Operación Chamartín: cómo hacer negocio privado a costa del suelo público

Hacer negocio privado a costa de lo público ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata
El suelo público debe seguir siendo público y al servicio de las necesidades sociales, y por ese motivo hay que usarlo para dar solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes

Alberto Garzón Espinosa / Sol Sánchez - Coordinador de Izquierda Unida / Coportavoz de Izquierda Unida Madrid

18/07/2018 eldiario.es

EFE

Una de las puertas que se abre tras la moción de censura que ha llevado a Rajoy de Moncloa a Santa Pola es la posibilidad real de que se produzca un vuelco en las políticas opacas, corruptas y al servicio de la oligarquía financiera que el gobierno del Partido Popular ha protagonizado en los últimos años.

Hacer negocio privado a costa de lo público ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata. Por eso, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron siempre los grandes olvidados por la derecha en nuestro país. Y un ejemplo claro es el desarrollo de la Operación Chamartín en la ciudad de Madrid que, si bien nacieron bajo el gobierno del PSOE en 1993, su deriva -siempre buscando el beneficio de los intereses privados- ha ido incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

Pero las circunstancias han cambiado y la llegada al gobierno del Partido Socialista debería suponer un giro radical en las políticas que ha implementado el Partido Popular. Nadie podría entender que siguiera primando la opacidad y el lucro de las élites en vez de las necesidades de la mayoría social.

Por eso Izquierda Unida, en el marco del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, presentó la semana pasada una Proposición No de Ley pidiendo al gobierno actual la cancelación del convenio entre ADIF y DCN y emplazando, asimismo, a formalizar un convenio entre administraciones públicas que ponga solución a las necesidades de los barrios adyacentes a la estación y garantice que el suelo público es empleado con fines puramente sociales.

Desde nuestra organización política hemos defendido abiertamente que hay alternativa a las políticas especulativas de la derecha y esta pasa por mejorar la cohesión territorial, la creación de empleo de calidad, la dotación de espacios verdes y servicios sociales, frenar la especulación y garantizar que la vivienda y el suelo público esté al servicio de la gran mayoría social. Y eso está en las antípodas de los distintos desarrollos planteados en la Operación Chamartín, vinculados a la privatización del suelo público a través del acuerdo firmado entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN), que han sustituido la defensa del interés general por el particular del BBVA, las constructoras y una empresa pública que acumula más de 16.000 millones de deuda por su mala gestión y planificación de infraestructuras ferroviarias centradas en la alta velocidad en lugar de favorecer el desarrollo de un tren público y social de calidad.

Es también destacable la absoluta opacidad que planea sobre el convenio firmado y las consecutivas renovaciones pactadas entre DCN y ADIF a lo largo de los años. Recientemente leíamos, tras la presentación de nuestra PNL, que el convenio finalizaba el próximo diciembre. Sin embargo, tal y como demostró Izquierda Unida, las cuentas anuales auditadas de ADIF reflejaban que este acuerdo finalizaba el 31 de agosto del presente año. ¿Qué condiciones establece dicho convenio? ¿Qué obligaciones reconocía a ambas partes? ¿Bajó qué circunstancias se firmaron las consecuentes renovaciones que permitían incrementar el suelo a disposición de DCN de un acuerdo al siguiente?

No son dudas menores y es increíble que, pese a la multitud de solicitudes de acceso al expediente que contiene dicho convenio presentadas por organizaciones y colectivos como la FRAVM o Ecologistas en Acción, éste nunca ha sido publicado lo que es un evidente ejercicio de opacidad intencionada solamente explicable desde la inclusión de cláusulas y condiciones lesivas en el mismo.

Es hora de apostar por la defensa de principios democráticos y de transparencia en la gestión pública de los recursos de todas y todos. No en vano, la mayoría que ha desalojado al Partido Popular de la Moncloa presume de haber demostrado en sus gobiernos su compromiso con la transparencia en contraposición a lo que ha hecho la derecha. Pero la transparencia no puede limitarse únicamente a la publicación del patrimonio de cada uno de los cargos públicos, de sus agendas, y facilitar el acceso a estas publicaciones. La transparencia también debe garantizar el acceso ágil y universal a los expedientes en los que se decide sobre el patrimonio público.

El gobierno del PSOE debe publicar los convenios firmados entre ADIF y DCN y no renovar el acuerdo. Esta cancelación no exige ninguna compensación ya que no hay derechos reconocidos y está plenamente en su mano realizarlo para abandonar algo perjudicial para los intereses de la ciudad. El suelo público debe seguir siendo público y al servicio de las necesidades sociales, y por ese motivo hay que usarlo para dar solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes. Se trata de una oportunidad de oro para abordar el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid y por ello, la que se vaya a construir debe ser mayoritariamente pública, en régimen de alquiler y a precios asequibles. Y todo lo anterior es perfectamente compatible con la necesaria reforma de la estación ferroviaria de Chamartín.

Para conseguirlo solamente hace falta voluntad política y el trabajo conjunto de unas Administraciones Públicas que se guíen con un único objetivo: el interés común.