Vamos a contar mentiras...
Cualquiera no abducido por la finalidad de las maniobras era capaz
de predecir que los ex miembros de la Generalitat que salieron de España
no iban a ser entregados para ser juzgados por rebelión
No porque los países sean malos y odien a España sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un tema que ni le va ni le viene
No porque los países sean malos y odien a España sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un tema que ni le va ni le viene

Ahora que vamos
despacio, ahora que el estío nos adormece y la galbana nos posee, vamos a
contar mentiras. Tralará. Como ejercicio, como entretenimiento, como
transgresión.
Vamos a contar que el atolladero en el que se halla sumido el
magistrado Llarena, y el Tribunal Supremo entero con él, no es fruto de
ninguna disfunción ni de un funcionamiento anómalo, desleal o
inaceptable de ningún sistema. Contemos que es producto directo de la
forma en la que se planteó la persecución judicial de la desobediencia
catalana y que no podía tener otro final que el que ha tenido. Cada
acción tiene su reacción y el forzamiento de las normas penales para
conseguir encajar las conductas de los líderes independentistas en los
tipos más graves -para lograr no sólo una mayor represión sino para
poder llevar a cabo acciones de represalia con claros efectos políticos
como el encarcelamiento preventivo y finalmente su inhabilitación como
parlamentarios electos tras un procesamiento exprés- sólo podía
funcionar en un tribunal que había hecho suyo el alto destino de salvar
la unidad de España más allá de esos políticos inoperantes que no
estaban dando la respuesta adecuada y en un país cuya opinión pública
mayoritaria estuviese dispuesta a comprar de forma acrítica todo ante el
atropello máximo que para ellos era la ruptura de su país. Si esto no
hubiera sido así, si no hubiera sido obvio que solo con esas
circunstancias concretas se podía comulgar con la desmesura jurídica, no
hubiera sido posible prever que cualquier tribunal de cualquier otro
país que no hubiera sido devorado por la fiebre nacionalista española no
iba a tragar con las burdas maniobras para convertir una desobediencia
civil de las instituciones catalanas en una rebelión violenta.
Cualquiera no abducido por la finalidad de las maniobras era capaz de
predecir que los ex miembros de la Generalitat que salieron de España no
iban a ser entregados para ser juzgados por rebelión. Todo el que tenía
esto claro lo vio desde que se descubrió la estrategia jurídica de las
defensas. Lo dijimos. No porque los países sean malos y odien a España
sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un
tema que ni le va ni le viene. Bélgica no entregó y se dijo a gritos que
era un estado fallido protector de terroristas para explicarlo.
Alemania no entrega y ni siquiera fue un país elegido por los muñidores
legales de los expatriados, sino que lo fue por el propio CNI. Escocia
no va a entregar. Suiza tampoco lo hará. Todos antiespañoles, todos
malos, todos conspiradores contra nuestros intereses y humilladores del
Tribunal Supremo. Tal vez simplemente todos con la vista lo
suficientemente limpia y sin ganas de fábulas.
Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Tralará.
Vamos a contar mentiras. Vamos a contar, por ejemplo, que las
ambiciones personales también han contado en esta cuestión. Vamos a
especular con el hecho de que el presidente de la Sala Penal del
Tribunal Supremo, llamado a presidir el juicio, tenga sesenta años y
tenga en su mira acceder al puesto más alto para un juez en España: la
presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ que se debería relevar antes
de las navidades. Pongamos que el mérito de haber sido capaz de tejer
una malla fuerte, implacable y efectiva frente al independentismo fuera
un mérito que premiar. Vamos a inventar que quizá el magnificado Llarena
no haya estado sólo sino respaldado de forma clara por su sala y por su
presidente que, por cierto, es mucho más inteligente y mucho mejor
jurista que él. Vamos a inventarnos que el juego empezaba con una
querella del FGE Maza que forzaba un relato tan ficcional como este para
justificar la violencia y terminaba con un juicio veloz antes de que se
renovara el CGPJ y llegaran las elecciones que el partido entonces en
el gobierno quería ganar con una baza fuerte en la mano. Vamos a añadir
que la investigación prospectiva de la Fiscalía comenzó mucho antes de
los sucesos de octubre y que nadie ha sabido explicar por qué hay
respuestas de Hacienda a la Fiscalía muy anteriores a la apertura de
ninguna diligencia de investigación.
Con el ruido de las nueces, salió el amo del peral. Tralará, tralará.
Vamos a contar mentiras enormes, como que en el núcleo duro de la
Fiscalía del Tribunal Supremo hay personas fuertes, puntales que fueron
muy potentes, a los que se despojó de su poder pero que tienen ahora en
sus manos este asunto. Vamos a inventarnos que, con pocos años ya por
delante y con la convicción de que los conservadores seguirían en el
poder mucho tiempo, volvieron a utilizar las estrategias que tan bien
funcionaron contra el terrorismo. Todo es procès. Fabulemos con que sólo
una salida por elevación de estas personas facilitaría una vuelta a la
lógica jurídica. Una vuelta al hecho cierto de que no existió violencia
o, al menos, no la necesaria para poner en jaque a un estado democrático
y a que los delitos que pudieron cometerse no fueron desde luego el de
rebelión. Saquémonos de la manga, tralará, que todas las instancias
judiciales imbricadas en este asunto han puesto su única mirada en el
artículo 2 de las Constitución Española y se han puesto las anteojeras
para no ver ni de refilón el artículo 24 y que eso nos ha traído a esta
situación puesto que nadie podía pretender, si no están locos, que otros
países europeos hicieran lo mismo.
Chiquillos no tiréis piedras, que no es mío el melonar, que no es mío el melonar.
Podemos seguir contando las mentiras más grandes esta noche, como que
el auténtico problema para desescalar esta construcción jurídica
descabellada son los hechos y no el Derecho. Podemos mentir y anunciar
que es cuestión de tiempo que las cosas vayan a peor y que Europa, no ya
las justicias de diversos países, deje al descubierto que nada de esto
era legal ni justo. Podemos inventarnos que este camino sólo irá a peor y
recomendar una vuelta a la Justicia y a los principios del Derecho que
han sido pisoteados. Mentir diciendo que existen formas perfectamente
legales y profundamente jurídicas de desmontar el andamiaje que la
Brigada Supremo ha creado en torno a esta causa y conseguir refrenar
esta loca carrera que sólo trae un despropósito jurídico más cada vez
que se intenta enmendar el anterior de forma tacticista. Eso mismo
sucedería si finalmente Llarena decidiera adscribirse a un inexistente
principio de oportunidad del ordenamiento español para rechazar la
entrega de Puigdemont en lugar de abrazar y ceñirse al principio de
legalidad que le obliga, como a la Fiscalía, a perseguir el delito y,
por tanto, a aceptar la entrega de Puigdemont para juzgarlo en España
por malversación. Eso les desmonta el chiringuito, pero sucede solo
porque el chiringuito era una construcción imposible.
Ahora que vamos despacio, ahora que el verano nos va a dar un espacio
de sosiego porque como me decía un anterior presidente del TS “el
verano, hija, en España lo cura todo, lo borra todo, lo arregla todo”,
ahora vamos pues a contar mentiras. Tralará, tralará
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