domingo, 13 de enero de 2019

La vivienda socialmente digna: el reto más urgente y grave de la izquierda Y la prueba del algodón para el gobierno actual ¿verdaderamente SOE, sí? Pues, hále, a demostrarlo en serio...


El problema de la vivienda y el viejo topo que piensa en las musarañas

A la agenda reaccionaria que la derecha trata de imponer debe oponer la izquierda la defensa de las libertades y una apuesta ambiciosa por la igualdad
Protesta de la PAH contra un desahucio.
Protesta de la PAH contra un desahucio.
Después de describir en La situación de la clase obrera en Inglaterra el panorama de explotación y miseria sobre el que se desarrollaba la revolución industrial, Friedrich Engels publicó a finales del siglo XIX una Contribución al problema de la vivienda en la que relata cómo en Londres, Manchester y Liverpool, pero también en Berlín y Viena, "los obreros van siendo desplazados del centro a la periferia; las viviendas obreras y, en general, las viviendas pequeñas, son cada vez más escasas y más caras, llegando en muchos casos a ser imposible hallar una casa de ese tipo, pues en tales condiciones, la industria de la construcción encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de especulación infinitamente más favorable, y solamente por excepción construye casas para obreros".
Lo que ocurría en aquel capitalismo inicial sigue ocurriendo, con menor brutalidad en su escandalosa miseria pero con efectos sociales análogos en términos de desigualdad e injusticia, en el capitalismo globalizado de nuestro tiempo. La penuria del acceso a la vivienda castiga a los sectores más desfavorecidos, a las clases medias precarizadas por la crisis económica y, sobre todo, a los jóvenes, que en las grandes ciudades tienen dificultades crecientes para emanciparse y encarrilar su autonomía personal.
Mientras la derecha española exhibía para su pacto en Andalucía estos días prioridades que amenaza con proyectar a todos los territorios como la eliminación de impuestos a los ricos, se publicaban noticias que constatan los problemas efectivos de miles de ciudadanos sin recursos habitacionales. En Valencia, por ejemplo, los precios del alquiler han subido un 10% en 2018 y un 45% desde 2014. En Madrid, la burbuja del alquiler hace que el 48% de los jóvenes de entre 18 y 35 años esté atrapado en las casas de sus padres. En Barcelona, el Ayuntamiento intenta obligar a los promotores a destinar un 30% de las nuevas viviendas a uso social.
Andreu Missé, en el editorial de la revista Alternativas Económicas que reprodujo este diario, pone el acento sobre tres aspectos de lo que califica como una "catástrofe social": el raquítico gasto público dedicado en España al acceso a la vivienda, el minúsculo peso de la vivienda de alquiler social y una legislación que no respeta los derechos de los usuarios y es contraria a la normativa europea.
En ese contexto, el Gobierno socialista presenta unos Presupuestos Generales del Estado de incierto destino en los que destaca el aumento de las partidas dedicadas a la política de vivienda. Pactadas en gran medida con Unidos Podemos, formación que mantiene una importante discrepancia con el Gabinete de Pedro Sánchez porque reclama fijar un precio máximo al alquiler para frenar la burbuja, las medidas suponen apenas un indicio de que la izquierda despierta de un ensimismamiento que la hizo estar pensando en las musarañas hasta que explotó el drama de los desahucios.
No es el único asunto del que el "viejo topo" tiene que volver a ocuparse. Como dejó explicado Tony Judt, que no era precisamente un extremista, “se trata de optar entre la política de la cohesión social, basada en unos propósitos colectivos, o la erosión de la sociedad mediante la política del miedo”.
El desmontaje de las políticas de vivienda durante la hegemonía de la derecha ha hecho que los gobiernos de izquierdas en las ciudades y las comunidades autónomas se hayan topado con hechos como la venta a fondos buitre de pisos públicos en Madrid que ha llevado a la condena de Ana Botella y su equipo por el Tribunal de Cuentas o la necesidad de la Generalitat Valenciana de reparar un escaso parque público heredado en condiciones inhabitables mientras 16.000 personas esperan una vivienda social.
A la agenda reaccionaria que la derecha trata de imponer para contener la respuesta popular a los estragos causados por los recortes y la brutalidad del ajuste social del periodo de crisis, la izquierda debe oponer una programa mucho más ambicioso en aspectos cruciales como el del derecho a una vivienda digna. Cuando conservadores y "liberales" pactan con la extrema derecha para alcanzar el poder, queda claro que la lucha por las libertades no tendrá futuro si no se da la batalla de la igualdad.

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