No son presos políticos, pero lo parecen

Presos políticos y democracia son términos incompatibles. Y no creo que pueda existir la más mínima duda de que España es un Estado democrático
Un Estado democrático, sí, pero su actuación en la crisis catalana no es la de una democracia digna de tal nombre. La desviación respecto del estándar democrático es más que notable

Javier Pérez Royo

08/11/2017(eldiario.es)

Junqueras y cuatro consejeros se reencuentran con los cargos detenidos por el 1-O.

En España no es que no haya presos políticos, sino que no puede haberlos. Presos políticos y democracia son términos incompatibles. Y no creo que pueda existir la más mínima duda de que España es un Estado democrático. Así se reconoce de manera generalizada. Más todavía: no ocupa un mal lugar en los rankings de los países democráticos confeccionados por los centros y organismos internacionales más reputados en este terreno.

Ahora bien, el hecho de que un Estado esté democráticamente constituido no quiere decir que todos sus actos tengan que ser aceptados como actos propios de una democracia. Pueden producirse en la actuación del Estado desviaciones respecto de lo que sería la norma de la democracia.

En mi opinión, esto es lo que está ocurriendo con carácter general en la forma en que el Gobierno de la Nación está haciendo frente al problema de la integración de Catalunya en España y lo que está ocurriendo en particular con la forma en que están reaccionando la Fiscalía General del Estado y la Audiencia Nacional.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy está actuando contra el nacionalismo catalán de la misma manera que lo hizo contra el nacionalismo abertzale vasco hasta la disolución de Batasuna. No estamos ante un problema de naturaleza política, sino ante un problema exclusivamente jurídico que tiene que ser resuelto mediante la aplicación de la ley, es decir, mediante la actuación de la Fiscalía y los Tribunales con el concurso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el caso del nacionalismo abertzale la idoneidad de la respuesta era indiscutible, ya que la violencia de ETA convertía la propuesta en un desafío inaceptable. De ahí que, incluso cuando el nacionalismo se expresó de forma jurídica a través de la reforma del Estatuto de Gernika, que es lo que jurídicamente representaba el llamado Plan Ibarretxe, el rechazo de plano del mismo por el Congreso de los Diputados estuviera justificado, en la medida en que la reforma había sido aprobada con los votos de Batasuna y estaba, en consecuencia, contaminada. Mientras ETA estuviera activa, no se podía entrar a discutir siquiera ninguna propuesta que viniera del País Vasco.

El caso del nacionalismo catalán es completamente distinto. Tramitó la Reforma del Estatuto de Autonomía respetando escrupulosamente el Estatuto de Autonomía y la Constitución, aprobándolo por una mayoría del 90 % en el Parlament y pactándolo después con el Congreso de los Diputados, pacto que sería aprobado por las Cortes Generales, sometido a referéndum y ratificado de nuevo por las Cortes con el sello de Ley Orgánica. El nacionalismo pretendió ejercer el derecho a la autonomía dentro de la Constitución.

Fue el PP con su recurso de inconstitucionalidad y la STC 31/2010 los que echaron al nacionalismo catalán de la Constitución. Y desde entonces el nacionalismo catalán ha estado buscando una nueva fórmula para relacionarse con el Estado. Está pidiendo la celebración de un referéndum cuyo resultado no pueda ser anulado por el Tribunal Constitucional para definir la inserción de Catalunya en el Estado. Un referéndum que esté en el punto de partida, porque al referéndum en el punto de llegada que era la fórmula de la Constitución ya se sabe el respeto que le tienen el PP y el Tribunal Constitucional.

Lo viene haciendo de manera pacífica, habiendo solicitado a través del Parlament la negociación tanto con el Gobierno, Resolució 17/X aprobada por el Parlament el 13 de marzo de 2013 “sobre la iniciación de un diálogo con el Gobierno del Estado para ver si es posible la celebración de una consulta sobre el futuro de Catalunya”, como con el Congreso de los Diputados, Resolució de 16 de enero de 2014, solicitando al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia para la organización de la consulta, solicitudes sobre las que ni el Gobierno ni el Congreso aceptaron siquiera entrar a discutirlas.

