España no pagará la defensa de Llarena en Bélgica por sus "actos privados"
El Estado no asumirá "en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen"
"La demanda presentada incluye referencias a expresiones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar", sostiene Justicia
España sí se personará en la causa para defender lo referente a la función jurisdiccional del magistrado
"La demanda presentada incluye referencias a expresiones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar", sostiene Justicia
España sí se personará en la causa para defender lo referente a la función jurisdiccional del magistrado
El Gobierno de España está dispuesto
a defender el sistema judicial y su soberanía en el procedimiento
abierto en Bélgica a raíz de la demanda interpuesta por el expresidente
catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, el Estado no asumirá "en ningún
caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le
atribuyen".
Así lo detalla el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, en la
que advierten de que el Estado español se personara en la causa abierta
en Bélgica "en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los
tribunales españoles". Esto se hará si "la autoridad judicial belga
menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal
abierta en España" contra los exconsellers.
"La demanda presentada en Bruselas incluye también
referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el
juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que
supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado
ajeno a su función", sostiene el Ministerio de Justicia.
La demanda que puso Puigdemont en Bélgica responde unas declaraciones
que hizo Llarena en febrero, en las que afirmaba que Oriol Junqueras y
el resto de miembros del Govern en prisión "no son presos políticos".
"Emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por
tanto prejuzgó", dijo uno de los abogados del expresident.
Así, el Gobierno entiende que no procede costear con dinero público la
defensa en un procedimiento que se abre por una declaraciones privadas
del juez del Tribunal Supremo. Otra cosa es que durante el procedimiento
se cuestiona la jurisdicción española, momento en el que el Ejecutivo
"actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad
jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio
de la jurisdicción".
"En lo que se refiere a la
función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por
parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del
principio acta iure imperii, en virtud del cual
los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la
jurisdicción de los tribunales de un determinado país", añade el
Ministerio de Justicia.
Para poder personarse en la
causa, España tendrá que recurrir a un bufete privado porque la Abogacía
del Estado no puede actuar en un procedimiento fuera de nuestro país.
"Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para
poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya", concluye el Ministerio.
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