Entrevista | Pedro Sánchez
"Una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas"
El nuevo presidente del Gobierno pide "responsabilidad" a "las
derechas" tras la elección de Pablo Casado como nuevo presidente del PP
"PP y Ciudadanos tienen una forma de entender la unidad de España que lo que hace es dividirla", afirma Sánchez
"Estamos ultimando la derogación del recorte de la justicia universal que hizo el anterior Gobierno"
VÍDEO | Puedes ver la entrevista completa al final del texto
"PP y Ciudadanos tienen una forma de entender la unidad de España que lo que hace es dividirla", afirma Sánchez
"Estamos ultimando la derogación del recorte de la justicia universal que hizo el anterior Gobierno"
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El nuevo presidente del Gobierno
recibe a eldiario.es en su despacho de La Moncloa; el mismo que hasta
hace unas semanas utilizaba Mariano Rajoy. Hay más plantas, los cactus
que le gustan a Pedro Sánchez, aunque el principal cambio no se ve.
"Antes la conexión a Internet en el despacho del presidente era muy
mala, lo primero que ordenó cambiar es la wifi", explican desde el
gabinete presidencial. Pedro Sánchez (Madrid, 1972) pertenece a una
generación que no concibe el trabajo sin conexión a la Red. Llegó a la
secretaría general del PSOE cuando a su izquierda y a su derecha –Cayo
Lara y Mariano Rajoy– todos los demás líderes políticos eran mucho más
mayores que él. Una situación que ha cambiado tanto que ahora, apenas
unos años después, él es el único de los principales dirigentes
nacionales que ya había nacido cuando Franco murió.
¿Cuándo y cómo van a sacar a Franco del Valle de los Caídos? ¿Tienen ya los plazos y el método jurídico para hacerlo?
Estamos terminando el método jurídico. Vamos a dar la
orden en breve y se va a aprobar en Consejo de Ministros. La filosofía
es bien clara: una democracia como la española no puede permitirse
monumentos franquistas. Es evidente que se ha tardado mucho tiempo en
exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Entiendo
la urgencia de determinados colectivos y de millones de ciudadanos
progresistas que consideran que hay que cerrar de una vez por todas esta
herida. Pero el Gobierno quiere hacer las cosas bien. Tenemos la
decisión política tomada. Vamos a cumplir con un mandato del Congreso de
los Diputados, aprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios de
la cámara.
¿Qué ocurrirá con los
restos del dictador si la familia se mantiene en su oposición a la
salida de los restos del Valle de los Caídos? ¿Cuándo serán trasladados?
Esa es una de las cuestiones que se verá cuando tomemos la decisión,
pero en todo caso yo espero que los familiares del dictador reconsideren
su posición.
Más allá del traslado de la tumba de Franco, ¿cuáles son los planes del Gobierno para el Valle de los Caídos?
Hay un informe de la comisión que se creó al calor de la ley de Memoria
Histórica. Hemos presentado una modificación de la ley de Memoria
Histórica, precisamente para garantizar recursos públicos en la
exhumación de los familiares que aún se mantienen en las cunetas de
muchísimas partes de nuestro país. Y habrá que hacer una reflexión
conjunta de la Cámara, de los grupos parlamentarios, para saber qué
utilidad le damos, o qué servicio le podemos dar al Valle de los Caídos.
Yo no quiero aventurar nada, tengo mi opinión: que el Valle de los
Caídos difícilmente se puede convertir en un lugar de reencuentro y de
concordia. Pero tendrán que ser los grupos parlamentarios quienes
decidan conjuntamente qué utilidad darle a ese centro.
¿Se plantea retirar el Ducado de Franco que renovó el Gobierno del PP en su último consejo de ministros?
Hay dificultades jurídicas para hacerlo. Pero tanto el ducado como la
Fundación Francisco Franco, como todos aquellos elementos que estamos
viendo durante estos últimos días, como pueda ser, por ejemplo, la
significación de símbolos fascistas o la concentración de determinadas
personas reivindicando la dictadura franquista en espacios públicos, me
parece que tiene que llevarnos a una reflexión. Yo creo que Patrimonio
del Estado no puede permitir que se celebren este tipo de actitudes y de
acciones franquistas, en consecuencia fascistas, en centros públicos.
