La línea 7 del Metro de Madrid, 'modus operandi' del Partido Popular
La simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política
se lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando
lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que perjudican a la
clase trabajadora
Opacidad, amaños,
gestión ruinosa e inauguraciones con paellas para 2000 personas. Este es
el resumen de la gestión de infraestructuras del Partido Popular
durante décadas en la Comunidad de Madrid.
La simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política se
lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando
lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que perjudican a la
clase trabajadora.
La inversión presupuestaria conlleva una enorme
responsabilidad para aquellas personas encargadas de dotarla
económicamente y materializarla en proyectos que apuesten por una mejora
de nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra forma de relacionarnos y
de avanzar hacia una sociedad equilibrada, justa y sostenible.
Las decisiones en torno a los proyectos de infraestructuras de una
región no sólo determinan la forma en que se desarrollará la misma, sino
que comprometen presupuestariamente una importante cantidad de dinero
en su ejecución y en su posterior conservación.
Es
por esto que deben ser decisiones estudiadas, debatidas, transparentes y
que supongan un cambio hacia un modelo de región sostenible tanto en su
aspecto económico como, de manera más importante, en el medio
ambiental.
La política de infraestructuras de la
Comunidad de Madrid durante la última década ha estado marcada por 3
rasgos muy alejados de los objetivos mencionados. Por el contrario han
estado centradas fundamentalmente en los siguientes aspectos:
- Búsqueda de objetivos electorales que obligan a que los plazos se
ajusten al calendario político comprometiendo en ocasiones la
seguridad.
- Sobrecostes desmesurados que han llegado a triplicar el coste inicial previsto de la infraestructura.
- Opacidad absoluta tanto de los proyectos adjudicados, como de su verdadero coste de ejecución y mantenimiento.
Las recientes noticias acerca de la financiación ilegal del Partido
Popular, además de haber propiciado el primer cambio de gobierno en
democracia a través de una moción de censura, han corroborado lo que
todas conocíamos de antemano: las adjudicaciones y los compromisos en
infraestructuras de los gobiernos del Partido Popular esconden tratos de
favor a grandes empresas y financiación encubierta bajo una Caja B que
ha quedado perfectamente acreditada. Esta simbiosis entre las empresas
constructoras y la derecha política se lleva arrastrando durante más de
un siglo en nuestro país, forjando lazos entre corruptores y corrompidos
con nudos que ahogan a la clase trabajadora.
Son
innumerables los ejemplos que podríamos detallar en la Comunidad de
Madrid siguiendo al dedillo la metodología implantada en todo el estado
por el Partido Popular: la ejecución y posterior gestión de la M45, con
enormes sospechas de una adjudicación amañada, costes inflados y sin
duda alguna de un modelo de gestión ruinoso para todas las madrileñas;
el metro ligero que supone otro capricho electoral de la era Gallardón
cuyo sobrecoste sufrimos ahora todas las madrileñas con otro modelo de
gestión absolutamente ruinoso; el tren de Móstoles a Navalcarnero, otro
sistema de concesión ideado por Esperanza Aguirre y por el que la
constructora OHL (me resulta familiar..) reclama 371 millones de euros
en concepto de responsabilidad patrimonial.
Sin
embargo, hay un ejemplo aún más clarificador del modelo de
infraestructuras con el que los gobiernos de la Comunidad de Madrid
arruinaron la región con objetivos electorales: la ampliación de la
línea 7 de metro, el llamado “Metro Este” que ahora necesita una nueva
obra de rehabilitación, un nuevo problema para los vecinos de la zona en
su movilidad y un nuevo derroche de dinero público por una penosa
gestión.
Las obras de prolongación fueron
divididas en 3 tramos, adjudicando dos de ellos a Dragados (también me
resulta familiar…) y siendo ejecutadas entre 2003 y 2007. Las obras
sufrieron un cambio repentino de trazado incorporando, además, 2
estaciones adicionales y encareciendo la inversión inicial alcanzando
más de 645 millones de euros. Como es costumbre para las inversiones en
infraestructura del Partido Popular, las obras se inauguraron 15 días
antes de las elecciones del año 2007 (¿casualidad?). Sin embargo, sólo
unos meses después ya se estaban planteando las primeras reparaciones.
Las primeras de una lista de reparaciones que se sucedieron en el año
2008, 2011 (por partida doble), 2014, 2015, 2016, 2017 y, de nuevo, el
próximo verano.
El principal problema que presenta
el túnel es que justo en uno de los puntos donde se modificó el trazado
con la obra ya en marcha, hay una elevada concentración de halita, es
decir sal altamente soluble que, ante una presencia de agua mayor de lo
esperada en los supuestos informes geotécnicos y geológicos, provoca una
rápida disolución con la consecuente problemática para la estabilidad
del túnel. Esta sal, además, se filtra entre las dovelas del túnel
provocando enormes depósitos de sal en el interior del túnel.
Pese a que la asamblea de Madrid ha solicitado de manera reiterada los
informes necesarios para poder llevar acabo el repentino cambio de
trazado, éstos nunca se han presentado y todo parece indicar que no
realizaron las investigaciones geológicas y geotécnicas necesarias para
garantizar una correcta solución técnica. Máxima opacidad, modus
operandi made in PP. La entrada en el blog de Nación Rotonda da explicaciones más detalladas de los problemas que se han generado por no realizar un estudio detallado de la obra.
De lo que sí se aseguraron es de celebrar la inauguración con una
paella, bombo y platillo para 2000 personas (obviamente, en plena
campaña electoral). También forma parte de su modus operandi.
Nuevas impermeabilizaciones millonarias, inyecciones en el terreno para
consolidar el terreno y evitar mayores desastres que han supuesto
prácticamente un nuevo túnel por fuera del existente, obras de
emergencia, cierres de la línea de metro durante meses prácticamente
cada año, graves problemas en las viviendas de los vecinos cercanas a
las zonas problemáticas del túnel, son los precios que ahora debemos
pagar entre todas por su penosa gestión de las infraestructuras de
Madrid centradas en el beneficio electoral y en adjudicar contratos a
sus empresas afines.
Las obras de rehabilitación de
la línea 7 nos han supuesto ya más de 25 millones de euros adicionales.
Cada año anuncian que ese será el último en que la línea 7b será cerrada
por obras. Pero la realidad es que desconocen cuándo se solucionará ya
que no conocen la extensión de los lagos hipersalinos próximos al túnel.
¿Cuánto durarán esta vez las obras? En 2015 cerraron de urgencia
durante un año para intentar solventar el problema, de manera
definitiva, nos dijeron.
Es el momento de aportar
por una gestión transparente en la que se publiquen los proyectos
ejecutados para la ciudad, se expliquen sus problemas y se compartan las
soluciones sin engañar continuamente a las madrileñas. Es el momento de
abandonar el expolio de la derecha madrileña por su pésima gestión de
las inversiones, no sólo en infraestructuras, si no en todos los
aspectos bajo su competencia. Es el momento de planificar nuestra región
bajo proyectos participados, eficientes y sostenibles, trabajando con
escrupulosidad técnica y garantizando que cada euro que se invierta irá
encaminado a mejorar la vida de todas nosotras. Es el momento de
abandonar las políticas centradas en réditos electorales, en contentar a
las grandes constructoras y empezar a atender las verdaderas
necesidades de la ciudadanía, a la que debe sustentar digna y lealmente
nuestra región. Es nuestro momento. Ahora la Comunidad.
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