Completamente pacífica ha sido también la movilización ciudadana para reivindicar una nueva forma de relación de Catalunya con el Estado. No ha habido ni un solo acto de violencia en el sentido penal del término, esto es, como violencia “sobre las personas” que pueda imputársele al nacionalismo. No se puede decir lo mismo de los actos del Estado respecto de la movilización nacionalista.

En este contexto de negación de la naturaleza política del problema y de su consideración desde una perspectiva exclusivamente jurídica, inicialmente constitucional y posteriormente penal, es en el que hay que encuadrar la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Audiencia Nacional respecto de las conductas de los presidentes de la ANC y de Òmnium el 21 de septiembre y respecto de las conductas de los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament tras el 1-O.

No hay nada en estas conductas que permita encajarlas dentro de los tipos penales de la rebelión o la sedición y no hay ni un solo precepto en nuestro ordenamiento que permita atribuir el conocimiento de dichas conductas a la Audiencia Nacional. Esto es lo que resulta injustificable en las querellas del Fiscal General del Estado.

Si a eso añadimos el atajo jurídicamente injustificado a través del cual la Jueza Lamela argumentó su competencia para entender de la conducta de los miembros del Govern, su escaso respeto por no decir desconocimiento palmario de su derecho a la defensa y la adopción de las medidas cautelares más extremas sin la justificación jurídica exigible, la conclusión que se impone no deja en muy buen lugar al Estado democrático español.

El Estado español es un Estado democrático, pero su actuación en estos casos no son las de una democracia digna de tal nombre. La desviación respecto del estándar democrático es más que notable.

La secuencia de un Presidente del Gobierno que aplica el artículo 155 CE, suspendiendo al Govern y privando del fuero jurisdiccional a los miembros del mismo, seguida inmediatamente de la presentación de una querella por el Fiscal General del Estado por un delito imposible, ante un órgano judicial que carece de competencia como es la Audiencia Nacional y cuya Jueza de Instrucción asume la instrucción de manera injustificada y decidiendo la medida cautelar más extrema casi sin fundamentación, no es la secuencia de la administración de justicia, sino de algo muy distinto.

Ni los presidentes de la ANC y OMNIUM ni los miembros del Govern deberían estar en prisión. Ello no los convierte en presos políticos. Los que fueron presos políticos bajo el régimen de Franco lo han subrayado con mucha razón. Pero no permite calificar como democrática la actuación del Estado.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Hoy discrepo del artículo del Profesor Pérez Royo, aunque me parece perfectamente legítima su opinión. Y seguro que  conoce mucho mejor que yo los motivos que justifican sus razones.Desde su punto de vista en España no puede haber presos políticos porque es un estado democrático por definición. Es decir, que España ha ido a la universidad de la democracia y se ha sacado el título de licenciada en democracia. Teóricamente es verdad que el título existe. Según eso todos los que obtienen un título oficial, tras acudir durante años a una aulas están aptos para ejercer la profesión para la que han estudiado. Ojalá fuera así de sencillo.

Sin embargo y desafortunadamente, el título obtenido muchas veces no está a la altura de la disposición real del titulado. Hay gente que ha ido aprobando por los pelos, que ha aprobado casi todos sus exámenes a base de chuletas y copieteo o enchufes indecentes. Que no ha asistido a las aulas nada más que para examinarse y se ha perdido la pedagogía de los ejercicios en vivo y directo, las explicaciones de la cátedra sobre detalles fundamentales que no están en los libros porque son parte del trabajo investigador de los profesores, las horas extras de los seminarios, etc...Es imposible que en tales circunstancias la formación merezca la titulación final, pero como se está matriculados, se tiene el derecho a examinarse y se puede aprobar aunque sea con hilvanes si se sigue mínimamente el programa, se estudia por cuenta propia y las pruebas se pasan bajo mínimos mientras no se digan disparates y no se deje en blanco ninguna pregunta básica. El resultado final es, en efecto, una licenciatura, pero de una calidad ínfima si la comparamos con una licenciatura hecha a conciencia,sin necesidad de copiar ni de falsificar nada, porque el alumno/a está verdaderamente implicado e interesado en lo que hace y no estudia para acumular títulos y orlas, que le den curriculum, sino por verdadera vocación  e interés. 

