Médicos andaluces, contra el envío de datos sanitarios de inmigrantes a la Policía: "El miedo que ya tienen se multiplicaría por 100"
Varios médicos andaluces han mostrado su rechazo hacia la propuesta
de Vox incluida en el pacto con el PP: "Se va a dejar fuera a gente que
lo necesita, a quienes tienen menos recursos"
Vox quiere que la Junta de Andalucía comparta datos sanitarios con la Policía para delatar a inmigrantes
Será una medida inefectiva para aumentar las deportaciones, pero efectivo para crear una barrera más a la asistencia sanitaria
Vox quiere que la Junta de Andalucía comparta datos sanitarios con la Policía para delatar a inmigrantes
Será una medida inefectiva para aumentar las deportaciones, pero efectivo para crear una barrera más a la asistencia sanitaria
Cuando se enteró de las intenciones
de Vox y su acuerdo con el PP, Blanca Valls, que trabaja en un
consultorio rural de Beas, Granada, pensó “que se trataba de una broma”.
Después, dice, vino la rabia. “No cabe en la cabeza de nadie”, apuntala
esta médica de familia sevillana ante la promesa de ambos partidos de
compartir datos sanitarios con la Policía para facilitar las expulsiones
de inmigrantes en situación irregular en Andalucía.
Se le viene a la cabeza el rostro de una joven del este de Europa a la
que atendió en urgencias y trató de derivar a su centro de salud tras
detectarle una patología crónica, a lo que ella respondió que no tenía
médico de familia. O un chico de Senegal que "no existe en ningún papel"
y que, debido a barreras administrativas como el idioma, deja de acudir
al centro y tiene que "salir a buscarlo".
También recuerda a esos pacientes a los que ha metido en
su consulta tras encontrárselos en la calle o en la puerta del centro
de salud para sortear semanas de trabas burocrática. Y a quienes,
mientras trabajaba en La Mojonera (Almería), no podía más que recetar
Ventolin para sus hijos, aunque sabía que su problema real era que no
tenían agua ni luz.
Varios médicos andaluces han
mostrado su rechazo hacia la propuesta de Vox. "Se va a dejar fuera a
gente que lo necesita, a quienes tienen menos recursos", considera
Valls. Sienten indignación, cautela, y un poco de miedo pero, enfatizan,
están dispuestos a desobedecer para garantizar el derecho a la salud,
si hubiese algo en su mano.
Irene Fernández también
es médica de familia en Granada. "Ninguno de nosotros podemos estar a
favor, porque al acabar la carrera firmamos unos principios
deontológicos que se contradicen con esa medida", indica sobre la
propuesta de Vox en Andalucía introducida en el acuerdo del PP. La
doctora desconoce si alguno de sus pacientes se encuentra en situación
irregular. Tampoco le importa, dice, a no ser que ellos lo quieran
contar como desahogo. Por eso, en caso de que el Partido Popular
impulsase la propuesta de Vox, teme que un día, de repente, alguno de
sus muchos pacientes deje de ir por miedo a ser expulsado.
"Si se pone en marcha la propuesta de Vox de ceder los datos
sanitarios, quizá deje de ver a algunos de los pacientes. Y si te
preocupas por ellos, quizá podamos intuir qué ha pasado
con ellos", indica Fernández. Nada dependería de ella, pero siente
"indignación" solo de pensar "que eso pudiera llegar a o ocurrir".
Valls incide en esta idea. “Nosotros, los médicos, solo vemos a los que
llegan a la consulta, pero sabemos que algunos se quedan en el paso de
antes, el administrativo. En mi consulta, persona que venga, persona a
la voy a atender, el problema es que lleguen”.
Aquí
reside su principal temor, el mismo que vienen denunciando las
organizaciones sociales: que la población inmigrante en situación
irregular se lo piense dos veces antes de ir a su consulta. “Se va a
dejar fuera a gente que lo necesita, quienes tienen menos recursos. Por
el hecho de ser pobres y hablar otro idioma ya tienen una barrera
muchísimo más grande que nadie. Aunque en Andalucía no se haya aplicado
el Real Decreto, hay gente que ha dejado de venir por trabas
administrativas. Si a todas las barreras se le suma esta, aunque no se
lleve a acabo, el miedo de la gente de multiplica por 100%”, esgrime.
Javier Padilla, médico de familia sevillano, que trabaja actualmente en
Madrid, también ve en el efecto disuasorio una de las consecuencias de
propuestas como la de Vox. "Si Vox y el PP quieren que la sanidad sirva
como detector de inmigrantes, irán a la administración. Será una medida
inefectiva para aumentar las deportaciones, pero efectivo para crear una
barrera a la asistencia sanitaria de las personas sin papeles",
sostiene el también fundador del colectivo Silesia.
