Una acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
EFE
En julio el Parlament de Catalunya aprobó por
unanimidad la ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional
y la pobreza energética, impulsada por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio
DESC. Los ayuntamientos elegidos dos meses antes han sido hasta ahora
los principales responsables de aplicar esta ley. Hablamos con alcaldes y
alcaldesas de todos los colores políticos que gobiernan ayuntamientos
de Catalunya con la excepción de CiU –el alcalde de Reus, el principal
municipio gobernado por los convergents, no ha
encontrado ninguna ocasión a lo largo de esta semana para expresar su
opinión a petición de Catalunya Plural–, y todos valoran positivamente
las herramientas que les da la ley, que puede ser impugnada por el gobierno de Rajoy en el Consejo de Ministros de este viernes, el último antes de la fecha límite para el recurso ante el Constitucional.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona
Ada Colau durante una entrevista con Catalunya Plural
Robert Bonet
La lucha contra los desahucios es una de las principales
banderas con las que Ada Colau (Barcelona en Comú) llegó al Ayuntamiento
de Barcelona. "La ley llega tarde, porque hace años que es necesaria
esta ley o una similar, pero más vale tarde que nunca, asegura la
alcaldesa. Su impugnación, considera "sería sacarnos una de nuestras
herramientas más importantes en esta materia". Colau recuerda que los
servicios técnicos del ayuntamiento han estado meses preparando su
aplicación y fue hace dos semanas cuando pudieron anunciar las primeras multas a grandes propietarios que desahucian sin ofrecer una alternativa de vivienda como exige la ley.
"Partimos de una anomalía en el contexto europeo, porque las
administraciones no han hecho un parque de alquiler social, y para
intervenir aquí necesitamos más instrumentos y leyes, que es lo
contrario de lo que hace el PP, que repite la receta que nos ha traído
hasta aquí, dejarlo todo en manos privadas produciendo grandes
desequilibrios", apunta la alcaldesa. "Lo que quiere el PP es
desautorizar la presión ciudadana que ha hechos posible esta ley y que
nos ha permitido en muchas ocasiones llegar a acuerdos con las entidades
antes de tener que aplicar la ley", afirma Colau.
Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
Núria Parlon en una imagen de archivo
Santa Coloma es uno de los bastiones infranqueables del
PSC en el área metropolitana de Barcelona, y ahí el plenario municipal
ha aprobado esta semana una moción impulsada por la PAH en apoyo a la
ley contra los desahucios. La alcaldesa Núria Parlon, asegura que la
falta de respuesta de los bancos que acumulan pisos vacíos le traen
muchos problemas, y valora la ley como una herramienta que les permite
actuar. Sin embargo, también destaca que "los bancos han encontrado
fórmulas para no cumplir la ley, ya que a parte de ayuntamientos grandes
como Barcelona, la interlocución la tienen con la Generalitat", y eso,
critica, ralentiza el tiempo en el que Santa Coloma puede disponer de
pisos vacíos para usos sociales.
"Lo que hace falta
es garantizar una situación de corresponsabilidad", reclama Parlon, y
para eso ve fundamental la aplicación de la ley impulsada por la PAH. El
ayuntamiento, dice, lleva tiempo trabajando en un plan de detección de
pisos vacíos a los que puede reclamar la cesión y en medidas contra la
pobreza energética, "gran parte de ellas pasan por pagar los recibos, y
la complicidad de las compañías es muy baja", añade. "Estamos en contra
de que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucionales
algunos artículos de esta ley, sobre todo en lo que se refiere a
responsabilizar a los bancos, que es a lo que nos enfrentamos", apunta
la alcaldesa.
Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona
Dolors Sabater durante una entrevista con Catalunya Plural
Enric Català
Badalona es el tercer municipio de Catalunya y el
principal municipio en el que gobierna la CUP, junto a Podemos, Procés
Constituent y Comunistes de Catalunya en la coalición Guanyem Badalona
en Comú. La alcaldesa Dolors Sabater asegura que "tanto en pobreza
energética como en emergencia habitacional, la ley ha demostrado desde
su aprobación que es un instrumento útil". "A los municipios, que
estamos en primera línea para atender a las familias en situación de
exclusión residencial, nos ha ayudado por ejemplo a negociar alquileres
sociales con los bancos, porque no es lo mismo cuando es voluntario que
cuando están obligados por ley", remarca. "Esta ley está trayendo una
brizna de esperanza, no es la solución ni la varita mágica, pero sí una
herramienta que da respuesta a esfuerzos titánicos de los ayuntamientos
que no tenían resultados como ahora", considera Sabater.
Sobre la posible impugnación de la ley, la alcaldesa de Badalona
considera que "sería un ataque muy grande por un lado a los derechos
sociales de las personas, porque es un instrumento que está sirviendo
para defender el derecho a la vivienda y los abusos que sufrimos en esta
crisis, y por otro porque es un ataque claro a la soberanía del
Parlament de Catalunya". "¿Cómo puede ser que el Gobierno del Estado
impugne una ley del Parlament que está siendo buena, útil y además
responde a la negativa de una ILP con una recogida masiva de firmas por
una ley por el derecho a la vivienda en el Estado?", se pregunta Sabater
antes de reafirmar que como administración local no pueden estar más
que en contra de una impugnación.
Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell
Sabadell es el municipio más importante en manos de un alcalde de ERC.
El alcalde Juli Fernàndez, que dirige un gobierno de fuerzas de
izquierda alternativa, asegura que "la ley 24/2015 hace que una cosa que
las entidades financieras querían hacer pasar por responsabilidad
social corporativa es ahora una responsabilidad legal". Fernàndez
asegura que los municipios necesitan el despliegue de la ley para poder
aplicar todas sus medidas, y en el caso de los municipios del Vallès
Occidental han encargado a la Universitat Autònoma de Barcelona un
estudio para contar con todos los recursos legales necesario. En
relación al agua, el alcalde remarca que la empresa suministradora de
agua, de mayoría privada pero participada por el ayuntamiento, está
aplicando en todos los casos el principio de precaución que establece la
ley: no se puede efectuar un corte de suministro sin un informe previo
de servicios sociales. "En el caso de las empresas privadas es más
complicado, porque están esperando la impugnación", asegura.
Fernàndez asegura que una impugnación sería "un paso más del Gobierno
contra los ciudadanos que más están sufriendo en nuestras ciudades y
pueblos". "Impugnada o no, seguiremos trabajando en la misma línea para
defender los derechos básicos, pero con la impugnación tendríamos una
herramienta menos", apunta el alcalde, que añade que "el lamentable
cálculo cortoplacista de algunos puede hacer que en este contexto de
campaña electoral no acaben recurriendo una ley que de otra manera
recurrirían".
Lluís Caldentey, alcalde de Pontons
Después de las pasadas municipales, el PP sólo conserva una alcaldía en
Catalunya, la Pontons, un municipio de menos de 500 habitantes en el
Alt Penedès. El alcalde Lluís Caldentey valora positivamente la ley y
asegura que les ha sido útil. Si bien su municipio no tiene las cifras
de las grandes ciudades, apunta que "problemas hay en todas partes, y el
ayuntamiento ha tenido que pagar algún alquiler y algún recibo de la
luz". Caldentey remarca, sin embargo, la necesidad de buscar otros
modelos. "En Pontons desde 2004 esperamos la instalación de un parque
eólico que el gobierno de Montilla dejó parado y hubiera acabado con
todo el paro de la localidad", lamenta.
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