Sigamos el hilo del símil y pensemos en un médico o en un maestro, que han ido aprobando así, un poco por el morro. A la hora de ejercer sus profesiones jamás serán de fiar, más que nada porque les faltan recursos personales y propios para diagnosticar y para educar, porque sin asistencia ni práctica constante es imposible aprender por ciencia infusa. El trabajo diario en común y equipo, la escucha, el convivir con la ciencia en amplitud abre canales cognitivos e intelectivos que no se dan en la soledad de chapar en plan loro para aprobar por los pelos. No han aprendido y en sus trabajos serán siempre más un riesgo que una garantía. Sin duda meterán más la pata que acertarán por casualidad como el burro flautista de la fábula de Samaniego.

Eso mismo vale para las democracias y sus estados. Las hay de verdad y las hay de trámite forzoso, que han aprobado porque tocaba internacionalmente que aprobasen de una vez y dejasen de ser una rémora para una Europa que se define comunitaria y que no puede permitirse una dictadura repetidora borderline en pleno siglo XX y junto a Francia, por ejemplo. Yo, modestamente, le llamo democracia a un estado como Portugal, cuyo pueblo salió a la calle en pleno y echó al dictador sin pegar ni un tiro, fue capaz de organizar su democracia  la liquidación residual de su imperio colonialista sin  peleas ni destrozos, sin encarcelar a nadie por pensar distinto y decirlo, sin una ultraderecha mafiosa que ocupando todo el espectro político, invadiendo competencias jurídicas e institucionales disfrazada de lo que no es, se propone la utilización de los valores democráticos para darles la vuelta y utilizarlos contra la ciudadanía y a favor de sus asuntos y negocios de partido y personales, colocando en la mira de su rifle telescópico a toda iniciativa política que pueda derrotarla en las urnas de las que se ha apropiado en todos los sentidos, amparada en el sistema D'Hontd e impidiendo con ello la igualdad en el valor de los votos.

Ese tipo de democracia está más cerca de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, del reino de Marruecos y Mohammed VI o de la Turquía de Erdogán e incluso de la mentalidad china y coreana del Norte, que de una democracia europea como Francia, Alemania, Finlandia, Islandia, Italia, Austria, Suiza o Irlanda y no digamos Portugal, el ejemplo de al lado. 

Ser una democracia sobre el papel y las normas que puede alterar cualquier gobierno al que se le crucen los cables no es ninguna garantía que nos ofrezca seguridad alguna, si esa democracia no exige a los partidos que optan a las urnas unas garantías éticas previas y sine qua non, como: aceptar un código de moral política que impida acceder y seguir en las instituciones a los partidos que tengan un altísimo índice de corrupción, y que esos partidos sean reprobados por un Tribunal Supremo digno de tal nombre y no constituido por miembros y amiguetes de los partidos mafiosos que alcancen el poder como es, por desgracia, el caso español. 

Creo, y sigo en la modestia de mi ignorancia, que lo nuestro es una chapuza democrática formateada por el miedo de unas élites herederas del franquismo y adaptadas a él, a perder el chollo de sus vidas, y no porque lo diga yo, sino que lo digo porque la realidad nos lo está demostrando con una crudeza descarnada y porque quizás ya sea hora de que empecemos a llamar por su nombre a cosas, casos y situaciones a las que venimos amparando con eufemismos ,maquillajes y embellecimientos inmerecidos y perjudiciales para que en realidad tengamos esa democracia que todos invocan y nadie ve ni palpa, sino que se padece sin remedio, sobre todo por la mayoría "silenciosa" que no tiene recursos ni posibilidades de hacerse oír si no es en la calle con los policías y los fascistas apalizando al lado o en los medios, que no dejan meter baza a nadie más que a los estrellos y gerifaltes del régimen sistémico. 