"Desde el Real Decreto de 2012, se habla de barreras informales y
formales a la sanidad. Una de las barreras informales más fuertes es que
el miedo de su contacto con las instituciones públicas le suponga una
orden de devolución o de expulsión", continúa Padilla.
Como han denunciado ya varias organizaciones sociales, "el daño podría
estar hecho" aunque la medida no llegase a aplicarse. "En cuanto se
corra la voz dentro del colectivo se notarán las consecuencias.
Probablemente el mero anuncio ya construye la barrera. Son colectivos
para los que es muy fácil crearlas y es mucho mas difícil
desmontarlas", cuestiona el doctor sevillano, quien tiene claro que, en
el caso de que la Junta exigiese la colaboración de los facultativos
para delatar a los inmigrantes en situación irregular esta "nunca se
produciría".
Del mismo modo, ante la posibilidad de
que los profesionales se vean obligados a facilitar este tipo de datos,
Valls es tajante: "No es mi trabajo: yo no soy Policía ni jueza: mi
labor es atender a la gente dentro y fuera de la consulta, yo tengo que
dedicarme a esto”.
En la misma línea se posicionó el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía
en declaraciones para eldiario.es. "Nosotros, como médicos, lo que
tenemos que hacer es atender a nuestros enfermos sin importarnos si son
españoles o no, si son de una raza o de otra, si tienen unas ideas
políticas u otras. Si las autoridades sanitarias quieren hacer
distinción, eso a los médicos no nos incumbe ni tenemos que hacerlo",
afirmó esta semana Emilio de la Torre.
"Tengo un
poco de miedo", reconoce de pronto Fernández. ¿De qué? "De todo esto. Si
tuviese que desobedecer para proteger a mis pacientes de una medida
como esta, lo haría. Pero tampoco sé muy bien cuál es la base legal...",
duda la doctora. Sabe que otros médicos se vieron empujados a hacerlo
para defender el derecho a la sanidad universal, pero su comunidad
autónoma se negó a aplicar la normativa.
Andalucía
fue una de las primeras comunidades autónomas en rebelarse contra la
reforma del Gobierno del PP de 2012, que excluía de la sanidad universal
a los inmigrantes en situación irregular excepto embarazadas, menores y
casos de urgencias. Aquel año, una instrucción del Servicio Andaluz de
Salud reconocía el derecho a la asistencia a personas extranjeras en
situación irregular y sin recursos en los centros públicos.
Padilla ve en la desobediencia de los médicos una de las posibles
respuestas a este tipo de medidas, bajo el ejemplo del colectivo Yo Sí
Sanidad Universal. "Si esto sucediera, la respuesta la han mostrado muy
clara el colectivo Yo sí Sanidad Universal, por el que se aúnan
migrantes indocumentadas, con personal sanitario para identificar los
huecos del sistema para poder entrar en ellos", recuerda el médico
sevillano.
"No es el mismo caso, pero se podrían
buscar también las grietas del sistema para que no pudiese
identificarse su situación administrativa al atenderles", apunta
Padilla.
Por su parte, sobre la posibilidad de que
desde las instituciones sanitarias compartan esta información, la
Organización Médica Colegial de España se ha limitado a remitir al
Código de Deontología Médica. En los apartados relativos al secreto
profesional, el código hace hincapié en que los profesionales deben
emplear “todos los medios disponibles a su alcance para preservar la
confidencialidad de la información clínica, incluyendo el uso de la base
de datos”.
Asimismo, establece que los médicos
directivos deben velar “por una separación clara” entre la documentación
clínica y la administrativa, “garantizando el nivel de acceso
correspondiente en cada caso”. “El médico no debe colaborar en ninguna
base de datos sanitarios si no está garantizada la preservación de la
confidencialidad de la información depositada en la misma”, recalca el
texto.
Por su parte, Rafael Carrasco, presidente del
Sindicato Médico Andaluz, defiende que esta medida “entra de lleno en el
terreno de la política” y recalca que desde su organización seguirán
defendiendo la sanidad pública con el nuevo Gobierno. “Es un bien que
hay que cuidar. Debemos ser muy celosos para tener un bien tan preciado
como es la sanidad de calidad. Defendemos que cualquier ciudadano tenga
acceso a ella y una atención con garantías”, responde. “Para nosotros lo
que hay son pacientes”, sostiene Carrasco.
“Es un
derecho, pero hablamos, además, de la gente más sana y que menos
consultas y medicamentos consume”, recuerda Valls. En 2017, 47.445
personas en situación irregular y sin recursos fueron atendidas en el
sistema andaluz de salud, lo que supone el 0,56% del número total de
usuarios aquel año, que superó los ocho millones. “A mí me da mucho
miedo el rechazo en la sociedad, que alguien esté en la consulta
esperando y que se encuentren con estas actitudes y no pase nada”,
concluye la médica, con los rostros de varios de sus pacientes clavados
en la cabeza.
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