cuelgamuros - están normalizadas en nuestro país, estamos acostumbrados a verlas año tras año desde el 20 de noviembre de 1975.
Sin embargo, fuera de nuestras fronteras suponen un anacronismo difícil
de entender. Más allá de los Pirineos y los mares que nos rodean, en
lugares desde los que vinieron hombres y mujeres a nuestro país para
luchar contra el fascismo y donde nos celebran y conmemoran como el
pueblo que participó de forma esencial para dar uno de los golpes
definitivos al nazismo en la liberación de París, somos considerados
una anomalía democrática.
Fuera de aquí no hay dos
bandos, ni equidistancia, ni dobles raseros. Fuera de aquí hay un orden
democrático que fue violentado por un golpe de Estado, una guerra
sangrienta y una dictadura genocida. Fuera de aquí no hay ningún tipo de
confusión entre demócratas y fascistas.
Hay
expertos y expertas que explican esta diferencia como consecuencia del
intenso trabajo de construcción de memoria que se realizó durante el
Franquismo y que llega a nuestros días a través del “atado y bien atado”
traducido en los pactos de silencio y equidistancia de un periodo
transicional que parece eternamente inconcluso.
Por
eso quizás sea normal aquí lo que fuera no lo es, como que el Estado de
nuestro país haya permanecido de perfil ante los Derechos Humanos y los
tratados internacionales que hemos adquirido, como si fuesen algo
opcional y no de obligado cumplimiento.
Es además
inexplicable en términos democráticos que algunos de los que se
autodenominan constitucionalistas ignoren el contenido del artículo 10.2
de la Constitución Española que obliga a su interpretación conforme a
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales ratificados por nuestro país. Es decir también
es derecho interno, tal y como nos recordó recientemente, una vez más,
el relator especial de la ONU Fabian Salvioli.
Y es
que la UE y la ONU han reclamado a nuestro país el obligado cumplimiento
de estas normas en innumerables ocasiones. Incluso con informes que
concretan los incumplimientos que generan los déficits democráticos más
preocupantes, como la falta de responsabilidad del Estado en la
exhumación de desaparecidos en el segundo país del mundo con mayor
cantidad de los mismos o la anulación de sentencias y otras ordenes
franquistas aún vigentes hoy en día. La falta de formación en este tipo
de Derechos Humanos en la función pública, judicatura y fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, o la privación de efecto de la mal
llamada Ley de Amnistía, son también requeridos en estos toques de
atención.
Se incluye además en las resoluciones de
la ONU la retirada de simbología franquista y fascista incluido aquello
parece estar levantando tanto revuelo y dando minutos de televisión a
los nostálgicos de la dictadura: la exhumación del dictador y la
resignificación de la mayor fosa común del país: El Valle de los
Caídos.
Ante esta acción del Estado de obligado
cumplimiento y de absoluta necesidad por higiene democrática, lo normal
es que no hubiese habido resistencias. En otros lugares los dictadores
están en lugares ignotos, privados o en una urna en manos de sus
familiares.
La familia Franco podía haberse
comportando con amplitud de miras, entender que los Derechos Humanos son
fundamentales y que están por encima de otros derechos particulares.
Entender que el tratamiento de los restos de un dictador supera su
ámbito familiar, comprender que la salud democrática de una sociedad es
importante y sencillamente depositar los restos de su familiar, con
dignidad y discreción, en un lugar privado donde no generen un problema.
No era tan difícil.
La familia Franco ha
desaprovechado la oportunidad de mostrar una mísera parte de la
comprensión que la sociedad española ha mostrado con ellos. No parece
ser suficiente para despertar su “generosidad” tener la oportunidad de
inhumar dignamente a su familiar, mientras esa oportunidad les es negada
aún hoy a 114.000 familias que no tienen un lugar donde depositar una
lágrima o una flor.
Y en su lugar ha decidido dar la
batalla, enalteciendo el franquismo, desafiando al Estado con la
amenaza de montar un centro de peregrinaje fascista en plena capital de
nuestro país y pretendiendo humillar, una vez más, a las víctimas del
dictador y a la sociedad española exigiendo funerales de Jefe de
Estado.
Así hoy en España hay una familia que está
sosteniendo un pulso con el Gobierno del Estado. Una familia que no es
ni más ni menos que ninguna otra de nuestro país y que sin embargo actúa
como si gozase de privilegios e impunidad no concebibles para ninguna
familia en democracia, a excepción por Ley de la familia real, pero ese
es otro debate.
Y digo hoy -no hace ni cuarenta ni
ochenta años- esto pasa en España hoy. Y no se trata ni de reabrir
heridas, ni de reconciliaciones, venganzas o perdones. Eso pertenece al
ámbito personal de cada cual. Se trata de que si una familia puede poner
hoy en jaque a un Estado, ese Estado tiene un problema democrático.
Seguro que el Gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, pero con esta
actitud no le dejan otra alternativa que ser contundente. Por
responsabilidad y salud democrática no le queda elección. Si la familia
quiere los restos en un lugar público, incluida la Almudena, ese lugar
deberá ser cerrado por el Estado porque así lo dicta el Derecho
Internacional que nuestra Constitución hace interno. Por muchas largas
que el Partido Popular y Ciudadanos intenten darle a su connivencia con
la situación, prolongando la presentación de enmiendas a la Ley de
Memoria una y otra vez en un uso torticero y perverso de la normativa
parlamentaria.
Desprenderse de privilegios siempre
genera resistencias, pero la familia del dictador y los nostálgicos
tienen que entender que su tiempo de gloria pasó. Mientras ellos se
anclan al pasado, la sociedad española evoluciona y lo mira para
entender su presente y obtener mejores garantías de futuro. Está
preparada para exhumar no solo a Franco sino al franquismo y no va a
consentir que las resistencias antidemocráticas de unos pocos vayan más
allá de estos los de hoy, sus últimos estertores.
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