La Valencia a la Corleone pepera está que se sale

La misteriosa llamada al expresidente de la Diputación de Valencia durante la operación que acabó con su carrera política

La UDEF desprecinta los dispositivos incautados en la Operación Alquería y empieza la evaluación de los registros de llamadas y correos electrónicos tres meses después
El jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, realizó una llamada al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, pocos minutos después del inicio de los registros, algo que ha llamado la atención a los investigadores por si hubo una fuga de información

Sergi Pitarch - Valencia

11/10/2018 - eldiario.es

José Luis Vera (derecha) junto a Víctor Sahuquillo y Agustina Brines en la presentación de la nueva imagen de Divalterra

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía nacional ha empezado el análisis de la información existente en los dispositivos electrónicos que se incautó en la operación Alquería, en la que fue detenido y puesto en libertad sin cargos el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y otras cinco personas. Los investigadores han tardado casi tres meses en desprecintar el material requisado, pero llevan varias semanas -desde el 11 de septiembre- analizando mensajería instantánea ( whatsapps) y registros de llamadas de los ahora imputados para realizar. 

De este material y estas pesquisas debe salir el informe de la UDEF que, presumiblemente, sirva para levantar el secreto de sumario una vez lo lean el juez y el fiscal. Según ha podido saber eldiario.es de fuentes conocedoras de la operación, los investigadores están sorprendidos por una llamada realizada por el jefe de jurídico de Divalterra a Jorge Rodríguez a penas se inició el registro policial la mañana del pasado 27 de junio.

Los investigadores cotejan todas las llamadas de los dispositivos móviles de los seis detenidos y se sorprenden de la llamada de Vera la mañana del 27 de junio, poco después de las 8 horas y mientras los agentes registraban su domicilio. Máxime, cuando en todo el registro telefónico no aparece, apuntan fuentes de la investigación, ni una sola llamada de Vera al presidente de la Diputación de Valencia en su historial de los seis meses anteriores.

Y es que Vera ha sido una persona clave en los últimos tres años en la gestión de Divalterra. Ha sido el asesor jurídico de los tres gerentes -José Ramón Tíller, Víctor Sahuquillo y Xavi Simó, todos dimitidos- y quien ha llevado la relación más cercana con los instructores del caso Taula, que investiga el saqueo de la empresa Imelsa, posteriormente bautizada como Divalterra. De hecho, fue Vera quien impulsó la realización de la auditoría forense de la antigua Imelsa - con importantes irregularidades en su contratación- que posteriormente se entregó al fiscal y al juez del caso Taula.

La llamada a las 8 horas del día 27 de junio ha abierto sospechas sobre la información que en Divalterra se pudiera manejar de la operación jurídico-policial Alquería, que hizo caer al presidente de la Diputación de Valencia y que todavía sigue secreto de sumario.

El denunciante de las contrataciones irregulares tiene una más que estrecha relación con José Luis Vera y la tuvo en su momento con Marcos Benavent, el "yonki del dinero". Una relación que no se entiende en el PSPV, partido que ha nombrado a Vera en Divalterra, porque consideran al denunciante como "un topo de los corruptos". Y es que el denuciante entró en Imelsa sin concurso y de la mano de Benavent, con subidones de sueldo incluidos y sin justificar.

También sorprende en el PSPV que en todo el proceso la contratación de los siete altos cargos no tuviera ningún informe negativo por parte se los servicios jurídicos de Divalterra, cuando hasta tres informes externos -no una docena como se dijo- alertaron de las irregularidades que han costado el puesto al ya expresidente de la Diputación.

La UDEF ya trabaja en su informe sobre los registros del día 27 de junio en domicilios particulares, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent.

El empleado que denunció los "enchufes" del caso Alquería entró a dedo en Divalterra con el 'yonqui del dinero'

El empleado se convirtió en técnico jurídico de la empresa pública de la Diputación de Valencia tras ser contratado con tan solo una entrevista entre veinte aspirantes
Marcos Benavent pagó 6.100 euros de más al empleado por productividad en 2014 y ocultó su salario a la administración
En la etapa de Jorge Rodríguez, que dimitió como presidente tras ser detenido en la operación policial, el denunciante mejoró su salario y puesto de trabajo a propuesta del actual director jurídico y letrado afín a los socialistas, José Luis Vera.