Respetando la libertad de expresión de todos, que se garantiza en una
democracia como la nuestra, creo que también en eso hay límites y el
Gobierno va a considerar todos estos aspectos.
¿Esos límites permiten actuar como ahora a la Fundación Francisco Franco?
Tenemos que hacer una reflexión sobre si debe ser legal o ilegal una
fundación que lo que hace, el 18 de julio, es llamar al alzamiento de
nuevo, en una democracia consolidada, europea y avanzada como es la
española.
¿Van a retirar las medallas pensionadas al torturador Billy el Niño?
Sí.
¿Cuándo?
Estamos en ese proceso, llevamos solo seis semanas en el Gobierno. Pero
el compromiso del Gobierno de España es ultimarlo y tomar la decisión
cuanto antes.
Hace un par de
semanas estuvo más de dos horas y media en el Palacio de la Moncloa con
Quim Torra. ¿Sigue pensando que el presidente de la Generalitat es una
persona racista?
Como presidente del
Gobierno, me corresponde tener una relación normal, cordial e
institucional con el presidente de la Generalitat. Yo creo que incluso
él, si revisara algunos de esos escritos, ahora pensaría de otra manera.
La responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat y el
presidente del Gobierno de España es, primero, normalizar las relaciones
institucionales. Esa normalización no es la meta, es la salida de un
proceso que va a ser largo y en donde vamos a tener que entablar un
diálogo franco, directo, sin cortapisas, para encontrar una solución
política a la crisis en Catalunya.
¿Cuál es para usted esa solución política?
Nosotros tenemos muy claro que la sociedad catalana votó un Estatuto
que ahora mismo no es el que rige Catalunya, porque fue recortado como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, hay
una falta de legitimidad del Estatuto de Autonomía de Catalunya que
tiene que ser corregida.
Negociar es escuchar, no es
escucharse. Yo salí satisfecho de la reunión con el presidente de la
Generalitat. Activar las comisiones bilaterales que no se reúnen desde
el año 2011 me parece que es una buena iniciativa, un buen comienzo.
¿Vio al presidente Torra dispuesto a escuchar?
Creo que él es consciente de la complejidad que vive ahora mismo
Catalunya. Al igual que yo digo que “escuchar y no escucharse”, el
Gobierno de España ha escuchado esa demanda, que creo que es razonable,
de que la sociedad catalana tiene un estatuto que no votó. Creo que
también el bloque independentista tiene que escuchar, sobre todo a la
otra parte de Catalunya que no está defendiendo las tesis de
autodeterminación e independencia.
¿Usted cree que el PP y Ciudadanos van a ser igual de leales que lo fue usted con el Gobierno de Mariano Rajoy en este tema?
Yo desearía que sí. Es evidente que las proclamas y las falsas demandas
que están haciendo apuntan en otra dirección. Tanto PP como Ciudadanos
tienen una forma de entender la unidad de España que precisamente lo que
hace es dividir a España. Toda esta crisis también ha sido consecuencia
de la acción previa del PP en la oposición, recurriendo el Estatuto de
Catalunya ante el Tribunal Constitucional.
En
relación con Ciudadanos, sigo manteniendo la pregunta que le hice a
Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. ¿Para qué vale votar al
partido de Ciudadanos en Catalunya? ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos
en Catalunya para articular alguna solución a la crisis en Catalunya?
Están en el reproche continuo, ya sea, al Gobierno de España o a aquel
en el Parlamento de Catalunya que no piense como él.
Sus compañeros del PSC en Catalunya consideran que la prisión
preventiva para los presos independentistas es una medida excesiva.
¿Coincide con ellos? ¿Es excesiva?
Como
presidente del Gobierno no debo calificar las sentencias. No se
califican las decisiones judiciales, lo que se hace es acatarlas. Se
acatan cuando el tribunal del lander alemán decide lo que ha decidido
con el señor Puigdemont, se acatan también cuando Llarena decide retirar
la euroorden y no solicitar la extradición de Puigdemont a España, y se
acatan cuando el Tribunal Supremo decide la suspensión de una serie de
diputados que están siendo investigados y juzgados por los hechos que
acontecieron en Catalunya el pasado año.