Cuando el 15M aseguró que "le llaman democracia y no lo es" no estaba calumniando ni mintiendo, decía una verdad experimentada como un templo. Una verdad que desde 2011 hasta aquí sólo ha cambiado a peor, a mucho peor. Sólo hay echar un vistazo a las listas de abusados por contratos basura, recortes imparables, despidos cada vez más procedentes y "legales", desahucios crecientes que arrebatan el techo a los que ya con 400€  al mes, e incluso menos, tienen que elegir entre pagar la hipoteca o comer o la carencia de becas en los comedores escolares de la escuela pública mientras se subvenciona la privada.

Tal vez la diferencia de percepción se deba a la distancia y al grado de damnificaciones que se sufren o se desconocen. Quizás los periodistas  y opinadores ocupen con sus catalejos lugares altos como atalayas, y ya se sabe que desde las cimas todo el monte es orégano, no se distinguen las demás hierbas ni la flora de la fauna, ni la democracia de la falacia. En la distancia todo adquiere una  tonalidad uniforme y serena, que permite elucubrar y embellecer con ideas estupendas lo que debería ser, pero esas definiciones perfectas, desgraciadamente, no coinciden casi nunca con lo que es la realidad a toca teja y pisasuelos.

Que la situación de los presos políticos en el franquismo -( y de todos los presos en general, que eran maltratados sólo por estar en prisión, y tantas veces inocentes, de hecho se respetaba más en las cárceles a los presos políticos que a los comunes, fui voluntaria del prisiones en Valencia y una corta temporada en El Dueso)- fuese horrible, injusta y cruel hasta decir basta, no puede ocultar la realidad de que hoy, aquí, en esta democracia sí, también hay presos políticos. Presos por tener y expresar ideas políticas opuestas a esa democracia tan cracia y tan poco démos. Tan histriónica como intolerante y prepotente. Tan falsa como auto-endiosada. Nada tiene que ver el delito con defender el independentismo, que por cierto, también es un derecho de opción, aunque la Constitución y las leyes ad hoc no lo contemplen así, pero eso es una carencia de la Carta Magna no un delito para quien lo piensa, lo cree y lo reivindica sin hacer daño  ni ejercer violencia.  La desobediencia civil, como el hacer huelga sin violencia y respetando los mínimos imprescindibles, es un derecho en las democracias, nunca un delito.

No se puede meter en la cárcel a nadie por manifestar pacíficamente ideas políticas como el nacionalismo, ni por hacer el remedo de un referendum testimonial y no válido para la legalidad que los propios catalanes admitieron en su día y que no pueden desactivar unilateralmente, porque el acuerdo fue bilateral y el Parlament es plural,  y en primer lugar no todo el pueblo catalán es 'indepen', ni siquiera la mayoría, aunque a estas alturas de los abusos, mucho me temo que hayan empezado a serlo. 

Está claro que al pp se le ha ido la  pinza y de las manos un asunto delicado que en principio podría haber sido hasta una bonita fiesta popular sin más dramas. Usar la política como látigo y la Justicia como vendetta, hace que sea el estado el que más se acerca al hecho delictivo que quienes desobedecen con respeto a los demás desde su conciencia. unas normas que al ser usadas contra las personas por ideas y opiniones pierden el sentido y la razón de ser y ya desbordan el margen de la Justicia. O sea, la legitimidad democrática y la licitud moral, para quedarse en mera "legalidad" manipulable al gusto del expendedor de cargos, litigios y ofensas pírricas, defensor mucho más de las normas ortopédicas -que sólo el poder ha decidido sin consultar a la ciudadanía-, que es la altura moral e institucional del actual gobierno central. Un fiasco. Y tal vez lo único auténtico y verdadero que este gobierno ha podido hacer aparte de esquilmar al estado o sea, al pueblo contribuyente.

Lo siento, Profesor, pero esta vez la realidad de la experiencia, a mi entender, no se corresponde con las bonitas teorías acerca de lo que debería ser una democracia reducida a eufemismo teórico, que choca a ojos vistas con lo que está pasando de hora en hora, ya ni siquiera de día en día. Y todo, todo, mérito incontestable del pp, del psoe y de c's. Menudo trío de ases.