Sergi Pitarch - Valencia.eldiario.es

26/09/2018 - 22:27h

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en una comisión de investigación de las Corts. EFE

El juzgado de Instrucción que investiga el caso Alquería, que acabó con la detención de cinco personas y el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, ha reiniciado la instrucción que sigue bajo secreto de sumario. La denuncia inicial de un trabajador de la empresa pública Divalterra que precipitó la posterior denuncia del fiscal en el juzgado señalaba la contratación por "enchufe" de siete altos cargos de PSPV y Compromís y las amenazas y coacciones que habría sufrido por parte de Rodríguez y su entorno para "legalizar" estas contrataciones en un consejo de administración de noviembre de 2016.

El empleado que presentó esta denuncia por nepotismo y falta de competencia en el acceso a los puestos directivos entró en la empresa en septiembre de 2013 a dedo cuando era gerente Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero. Su acceso, como la de todos los puestos que accedieron a la empresa pública Divalterra entre  2007 y 2014 fueron irregulares, como concluyó la Intervención General del Estado en un informe pericial presente en el sumario del caso Taula -que investiga el saqueo de la anterior Imelsa en la etapa del PP- y al que ha tenido acceso eldiario.es.

En el caso del denunciante del caso Alquería, que al hablar con este periódico hace varios meses se negó a explicar la denuncia al estar la causa bajo secreto de sumario, su acceso a la empresa como técnico jurídico en 2013 ni tuvo prueba de conocimientos ni test psicotécnico ni una valoración de méritos. Este empleado, que goza de un importante estatus en la actualidad, fue seleccionado con una sola entrevista entre veinte aspirantes, según el informe de la Intervención. Es decir, accedió de una manera totalmente discrecional cuando Marcos Benavent controlaba la empresa.

Pero no fue el único beneficio que recibió del "yonqui del dinero", ya que en 2014 recibió un plus de productividad de 6.129 euros. Este pago, que también cobró Benavent y otros altos cargos de la saqueada Imelsa, está siendo investigado en el caso Taula tras el peritaje de Intervención del Estado. Como contó eldiario.es hace dos meses, este empleado fue uno de los que su sueldo fue ocultado a los responsables de administración. Un hecho más que certifica el buen trato que recibió el cerebro del caso Taula.

El actual gobierno de izquierdas ha mantenido a este jurista en puestos de responsabilidad y con retribuciones especiales hasta su ruptura con Rodríguez y su equipo a los que, además de denunciar por enchufar altos cargos, también acusa de coacciones y amenazas, presuntos delitos que no se están investigando en una causa que todavía es secreta. Llama la atención que este empleado realizara una denuncia por las contrataciones y que su propio acceso también haya sido tachado de irregular por la Intervención en el caso Taula.

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Eso sí que es un pedigrí por todo lo bajo, por el underground de la mierda. Y a "esto" se le toma en serio cuando denuncia lo mismo que "esto" ha hecho desde 2013, que se sepa. Y sin embargo, a un adepto del Caso Taula se le considera fidegino, se le hace caso en sus delirios denunciantes y se monta un pollo policial contra el equipo de una Diputación, sin más motivos que la difamación y los golpes bajos para deteriorar al gobierno del cambio  y ponerlo en la tesitura de elegir entre apariencia decente e indecencia real, que es la marca del pp. Era algo evidente desde el principio, que esto es un esperpento mucho más cerca del delito que de la ética, esa señora siempre ausente del nº 13 en la Calle Génova. Para un país normal y civilizado "esto" sería  un numerito ridículo, tan absurdo y estúpido como por ejemplo lo sería acusar y detener a los alcaldes  por conocer desde chicos a los concejales y tomar café en el mismo bar del pueblo, donde, como seguramente habrían hecho los acusadores, se reunían para montar tramas a costa del dinero público, y anda que no lo sabrían ellos de buena tinta...
A ese nivelazo está la pericia de nuestro poder judicial, que adjudica y supone honradez al primero que denuncia un caso, sin comprobar primero si la denuncia es cierta, quién la hace y por qué motivos y qué historial fidedigno o deshonesto tienen los denunciados y los denunciantes...Ya está bien con que la Justicia tenga que llevar una venda en los ojos para según que cosas y tener una lupa de aumento para según que otras. Con estas movidas la Ley se convierte en una servilleta más de la mantelería más inmunda.