Usted en su momento dijo que lo bueno era que fuesen juzgados en España.
¡Sin duda!
Pero la decisión del juez Llarena imposibilita que Puigdemont sea juzgado aquí, ¿es un error?
Yo siempre critiqué, cuando estaba en la oposición, que no hubiera
alternativa ni respuesta política a una crisis que era política. Y que
la anterior administración hubiera situado al poder judicial en una
respuesta que nada o que poco tenía que ver con el ámbito judicial. Por
tanto, todas y cada una de las declaraciones que yo haga siempre serán
para defender a la Justicia española.
Hay sentencias
que me gustan más, otras que me gustan menos. Pero el Gobierno ni hace
ni deshace las decisiones del poder judicial. Creo que España es una
democracia asentada, un Estado social y democrático de derecho. Cuando
hablan los independentistas de presos políticos o de exilio, están
malinterpretando y deformando lo que representó un preso político o el
exilio a lo largo de la historia de España, en la época de la dictadura.
Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, y esos mismos
jueces a los que critica el independentismo son los que sentenciaron al
Partido Popular por la corrupción de la Gürtel.
Hay
respeto a las decisiones del poder judicial también; lo que tiene que
hacer el Gobierno de España es gestionar las derivadas políticas de, en
este caso, procesos judiciales.
¿Cree que la Abogacía del Estado debe pedir que se les condene por rebelión?
Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que
basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo
voy a respetar las decisiones que tomen.
¿Le preocupa que Puigdemont se haya hecho con el control del PDeCAT?
Confío en que el PDeCAT, antes que permanecer atrapado en el pasado, se
comprometa con la solución de los problemas que afectan a Cataluña y a
los catalanes, sean o no independentistas. Todos tenemos que aprender de
los errores. Hay la expectativa fundada de un horizonte de diálogo para
comenzar a dar con la salida a la crisis y cada cual debe sumar para
hacerlo posible. Eso es lo que espero de quienes dirigen las fuerzas
políticas que integran el Parlamento de Cataluña.
¿Cómo valora la elección de Pablo Casado? ¿Cree que es el regreso del aznarismo al PP?
El discurso de las derechas, no sólo del PP, ha vuelto a las esencias
más conservadoras. Se ha hecho evidente. Y tras este Congreso, van a
competir por el monopolio de ese espacio. Esas son las posiciones en
contra de determinados derechos civiles, como la eutanasia o el aborto,
anticipadas por el presidente del PP en el Congreso.
La derecha de circuito cerrado, la más ideológica y escorada, comete un
error: cree que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero España
cambió. Y los españoles quieren proyectos conectados con su presente y
que miren hacia el futuro.
Lo que reclamo a las
derechas por tanto, no es solo que salgan de su ensimismamiento
conservador, sino que sean capaces de anteponer los intereses del país a
esta deriva. Que la derechización no les impida moderarse en sus
posiciones territoriales o arrimar el hombro en la defensa de los
objetivos económicos y los desafíos de España en la Unión Europea. Lo
que les pido en definitiva es responsabilidad.
¿Cuánto tiempo se mantendrá a Rosa María Mateo como administradora única de RTVE?
Espero que el plazo que ha marcado el propio Congreso de los Diputados.
Creo que era inaceptable el bloqueo político y empresarial de RTVE. PP y
Ciudadanos habían utilizado el argumento del concurso público como una
suerte de marrullerismo político y parlamentario para dilatar y mantener
un status quo que le venía bien a la derecha.
Nosotros lo que queremos es que la radiotelevisión pública vuelva a ser
la de ciudadanía, que vuelva a representar la pluralidad y la diversidad
de la sociedad española. Y por eso tomamos una decisión. Podíamos haber
tomado la más fácil, que era no hacer nada, y permitir ese bloqueo de
PP y Ciudadanos hasta que esos grupos quisieran. Es decir, sine die.
