El
20 de diciembre de 2015 eligió un Congreso de los Diputados sin mayoría
absoluta, por lo que ninguna fuerza política puede afirmar
legítimamente que "ha ganado", dado que para todas ellas hay una mayoría
de votos y diputados que no la han apoyado.
Sin embargo, sería posible formar una mayoría progresista para elegir
un presidente de Gobierno que encarne el deseo mayoritario expresado en
las urnas, con independencia de que dicha mayoría se exprese o no en un
acuerdo de gobierno o de legislatura. Dicha mayoría podría formarse con
los 90 escaños del PSOE, los 42 de Podemos, los 2 de UP, los 27 de las
candidaturas de confluencia, los 9 de ERC y acaso los 2 de Bildu,
totalizando 170 o 172 escaños que superarían a los 163 que suman PP y
C's.
Dicha mayoría podría configurarse apoyando una serie de medidas
básicas como la eliminación de los recortes sociales y la derogación de
la Ley Mordaza, la LOMCE, la reforma de la Administración Local, del
Código Penal, del Tribunal Constitucional, la restricción de derecho al
aborto y la Reforma Laboral aprobados en la última legislatura, así como
la aprobación de un plan de emergencia social para garantizar derechos
sociales básicos y el reconocimiento del derecho a decidir de las
comunidades que lo reclamen.
Dicho acuerdo daría libertad para defender posturas distintas sobre
el resto de temas, como la Reforma Laboral y el aumento de la edad de
jubilación aprobados en la legislatura anterior, así como para defender
democráticamente la unidad del Estado Español, eventualmente de forma
federal, o por el contrario la independencia de alguna de sus partes, e
igualmente para defender la Monarquía o por el contrario propugnar la
República. Pero permitiría generar un marco democrático en el que los
distintos temas pudieran debatirse y resolverse por vías democráticas.
Sabemos que los poderes económicos, tanto dentro como fuera de
España, presionarán para que tal acuerdo no se realice, y por el
contrario se produzcan abstenciones que posibiliten la continuidad de un
gobierno en minoría que prosiga la política de "austeridad" de los de
abajo y recortes sociales siguiendo las recomendaciones de la llamada
Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo
Monetario Internacional).
Frente a ello, hay que exigir el ejercicio de la soberanía
democrática que plasme el deseo de cambio expresado mayoritariamente en
las urnas por la ciudadanía del Estado Español.
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