De este modo el propio Poder Judicial se convierte en cómplice de los delincuentes cuando la verdad se acaba descubriendo, tarde o temprano y no sólo se degrada a sí mismo el partido acusador y mangante en un amisma pieza, sino que también la propia Justicia se hace ya inverosímil como tal función disfuncionante. Las ciudadanas nos preguntamos muchas cosas ante este estercolero de torpezas en putrefacción. ¿Cómo un partido político calificado de delincuente institucional, que ha merecido una sentencia judicial que debería obligarle a dimitir sin más, y además con la moción de censura justísima por parte del poder legislativo representante de la voluntad popular mayoritaria y democrática, puede ser tomado en serio a la hora de denunciar a alguien? ¿No deberían esos jueces insensatos o corrompidos dimitir de sus responsabilidades por daños irreparables contra la honestidad y la dignidad de las víctimas de difamaciones y maldades que son solo una réplica-espejo de la basura de los denunciantes y sus conductas repulsivas? Pero, ¿quién debería controlar los usos y costumbres de los controladores estatales, colocados a la carta por lospartidos políticos en los que además suelen militar y/o compartir criterios, ideologías e intereses, recompensas y beneficios? 

Nos falta democracia real, nos falta  constitucionalmente una comisión ciudadana votada por comunidades y municipios, que se nombre cada año para que no haya posibilidad de montar tramas de ningún tipo y que esté al loro de las tramas de este tipo, que pida explicaciones a los jueces y a los diputados y cargos ministeriales, presidenciales e incluso a la actual marioneta del jefe del estado,  y que siga de cerca las maniobras de los controladores y que la Ley no les sirva de tapadera ad hoc para sus enjuagues públicos o privados, y que para admitir a trámite acusaciones, detener y agredir moralmente, haya que tener conocimiento constatable y no hipotético, previo  a cualquier detención y registro montados como espectáculo por los muchos Villarejos y Billys el Niño, -que aun quedan sueltos por esos sumideros y cloacas  del infierno en los que jamás se ha hecho limpieza en profundidad y sólo se pasa el plumero sobre la mugre añeja-, de quién es de verdad el que acusa, tanto como del comportamiento habitual del acusado en  sus responsabilidades sociales y políticas, antes de decretar registros y detenciones preventivas que para colmo dejan libre para escapar, si así lo decide, al acusador en el caso de que la acusación sea una calumnia. ¿Cómo pueden tomarse en serio las malas artes de un individuo al que colocó en el puesto gestor del pufo  Imelsa (ahora Divalterra) nada menos que el yonky del dinero, Marcos Benavent, que ahora es un arrepentido  absolutamente horrorizado de sus propios actos en el mismo pasado que compartió y favoreció al acusador de marras?
O sea, esto es como si la justicia hubiese dado crédito al cómplice favorecido por un Al Capone de la política financiera, que ahora está arrepentido del latrocinio en el que participó antes de comprender que era un corrupto compulsivo solo por dinero...y se puso a denunciar a todos los maleantes con los que había compartido beneficios y culpas. Paradójicamente, un cómplice de Benavent es el mismo que ha denunciado al nuevo equipo de la Diputación de Valencia, convencido de que, seguro, que algo encuentran en los registros para que el Psoe y el pp de Valencia resulten ser publicitariamente  la misma bazofia corrompida.
Si los ciudadanos dimos por hecho en su momento la inmundicia de la máqina del fango pepera desde el día en que se inventó y explotó como una traca prefabricada con prisas la operación "Alquería", ¿cómo puede ser tan lerda y desastrosa  la Justicia? ¿O es que la justicia es del pp? ¿O es que esta justicia tan poco justa  es una pantomima y un pitorreo hecho institución, en la España del Hidalgo del Lazarillo, del Patio de Monipodio y del derecho de pernada por los siglos de los siglos?

Y lo mismo que para la Justicia vale para el Psoe; tal como afirma esta noticia: ¿Cómo es posible que:  En la etapa de Jorge Rodríguez, que dimitió como presidente tras ser detenido en la operación policial, el denunciante mejoró su salario y puesto de trabajo a propuesta del actual director jurídico y letrado afín a los socialistas, José Luis Vera ? 

He llegado a un conclusión irrefutable según lo que llevo visto y vivido: la maldad nunca sería posible sin la 'generosa' y patética cooperación de la estupidez.  Está bien que haya dimitido Jorge Rodríguez, y no porque se haya corrompido en lo más mínimo, que estoy segura de que nunca lo ha hecho, porque conozco de buena tinta como se comporta en Ontinyent como alcalde impecable. Pero sí que es un motivo inapelable para dimitir, permitir que un tipo enchufado por el yonky del dinero y el mismo abogado que lo mantiene y reenchufa en la Diputación tras la debacle pepera, formasen parte o trabaasjen en  una Institución pública de la que Jorge Rodríguez era el máximo responsable. Si no lo sabía es una negligencia del in vigilando bastante grave y si lo supo y lo dejó estar, es indiscutible e imperdonable complicidad con la mierda.