Tomamos una decisión compleja, difícil. Yo agradezco a todos los grupos
parlamentarios que han apoyado porque entiendo que no resulta fácil.
Pero la regeneración democrática de este país pasa por poner punto y
final a una situación insostenible e insoportable, no solamente para los
trabajadores y trabajadoras, sino también para la propia calidad
democrática de nuestro país. Hay que recordar que los informativos de
RTVE están siendo investigados por el Parlamento Europeo.
¿Va a tener Rosa María Mateo plena autonomía para nombrar a toda a la
cúpula de Televisión Española y en los informativos? ¿Hay algún pacto de
reparto de sillas?
En absoluto. No hay
absolutamente ningún acuerdo en ese sentido. Yo voy a respetar de manera
absolutamente escrupulosa el hacer de Rosa María Mateos si finalmente
cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara. En muchas ocasiones no es
tanto la ley, sino las personas que se ponen al frente, lo que significa
la regeneración de una institución.
Pero la forma en la que se negoció la renovación de la cúpula de RTVE,
hasta este nombramiento, ¿no ha sido el primer gran error del nuevo
Gobierno?
Creo que los nombres que han
salido, todos y cada uno de ellos, eran nombres acreditados,
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tanto de la
radiotelevisión española como del sector privado. El Congreso de los
Diputados lleva sufriendo una falta de acuerdo en relación con la
renovación del Congreso de Administración de RTVE desde hace años. Hay
consejeros de RTVE en representación de partidos políticos que ya no
existen. En junio de 2018 venció el mandato del Consejo de RTVE y es
evidente que hay una intencionalidad clarísima por parte de los
consejeros nombrados por el Partido Popular de permanecer y que la
corporación sufriera un bloqueo político y empresarial.
El Gobierno tenía dos opciones: no hacer nada y permitir ese vacío en
la dirección, ese bloqueo, o tomar cartas en el asunto. Es evidente que
la construcción del consenso ha tenido algunos momentos en los que ha
sido equivocada. Nosotros hoy conocemos nuestro error, una
corresponsabilidad, no solamente del Gobierno o del Parlamento, sino de
ambos.
¿Qué ocurrirá si Rosa María Mateo no pasa la votación del decreto?
Hombre, yo espero que sí.
En caso de que no pase esa votación, ¿intervendrían RTVE?
Lo que no vamos a permitir es un bloqueo empresarial, que es el que más
me preocupa. Eso sería tanto como permitir que una institución tan
importante como pueda ser el Consejo General del Poder Judicial o el
Tribunal Constitucional se quedarán con una presidencia vacante. Hay
otra reflexión que también habría que hacer. Creo que hay leyes que
están hechas para otro tiempo político.
¿A qué se refiere?
Pues que hay leyes que están hechas para el tiempo en el que había dos grandes partidos y luego los partidos nacionalistas.
¿A la hora de buscar el consenso, en las votaciones?
Claro. Tenemos un desacople entre una realidad parlamentaria muy
atomizada, muy fragmentada, y la exigencia de unas mayorías
parlamentarias que son complicadas. Es una reflexión que habría que
hacer en la Cámara en cuanto a los mecanismos de selección y elecciones
de instituciones tan importantes como esta.
¿Va a recuperar la justicia universal para los tribunales españoles, y derogar así la reforma que hizo el PP?
Sí. Estamos ultimando la derogación del recorte de la justicia
universal por parte del anterior Gobierno. Ese recorte de la justicia
universal dejó maniatado al Estado en la lucha contra el narcotráfico,
el crimen organizado y el terrorismo internacional. Además, creó
espacios para la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de
genocidio. Y, en fin, que haya otros países que estén juzgando casos
vinculados con el franquismo y que no sea España, pues me parece que no
es aceptable. O al menos no es aceptable para este Gobierno.
Pero para juzgar los casos del franquismo, haría falta acabar con la
Ley de Amnistía, que es la barrera judicial que impide juzgar algunos
asuntos relacionados con el franquismo.
Esa
es la discrepancia que nosotros tenemos con algunos grupos
parlamentarios. Nosotros consideramos que la modificación de la Ley de
Memoria Histórica que hemos planteado por parte del Grupo Parlamentario
Socialista a principios de año precisamente resuelve algunas de estas
cuestiones.
