Me autocito. Esta frase es de un artículo publicado
en esta misma sección hace tres meses. "Tenemos en primer lugar a la
ineludible Manos Limpias, oscura dónde las haya, y que ha lavado con el
detergente de la Infanta ante la opinión pública el hecho cierto de que
sus querellas son dirigidas con una certeza ideológica innegable (...)
Cierto es que todas han sido archivadas o no admitidas y que incluso les
han condenado en costas por hacer 'uso malicioso' de la Justicia. Ahí
siguen. Sin que sepamos quiénes son, qué buscan y, sobre todo, quién les
paga". Resulta que ahora vamos a ir sabiéndolo al fin.
Al parecer, ha hecho falta que la avaricia que acompaña muchas veces al
delincuente les llevara a picar tan alto como no podían ni soñar. Si
realmente han intentado extorsionar a la familia del Rey es que su
sentimiento de impunidad no tenía fin. Los abogados de la Infanta han
reaccionado como lo que son y han puesto el hecho en conocimiento de la
Justicia. Una querella de la Fiscalía de la AN ha propiciado que ahora
un juez levante el velo sobre una oscuridad que no presagiaba nada bueno
como todos sabíamos.
Volverán ahora los que clamen contra la acusación
popular y pretendan limitarla o suprimirla. Me he autocitado por eso,
para reafirmarme en lo que ya pedía en aquel artículo: que nadie
aproveche el mal uso de las instituciones del Derecho para intentar
limitar lo que no gusta al poder. Lo que yo pedía, y pido, es "que se
lleve a cabo una regulación completa por ley que evite la inseguridad
jurídica y el uso claramente abusivo que a veces se hace de esta figura.
Es perfectamente posible dado que si bien se configura como un derecho
constitucional, lo es de configuración legal, es decir, puede ser
regulado por el legislador ordinario".
Hoy voy un
poco más allá. Esa ley debe regular la obligatoriedad de la
transparencia para las asociaciones que pretendan ejercer la acusación
popular. En el caso de las acusaciones particulares sabemos muy bien qué
intereses defienden y quién está detrás. No podemos permitir que el
principio acusatorio sea esgrimido por grupos de los que no conocemos
nada. Si usted va a acusar "en nombre del pueblo" lo mínimo es que el
pueblo sepa quién es usted.
Transparencia.
Asociaciones auditadas y que hagan públicas sus cuentas como requisito
ineludible. No basta sólo con el que se les añadió de tener que prestar
fianza. Ya hemos visto que conseguir dinero, a veces de forma ilícita,
no es tan difícil.
La transparencia nos deja al
descubierto las miserias e impide al delincuente ocultarse. Lo hemos
visto también estos días con las revelaciones de los Papeles de Panamá.
Voy algo más allá de la indignación que produce que figuras relevantes
no contribuyan como los demás a sostener este país. Esas figuras que
luego además pretenden representarlo. Avanzo un poco. Esa lista recoge
el nombre de 2000 personas. Los periodistas han seleccionado los nombres
relevantes pero en esa relación están también extorsionadores,
traficantes de personas, corruptos, narcotraficantes, terroristas,
sicarios y todo tipo de escoria social que utiliza tales herramientas
para cobijar el botín de sus delitos. Esos de los que muchas veces ni
conocemos la filiación. Sin sitios en los que refugiar las ganancias,
delinquir es mucho menos sugerente. Los altos organismos internacionales
nos han dicho muchas veces que vencer a esos delincuentes pasa por
abolir los paraísos fiscales. Han hecho mucho paripé con ello. Ahora los
Papeles de Panamá los dejan desnudos. Ahora sabemos que si no se
esfuerzan en hacerlo es porque también ellos se benefician.
La transparencia deja al aire las vergüenzas de los sinvergüenzas pero
nos viste de razones y nos protege a los ciudadanos honrados. Por eso
debemos de pelear por ella con denuedo. Es nuestro único salvavidas.
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