Usted hablaba de los
acusados de crímenes de lesa humanidad ¿eso significa que España
debería entregar, por ejemplo, al exministro Martín Villa a la justicia
argentina?
Yo no me puedo meter...
Bueno, dé una opinión...
No, insisto. El carril de la justicia va por su lado y el carril de la
política va por otro. Lo que sí que creo es que hay instituciones como
el Tribunal Penal Internacional de La Haya que necesitan del compromiso
de todos los Estados en la reivindicación y la reconstrucción de un
principio básico como es la justicia universal.
La princesa Corinna ha asegurado que el rey Juan Carlos de Borbón tiene
cuentas en Suiza, testaferros en paraísos fiscales y que pidió
comisiones por sus gestiones para el AVE a la Meca. Todos los partidos
que respaldaron su investidura están pidiendo una comisión de
investigación en el Congreso. ¿La va a respaldar el PSOE?
Creo que hemos dado una respuesta que es, en el primer momento, la más
adecuada. El Congreso de los Diputados se autoorganiza con la
constitución y la creación de determinadas comisiones. Una de ellas es
la comisión de secretos oficiales. Es evidente que el origen de esas
declaraciones y de esa filtración parece que está bastante localizado.
Bien, nosotros lo que consideramos es que el director del CNI tiene que
comparecer en esa comisión y que los grupos parlamentarios escuchen lo
que tiene que decir. A partir de ahí, pues lógicamente los grupos
parlamentarios, también el grupo parlamentario socialista, tomarán la
decisión respecto a cómo proceder.
¿Entonces no descarta en el futuro aceptar esa comisión o dar más pasos más adelante de las futuras comparecencias?
Ni la descartamos ni la aceptamos. Cuando escuchemos al director del CNI tomaremos la decisión.
¿Y Hacienda puede investigar estos indicios de fraude fiscal, estos presuntos indicios de fraude fiscal del rey emérito?
Si hubiera elementos para ello, a mí no me cabe duda de que se haría.
Pero hay que ver exactamente cuál es el grado de verosimilitud de este
tipo de acusaciones.
¿Usted qué grado de verosimilitud le da a estas acusaciones?
Yo creo que sobre estas cuestiones es mejor escuchar al director del CNI.
Desde la oposición, usted pidió a Mariano Rajoy que hiciese públicos
los nombres de la amnistía fiscal. ¿Por qué ha cambiado de criterio
ahora que está en su mano?
Porque tengo los
elementos de juicio que antes no tenía. Creo que es importante hacer un
poco de historia. El grupo parlamentario socialista fue quien presentó
el recurso de constitucionalidad a la amnistía ante el Tribunal
Constitucional y la sentencia es bastante clara. Consideró ilegal la
amnistía fiscal e hizo un reproche no solamente jurídico, sino también
político al anterior gobierno. Pero también hay en la sentencia un
posicionamiento claro a nuestro juicio por parte del alto tribunal en
cuanto a la irretroactividad de la publicación de esos nombres, de los
beneficiados por la amnistía fiscal.
Nosotros,
desgraciadamente, no podemos cambiar un pasado ya sentenciado. Pero sí
podemos evitar futuras amnistías fiscales. Eso es lo que vamos a hacer.
También tiene mi palabra de que desconozco quienes son las personas que
fueron beneficiadas de esa amnistía fiscal.
¿De qué sirve una ley que prohíba las futuras amnistías fiscales si esa ley puede ser derogada en el Parlamento?
Si futuros gobiernos quieren hacer amnistías fiscales, tendrán que
asumir el coste político en el Parlamento y ante los ciudadanos. Tendrán
que explicar en el Congreso que esas amnistías fiscales se van a
permitir. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer ni las vamos a
permitir por ley.
Yo puedo cambiar el presente y el
futuro. Más el presente que el futuro, porque efectivamente pueden venir
gobiernos distintos y hacer lo contrario. Pero lo que no puedo hacer es
cambiar el pasado, y eso lo lamento. Yo ahora tengo los elementos de
juicio que no tuve entonces. Hay informes muy sólidos de la abogacía del
Estado que precisamente lo que nos dicen es que es imposible cuestionar
esa retroactividad. Pero en todo caso me parece que el compromiso de
este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal y contra la evasión
fiscal es firme.
¿Va a mantener
la ley de igualdad laboral que presentaron en la oposición, que contenía
por ejemplo que las empresas estuvieran obligadas a informar sobre los
sueldos por sexo, incluso ampliar los planes de igualdad en pymes?
Sin duda. Estamos trabajando con Unidos Podemos tanto en la ley de
brecha salarial como en la ley de igualdad laboral que están en trámite
parlamentario. Nosotros lo que queremos es que lleve el sello de la
igualdad de género. Me da igual que haya sido propuesta por Unidos
Podemos o por el grupo parlamentario socialista, lo que es que es
importante es esa ley vea la luz antes de final de año, en el próximo
periodo de sesiones. Como también la de la eutanasia, es importante que
el Congreso de los Diputados la apruebe en el próximo periodo de
sesiones.
¿Va subir el gasto en Defensa hasta el 2% como insiste Donald Trump?
Es que ese no es el compromiso. Muchas veces los titulares se olvidan
de los detalles, que son importantes. El acuerdo legal es de 2014 y lo
que dice es que tenemos que tender en el año 2024 al 2% del PIB en gasto
de Defensa. Nosotros vamos a tender como socios y aliados de la OTAN a
ese gasto en Defensa pero lógicamente también cuestionamos, y así se lo
dije e hice saber al presidente estadounidense, que el compromiso con la
Alianza Atlántica sea solamente en cuanto a lo que aportas
financieramente en gasto en Defensa.
Creo que el que
España esté comprometida con tropas en Letonia, en los Países bálticos,
en Turquía con los misiles patriots defendiendo una población de más de 2
millones de personas respecto a lo que es la frontera de Siria y que
también vayamos a liderar la formación de las Fuerzas Armadas de Túnez
en la lucha contra el terrorismo demuestra a las claras el compromiso
del Gobierno de España con la seguridad de todos.
¿Pero habrá un incremento del presupuesto en Defensa en los próximos años?
Tiene que haberlo, tiene que haberlo.
¿De dónde saldrá el dinero?
Pues eso es lo que tendremos que proponer desde el Gobierno de España y
también desde el Parlamento. Yo lo que espero es que podamos llegar a
un acuerdo. Uno, porque es evidente que la seguridad también forma parte
del bienestar social. La seguridad frente a la amenaza del terrorismo
internacional, y en particular del terrorismo yihadista. Dos, por el
desafío que está planteando Putin de desestabilización de determinados
países de la Unión Europea. O tres, todo lo que tiene que ver con lo que
llaman ahora los expertos en Defensa, las estrategias de ataque
híbrido, es decir de desestabilización de países utilizando las nuevas
tecnologías y las redes sociales exige por parte de todos los aliados un
mayor compromiso.
También creo que los países
aliados tenemos que ser conscientes de cuál es la posición de la
administración estadounidense respecto a su contribución a la OTAN, a lo
que representa la Unión Europea. Y nosotros tendremos también que
reequilibrar los intereses de los países aliados.
¿Europa debería sancionar a Italia
por incumplir el derecho marítimo internacional y los derechos humanos
al cerrar los puertos a los inmigrantes?
A
mí me parece, en términos generales, que la eurofobia es el principal
desafío al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Desde luego
las coordenadas en las que se mueve e interpreta la realidad migratoria
por parte del Gobierno de España son radicalmente opuestas a las del
Gobierno italiano. Y ahí me quiero quedar.
¿El Gobierno va a acabar con las devoluciones en caliente?
El Gobierno se ha comprometido a ello. Y se ha comprometido a hacer una
gestión ordenada de los flujos migratorios. España ha recibido a lo
largo de este año 18.000 seres humanos que han llegado a sus costas.
Tenemos que dar respuesta a esa realidad y a los flujos migratorios
ordenados. Hemos vuelto a crear una comisión que se había abandonado por
parte de la anterior administración: una comisión interministerial
sobre política migratoria. Hemos vuelto a activar la conferencia
sectorial migratoria entre el Gobierno de España y las Comunidades
Autónomas.
El compromiso del Gobierno de España con
la dura realidad del Mediterráneo, y también la del Estrecho, está fuera
de dudas. Nosotros respetamos los derechos humanos y el derecho al
asilo de buena parte de estos migrantes. Pero esta es una realidad que
tenemos que gestionar con altísimos grados de responsabilidad y
seriedad. Al igual que tenemos que agilizar todos los trámites de los
migrantes que piden el derecho a asilo, también es cierto que hay una
migración irregular que no podemos permitir y que tenemos que controlar.
¿Van a terminar con los privilegios fiscales de la Iglesia? ¿Va a pagar la Iglesia el IBI de sus inmuebles?
Lo que vamos a hacer es ir paso a paso. No podemos hacer todo en este
corto período de tiempo. Saben cuál es la posición del partido
socialista, pero paso a paso.
¿Incluyendo una revisión del Concordato, que es una propuesta del PSOE?
Paso a paso.
¿Van a establecer un protocolo laico para los funerales de Estado?
A mí me gustaría.
Algunas de las últimas víctimas de la violencia machista tenían órdenes
de alejamiento. ¿Está fallando algo que se pueda arreglar desde el
Gobierno?
Desgraciadamente la seguridad
total de una persona no se puede garantizar al cien por cien. Pero sí
que creo que podemos volcar más recursos económicos, concienciar y sobre
todo formar a las Fuerzas y a los Cuerpos de Seguridad, a la Policía, a
la Guardia Civil, a los jueces y a los fiscales. El Gobierno de España
va a hacer todo lo posible para que haya unas calles en España libres de
‘manadas’.
Cuando presentó la
moción de censura, usted anunció que si ganaba convocaría elecciones
“tras recuperar la normalidad institucional y política”. Ahora, ha dicho
que su intención es no hacerlo hasta el final de la legislatura. ¿A qué
responde este cambio de criterio?
Creo que
tenemos menos tiempo del habitual, pero hay muchas cosas que hacer. Y
creo, además, que hay una corriente de opinión pública mayoritaria a que
el Gobierno haga una serie de reformas, de transformaciones, de
reconstrucción de derechos, de libertades, y de lucha contra la
precariedad y la desigualdad, que creo que nos corresponde a nosotros a
hacer.
La moción de censura ha supuesto un cambio de
época en la política española. El cometido de este Gobierno, y también
de los grupos parlamentarios que apoyaron esa moción de censura, es
cultivar y consolidar ese cambio de época en la política española. No
retroceder. En consecuencia lo que tenemos que hacer es llenar de
contenido ese propósito del cambio de época. Llenar de contenido ese
propósito significa regeneración, consolidar el crecimiento económico,
luchar contra la precariedad, reconstruir el Estado del Bienestar y
recuperar buena parte de las libertades perdidas. Son cosas que a lo
mejor para la derecha representan asuntos cosméticos, pero para muchos
colectivos representan temas de calidad democrática y de reivindicación
de derechos y libertades. Y para eso está este Gobierno.
Si no logra sacar adelante las cuentas de 2019, ¿convocará elecciones, como usted le pedía a Mariano Rajoy?
Yo lo que espero es poder sacarlas adelante. Contamos con una senda de
estabilidad más razonable de lo que planteó el anterior Gobierno y, por
tanto, con una mayor capacidad de gasto para las Comunidades Autónomas,
para los Ayuntamientos y para el Gobierno de España. Espero contar con
el apoyo de la Cámara.
El 'establisment' fue despiadado con usted cuando el Comité Federal del PSOE lo destituyó tras negarse a investir a Rajoy.
Sí.
¿Cómo le trata ahora este mismo 'establisment'? ¿Nota mucho el cambio?
Con respeto.
¿Qué es lo que más le comentan los líderes internacionales cuando le preguntan y le conocen como el nuevo presidente de España?
Que España ha vuelto. Esa sensación de que España vuelve a contar en
los procesos de decisión, en la toma de decisiones, en posicionamientos
claros sobre asuntos concretos, ya sea el presupuesto comunitario, ya
sea la crisis migratoria o la posición europea dentro de la Alianza
Atlántica. Al menos yo lo he percibido como tal.
¿Ha vuelto a hablar con Mariano Rajoy desde que está usted en La Moncloa?
No, pero lo haré.
"El sector financiero tiene que contribuir de manera más específica a los ingresos públicos"
Hablemos de impuestos. ¿Puede concretar cómo serán los impuestos a la banca, a las tecnológicas y a las grandes empresas que prepara su Gobierno?Estamos ahora mismo trabajando en los anteproyectos de ley. Desde el punto de vista de la imposición tecnológica yo creo que se va a vincular claramente a los servicios de esas empresas tecnológicas. Digamos que va a ir en la senda de muchos de los impuestos puestos en marcha ahora mismo por algunos países europeos. En esto hay bastante consenso en Europa de que evidentemente estas grandes tecnológicas no están pagando los impuestos que deben. Cuando lo aprobemos vamos a ser uno de los países pioneros en Europa a la hora de aprobar este tipo de tributación.En cuanto a los impuestos a los grandes conglomerados empresariales, es evidente que el impuesto de sociedades, los tipos efectivos de los grandes conglomerados, es inferior al de muchas pequeñas y medianas empresas. Es una cuestión de justicia fiscal y nosotros lo que vamos a hacer es poner un mínimo de un 15% al impuesto de sociedades que paguen los grandes conglomerados. No es que nosotros vayamos contra las grandes corporaciones porque no. Respetamos que creen empleo. Pero creemos que tienen que contribuir con mayor capacidad de esfuerzo que las pequeñas y medianas empresas.En cuanto a la imposición a la banca, hubo varias cumbres como la del G20, al principio de la crisis económica, donde se dijo que el sector financiero tiene que contribuir de una manera mucho más específica a los ingresos públicos. Nosotros vamos a explorar esa vía, estamos trabajando y esperamos que podamos contar con el apoyo de la Cámara.Y finalmente, también hay que abrir un debate sobre la necesidad de articular una tributación que cambie los hábitos y los usos de los ciudadanos. España es un país que está a la cola en la tributación ecológica. Y este gobierno, que está comprometido con la lucha y la adaptación al cambio climático, con la necesidad de impulsar las energías renovables y de respetar nuestro medio ambiente, pues lógicamente vamos a hacer lo que están haciendo otros países europeos que es precisamente la imposición al diésel. No a aquellos trabajadores y sectores que por motivos laborales utilizan este tipo de carburante. Pero sí que creo que el diesel tiene que ser un combustible que cada vez pese menos.El Gobierno dice que el diésel tiene los días contados. ¿Con qué calendario juega?Yo creo que la ministra, cuando dijo lo de los días contados, lo dijo en el sentido de esa necesaria transición ecológica. No es tanto ponerle una fecha como que es evidente que, en esta transición energética y ecológica, el diésel tiene que dejar de ser un carburante a utilizar por los vehículos en la movilidad urbana. Creo que ese fue el planteamiento que hizo la ministra y yo lo comparto.¿Se compromete a que en el 2020 el salario mínimo sea de 1.000 euros como le pidió a Mariano Rajoy cuando era presidente?No solamente me comprometo, sino que además los propios sindicatos y empresarios han firmado este acuerdo que nosotros respaldamos. España crece, pero no redistribuye ese crecimiento. Ahora mismo el reparto de la renta entre los trabajadores y los beneficios empresariales está absolutamente desequilibrado. Creo que hay que recuperar ese equilibrio y para hacerlo es fundamental recuperar el poder de la negociación colectiva. Si la Cámara lo quiere, y desde luego nosotros así lo vamos a impulsar, queremos que la negociación colectiva y los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa. Esto es muy importante porque hay un deterioro y una precariedad en muchísimos convenios que tenemos que corregir.
Entrevista completa a Pedro Sánchez
VÍDEO: David Conde, Alejandro N. Bustamante
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